Casación sin argumentos: la Corte Suprema inadmite y pide investigar al defensor
El recurrente, un defensor público, no desarrolló ninguna de las causales del artículo 181 de la Ley 906 ni acreditó interés para recurrir.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una demanda de casación presentada por el defensor de un procesado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba para que sea investigado disciplinariamente. La decisión consta en el auto AP5793-2026, de fecha 26 de agosto de 2026, difundido por la Corte en su comunicado del 10 de noviembre de 2026.
El caso de fondo
El proceso se originó en una operación contra el microtráfico adelantada en Montería, capital de Córdoba. Un juzgado local condenó al procesado a 64 meses de prisión, y el Tribunal Superior de Montería confirmó la sentencia al resolver la apelación. Contra esas decisiones, la defensa presentó recurso extraordinario de casación.
Lo que encontró la Sala: una demanda vacía
Al conocer el recurso, la Sala evidenció deficiencias que calificó de serias. La demanda "se limita a señalar que se vulneró el debido proceso, se desconoció la presunción de inocencia, hubo errores en la valoración de la prueba y se aplicó indebidamente la ley sustancial, sin desarrollo alguno de esas afirmaciones".
Sin argumentos que sustentaran la petición, la Sala explicó la imposibilidad práctica de conocer el recurso: no podía saber cuáles fueron los fundamentos del Tribunal para confirmar la condena que se oponían a lo alegado, ni cuáles fueron las razones que motivaron la demanda, porque eso "no puede ser inferido, supuesto o imaginado de manera oficiosa por la Corte". En consecuencia, el defensor no cumplió con la carga de acreditar el interés para recurrir en ejercicio del recurso extraordinario.
Dos omisiones estructurales
La decisión identifica dos fallas que por sí solas justificaban la inadmisión. La primera: el recurrente no hizo referencia alguna a la finalidad del recurso más allá de transcribir el artículo 180 de la Ley 906 de 2004. La segunda: la demanda no señaló ninguna de las causales del artículo 181 del mismo estatuto. "No desarrolló siquiera un mínimo de fundamentación, por lo que la única consecuencia posible es la inadmisión", dijo la Sala.
Y fijó la regla de fondo: la Corte no puede suplir las omisiones estructurales, formales, lógicas o argumentativas de los recursos, menos aún tratándose de un recurso excepcional y rogado que exige no solo fundamentación, sino un desarrollo acorde con las causales y las formas de argumentación que cada una demanda. El propio auto admite como límite la superación oficiosa en los supuestos que la ley prevé y advierte que procede el mecanismo de insistencia conforme al artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, sin que conste una insistencia ya tramitada.
Por qué hubo compulsa de copias
Quien presentó el recurso fue un defensor público. La Sala consideró que incurrió en un incumplimiento injustificado de los deberes profesionales, porque la defensa pública debe estar regida por principios y máximas que obligan a que sea eficiente, integral, competente, suficiente, responsable, idónea y oportuna. Por eso ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, que decidirá si abre la investigación correspondiente contra el profesional. El auto precisa, eso sí, que una debida diligencia de la defensa no implica el deber de interponer y sustentar el recurso de casación, sino una asistencia responsable que evalúe las posibilidades concretas de incoar el medio extraordinario conforme a las causales legales y las informe con claridad al defendido, sea el defensor público o contractual.
Un problema que la Corte viene marcando
El auto no es un episodio aislado. La Sala de Casación Penal ha insistido en los últimos años en distinguir el recurso bien construido de la demanda que solo repite fórmulas. La casación es extraordinaria y rogada: como regla general no opera de oficio ni revisa todo el expediente, salvo la superación oficiosa en los supuestos legales, y solo prospera cuando el recurrente demuestra, con argumentos, que el fallo incurrió en uno de los supuestos tasados de la ley.
Que esta vez la respuesta incluya la compulsa de copias agrega una consecuencia potencial a la deficiencia recursiva: además de la inadmisión, la apertura de un proceso disciplinario contra el profesional que firmó la demanda.
Las lecciones de técnica recursiva
El auto es una síntesis aplicada de lo que la casación exige. Enunciar no es argumentar, y la diferencia es precisamente la que separa la admisión de la inadmisión: cada causal invocada debe desarrollarse con la confrontación entre lo decidido por el tribunal y lo que la defensa cuestiona, mostrando el error y su trascendencia. La transcripción de artículos no sustituye la argumentación. Y el interés para recurrir debe acreditarse, no presumirse.
Para los defensores, públicos y privados, la decisión es una advertencia institucional: la deficiencia recursiva grave puede terminar no solo en inadmisión, sino en un expediente disciplinario.
La enseñanza práctica es concreta: antes de presentar la demanda, conviene verificar tres cosas, que el escrito identifique la causal y la desarrolle, que confronte los fundamentos del tribunal con los cargos, y que explique con precisión qué finalidad de la casación persigue. Si alguna de las tres falta, el recurso queda expuesto a la inadmisión, aunque la ley permite al ponente superar de oficio ciertos defectos de la demanda y el recurrente puede insistir conforme al artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, mecanismo cuya procedencia advierte expresamente este auto. La deficiencia puede además costarle al firmante una investigación disciplinaria.
El efecto sobre el procesado
Hay una víctima silenciosa en estas demandas: el propio defendido. Una casación mal construida consume el recurso extraordinario disponible contra una condena confirmada y lo desperdicia sin que el fondo sea siquiera estudiado. La condena de 64 meses quedó sin revisión de fondo por la Corte, que no examinó los cuestionamientos que la defensa anunció pero no argumentó. La calidad de la representación, en definitiva, también es un derecho del procesado.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió la Sala de Casación Penal en el auto AP5793-2026?
Inadmitió la demanda de casación por falta de fundamentación y compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba para investigar al defensor público recurrente.
¿Qué omisiones cometió la demanda?
No desarrolló las afirmaciones que enunciaba, no acreditó el interés para recurrir, no explicó la finalidad del recurso más allá de transcribir el artículo 180 y no señaló ninguna causal del artículo 181 de la Ley 906 de 2004.
¿Puede la Corte suplir las omisiones de un recurso?
Como regla general, no: la Sala reiteró que no puede suplir omisiones estructurales, formales, lógicas o argumentativas, en especial en un recurso excepcional y rogado como la casación. El auto prevé como límite la superación oficiosa en los supuestos legales, y el recurrente puede insistir conforme al artículo 184 del Código de Procedimiento Penal.
¿Qué antecedente procesal tenía el caso?
Una condena de 64 meses de prisión por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dictada por un juzgado local de Montería y confirmada por el Tribunal Superior al resolver la apelación.
¿Qué estándar fijó para la defensa pública?
Que su gestión debe ser eficiente, integral, competente, suficiente, responsable, idónea y oportuna, y que incumplirla injustificadamente puede tener consecuencias disciplinarias.
Fuentes y límites
Corte Suprema de Justicia, 10 de noviembre de 2026, consultada el 17 de noviembre de 2026. Noticia informativa basada en el comunicado oficial; no constituye asesoría legal.


