Consejo de Estado ordena resolver apelación sobre rompimiento de solidaridad por deudas de servicios públicos
La Superintendencia de Servicios Públicos demoró 23 días hábiles en resolver, superando el plazo legal de 15, sin informar razones ni término para decidir.

El Consejo de Estado amparó el derecho al debido proceso de Inversiones Alzate Gómez & Cía. S.A.S. y ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolver, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, el recurso de apelación sobre el rompimiento de la solidaridad entre los propietarios de un inmueble y su arrendataria por deudas de servicios públicos, según reportó Prensa Jurídica el 13 de noviembre de 2026.
El conflicto de fondo
El caso nació de la decisión de EPM que negó el rompimiento de la solidaridad por las deudas de servicios públicos de un inmueble arrendado a Tecni Lavar S.A.S.: la sociedad propietaria, Inversiones Alzate Gómez & Cía. S.A.S., pedía desligarse de las deudas generadas por la arrendataria del inmueble.
Contra la negativa de EPM, la sociedad propietaria presentó recurso de apelación, cuya resolución correspondió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según el reporte del fallo.
El debido proceso también es plazo
El debido proceso administrativo no se agota en el derecho a presentar recursos: el fallo lo trata también como el derecho a obtener una decisión dentro del plazo legal y a ser informado de las razones de cualquier desviación. La Sala reprochó a la Superintendencia dos cosas a la vez: la demora objetiva por encima del plazo y el silencio sobre esa demora. La consecuencia práctica es que el recurrente en una situación similar cuenta con un fallo reciente del Consejo de Estado reportado por Prensa Jurídica para exigir celeridad a la autoridad de vigilancia.
La demora que violó el debido proceso
La Sala estableció que la Superintendencia suspendió el trámite mientras verificaba la posible configuración del silencio administrativo positivo, actuación que concluyó el 1 de septiembre de 2026. Desde esa fecha desapareció la causa de la suspensión y transcurrieron 23 días hábiles sin una decisión de fondo, superando el plazo legal de 15 días para resolver la apelación, según el reporte.
A la demora se sumó un agravante de forma: la entidad no informó al recurrente las razones del retardo ni el término dentro del cual resolvería. Para la Sala, esa omisión quebró el deber de motivación temporal que acompaña al derecho al debido proceso administrativo.
La orden de las 48 horas
La respuesta del Consejo de Estado fue una medida concreta y de ejecución inmediata: decidir la apelación dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo. El plazo breve refleja la lógica de la acción de tutela contra autoridades administrativas: cuando la vulneración es la inacción, el remedio es poner término cierto a la espera.
El sector de servicios públicos bajo la lupa
En este caso, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios era la autoridad llamada a decidir la apelación contra la negativa de la empresa prestadora. Su disciplina de plazos es decisiva para que el sistema de recursos funcione: un fallo que ordena decidir en 48 horas es también una señal sobre el costo institucional de la demora.
Por qué importa el fallo
El fallo ordena resolver un recurso concreto, pero su lectura interesa a cualquier propietario con un rompimiento de solidaridad en trámite: mientras la apelación duerme en la autoridad de vigilancia, el propietario sigue expuesto al cobro de deudas que generó el usuario del servicio. La decisión refuerza dos mensajes: los plazos de los recursos administrativos son obligatorios para la autoridad, y el silencio de la administración sobre sus propias demoras agrava la vulneración.
Qué significa para las empresas prestadoras
Aunque la orden recayó sobre la Superintendencia, el caso ilumina la primera instancia: la negativa de EPM abrió el recurso de apelación que terminó en la autoridad de vigilancia. Cada decisión de una prestadora sobre este trámite puede seguir ese camino, de modo que la oportunidad y la claridad de la respuesta inicial pesan sobre todo el trámite posterior.
El rol del silencio administrativo
El caso muestra además cómo el silencio administrativo positivo interactúa con los recursos: la Superintendencia suspendió el trámite mientras verificaba su posible configuración, actuación que concluyó el 1.º de septiembre de 2026, y desde esa fecha el plazo volvió a correr hasta acumular 23 días hábiles sin decisión. La lección para los apoderados es documentar con precisión las fechas de cada actuación, porque la tutela se ganó con un conteo de días hábiles.
El valor de la fecha cierta
El expediente se decidió con un dato contable: la suspensión concluyó el 1 de septiembre de 2026 y desde entonces corrieron 23 días hábiles. Esa precisión solo es posible cuando el recurrente conserva radicados, notificaciones y constancias de cada actuación. En la práctica de servicios públicos, la disciplina documental del usuario es muchas veces la diferencia entre una queja y una tutela ganada.
Qué deben revisar los propietarios
Para los propietarios de inmuebles arrendados, el caso subraya el valor de conservar los contratos y las comunicaciones con la empresa prestadora y de exigir por escrito la decisión de los recursos dentro de los términos legales. Cuando la administración no decide ni informa las razones de la demora, la tutela es una vía real y rápida, como lo demuestra el plazo de 48 horas fijado por la Sala.
Preguntas frecuentes
¿Qué ordenó el Consejo de Estado?
Que la Superintendencia de Servicios Públicos decida la apelación sobre rompimiento de solidaridad dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
¿Qué derecho se vulneró?
El derecho al debido proceso de la propietaria del inmueble, por la demora de 23 días hábiles sin resolver y sin informar razones ni término para decidir.
¿Qué es el rompimiento de solidaridad?
En este caso, el trámite por el que la sociedad propietaria del inmueble pidió a EPM desligarse de las deudas de servicios públicos generadas por la arrendataria. Esta ficha no desarrolla la regulación general de la figura; describe el caso reportado.
¿Cuál es el plazo legal para resolver la apelación?
Quince días, según el reporte del fallo; en este caso transcurrieron 23 días hábiles sin decisión de fondo, lo que el Consejo de Estado consideró violatorio del debido proceso.
¿Quiénes fueron las partes del caso?
Inversiones Alzate Gómez & Cía. S.A.S. como accionante, EPM como empresa que negó el rompimiento y Tecni Lavar S.A.S. como arrendataria del inmueble.
Fuentes y límites
Consejo de Estado ordena resolver apelación sobre rompimiento de solidaridad, Prensa Jurídica, 13 de noviembre de 2026, consultado el 16 de noviembre de 2026. Esta ficha describe el caso según ese reporte periodístico, sin haber contrastado el texto completo del fallo; el comentario sobre su alcance práctico es apreciación editorial, no doctrina verificada. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente. Consultada el 16 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


