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Conciliación

Qué es la conciliación en Colombia según el art. 3 de la Ley 2220 de 2022: definición, fines, operadores autorizados y efectos del acuerdo.
En Colombia, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos por el cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador, que propone fórmulas de arreglo y da fe de la decisión de acuerdo. Así lo define el artículo 3 de la Ley 2220 de 2022, que expidió el Estatuto de Conciliación y creó el Sistema Nacional de Conciliación. El acuerdo logrado es obligatorio y definitivo para las partes que concilian. Esta ficha explica la definición, los fines, los principios y los operadores autorizados según el texto oficial.
Ideas clave
El artículo 3 de la Ley 2220 de 2022 define la conciliación y fija sus fines: facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones para el diálogo y la convivencia pacífica, y servir como instrumento para la construcción de paz y de tejido social; en materia contencioso administrativa tiene además la finalidad de salvaguardar el patrimonio público y el interés general. El artículo 4 enumera sus principios, entre ellos la autocomposición, la independencia del conciliador, la seguridad jurídica y la neutralidad e imparcialidad. Los artículos 10 a 15 identifican a los operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente según la materia.
¿Qué es exactamente la conciliación?
La definición legal tiene cuatro componentes. Primero, es un mecanismo de resolución de conflictos: no un trámite previo sin contenido, sino una vía real de terminación del diferendo. Segundo, son las partes quienes gestionan por sí mismas la solución, lo que la distingue del fallo judicial. Tercero, cuentan con la ayuda de un tercero neutral y calificado, el conciliador, que no decide por ellas pero sí propone fórmulas de arreglo. Cuarto, el conciliador da fe de la decisión de acuerdo, y esa decisión es obligatoria y definitiva para quienes concilian: el acuerdo no es una simple declaración de intenciones.
¿Para qué sirve según la ley?
El artículo 3 asigna a la conciliación, en sus diversas modalidades, fines que van más allá del caso individual: facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica, y servir como instrumento para la construcción de paz y de tejido social. Cuando la conciliación se tramita en materia contencioso administrativa, añade una finalidad propia: la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés general, lo que explica las reglas especiales que rodean los acuerdos con entidades del Estado.
¿Qué principios la rigen?
El artículo 4 lista los principios rectores. La autocomposición es el primero: las propias partes resuelven su conflicto en ejercicio de la autonomía de la voluntad, asistidas por un tercero neutral e imparcial que promueve el diálogo y puede proponer fórmulas de solución que las partes aceptan o no libremente; los interesados pueden definir el centro de conciliación y elegir el conciliador. El texto oficial también consagra la independencia del conciliador —autonomía funcional como administrador de justicia en términos del artículo 116 constitucional—, la seguridad jurídica —el acuerdo crea derechos con efectos de cosa juzgada— y la neutralidad e imparcialidad en la conducción de la audiencia.
¿Quiénes pueden conciliar?
Los artículos 10 a 15 organizan a los operadores. El artículo 10 señala como operadores de la conciliación extrajudicial en derecho a los conciliadores inscritos en los centros de conciliación autorizados —de entidades con o sin ánimo de lucro, notarías, entidades públicas o consultorios jurídicos de instituciones de educación superior—. Las reglas siguientes especializan por materia: en asuntos civiles pueden conciliar, además, los delegados de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia civil y los notarios, y a falta de ellos los personeros y los jueces civiles o promiscuos municipales competentes (art. 11); en familia se suman los defensores y comisarios de familia en los términos de la Ley 2126 de 2021 (art. 12); en materia laboral, los jueces laborales, inspectores de trabajo, delegados de la Defensoría y agentes del Ministerio Público laboral (art. 13); y en protección del consumidor financiero, el defensor del consumidor financiero de la entidad vigilada (art. 14). El artículo 15 define el centro de conciliación como la línea de acción autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para prestar el soporte operativo del servicio.
¿Cómo se tramita y cuánto cuesta?
El artículo 5 distingue la conciliación judicial, que se realiza dentro de un proceso judicial, de la extrajudicial, que se adelanta antes o por fuera de él. El artículo 6 permite tramitarla en forma presencial, digital, electrónica o mixta: las partes manifiestan en la solicitud, o una vez citadas, la forma en que actuarán y certifican que cuentan con la idoneidad y los medios tecnológicos necesarios, con la posibilidad de acceder a través de las alcaldías, las personerías municipales y demás entidades públicas habilitadas que faciliten el acceso en sus sedes. Sobre el fondo, el artículo 7 fija la regla de conciliabilidad: son conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, con el principio general de que pueden conciliarse las materias susceptibles de transacción, de desistimiento y los derechos de los que su titular tenga capacidad de disposición.
En costos, el artículo 8 declara gratuita la prestación del servicio cuando se adelanta ante conciliadores en equidad, servidores públicos facultados para conciliar, centros de conciliación de entidades públicas y consultorios jurídicos universitarios. El artículo 9 extiende esa gratuidad en la conciliación en equidad a la asesoría, patrocinio o gestión de quien acompañe o represente a las partes, salvo los costos ocasionados en el trámite, que corren por cuenta de las partes a título de expensas. En los centros privados y notarías, el artículo 22 habilita al Gobierno Nacional a regular tarifas e incluso a fijar límites máximos si lo considera conveniente.
¿Quién controla a conciliadores y centros?
El Ministerio de Justicia y del Derecho es el eje del control. Los artículos 16 y 17 definen a la entidad promotora —entidad pública, persona jurídica sin ánimo de lucro, institución de educación superior con consultorio jurídico o notaría— y exigen autorización previa del Ministerio para crear un centro de conciliación; el artículo 36 le asigna además funciones de control, inspección y vigilancia sobre los centros y los programas locales de justicia en equidad. Sobre las personas, el artículo 28 exige que el conciliador sea colombiano, ciudadano en ejercicio y en pleno goce de sus derechos civiles, sin causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento del Código General del Proceso o del CPACA según el caso, ni conflicto de interés frente al asunto. El artículo 34 añade una inhabilidad especial: quien concilió no puede actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes en proceso judicial o arbitral alguno durante un año contado desde la expiración del término previsto para la conciliación.
Preguntas frecuentes
¿El acuerdo de conciliación obliga como una sentencia? Según el artículo 3, la decisión de acuerdo es obligatoria y definitiva para las partes que concilian, y el principio de seguridad jurídica del artículo 4 la describe como creadora de derechos con efectos de cosa juzgada.
¿Cualquier persona puede ser conciliadora? No. La ley exige un tercero neutral y calificado, y los artículos 10 a 15 reservan la conciliación extrajudicial a operadores autorizados según la materia; los estudiantes de consultorios jurídicos solo actúan bajo las reglas del artículo 23.
Lecturas relacionadas
Otras entradas de esta edición: Tutela, Casación, Índice del diccionario. Son conceptos distintos; consulta su alcance propio.
Texto oficial
Ley 2220 de 2022, Gestor Normativo de Función Pública, artículos transcritos literalmente con espacios normalizados:
Artículo 3 (primer inciso). "La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian."
Artículo 1. "La presente ley tiene por objeto expedir el Estatuto de Conciliación y crear el Sistema Nacional de Conciliación."
Fuentes y límites
Fuente leída: Ley 2220 de 2022, Gestor Normativo de Función Pública, artículos 1 a 4 y 10 a 15 revisados el 12 de noviembre de 2026 contra esa publicación oficial, que advierte su carácter informativo y la actualización permanente de sus contenidos. Las reglas procesales de la conciliación como requisito de procedibilidad en cada jurisdicción tienen su propio régimen y deben verificarse por materia. Información, no asesoramiento jurídico.