Ley 2452 de 2025: las reglas prácticas del nuevo Código Procesal del Trabajo
Libertad procesal, dirección del proceso, lealtad, inmediación y fallo extra y ultra petita: lo que dicen las primeras normas del código.
La Ley 2452 de 2025 -publicada en el Diario Oficial Nº 53.077 del 2 de abril de 2025- expidió el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la norma cuyo régimen de vigencia y transición determina qué procesos laborales y de seguridad social se tramitan bajo sus reglas. Para el abogado laboralista y para el trabajador o empleador que se acerca a un proceso, las primeras normas del código -sus disposiciones generales- son el mapa de entrada: allí está el tono del nuevo trámite.
Esta guía recorre esas reglas iniciales con foco práctico: qué dicen, qué cambian y qué conviene ajustar en la estrategia de litigio.
El ámbito del código
El artículo primero fija el campo de aplicación: los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social se tramitarán conforme al nuevo código y sus principios. La referencia a los principios no es decorativa: el código se presenta como un sistema, de modo que la interpretación de cualquier trámite concreto debe hacerse a la luz de sus reglas generales.
Libertad procesal con dirección judicial
El artículo 2 proclama la libertad procesal: las normas procesales laborales son de orden público y de estricto cumplimiento, pero los actos del proceso para los cuales la ley o el código no prescriban una forma determinada los realizará el juez, o dispondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad. La regla da flexibilidad al operador para adaptar las actuaciones no formalizadas a su propósito.
El artículo 3 completa el diseño: el juez asume la dirección del proceso y adopta las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y la celeridad del trámite, atendiendo los enfoques diferenciales. La norma añade una señal de estilo del nuevo código: el juez, en sus decisiones, aplicará fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, con el fin de concertar medidas de reparación y reconstrucción positiva de las relaciones. También garantiza el principio de razonabilidad y las medidas de igualdad por compensación previstas en el código.
Lealtad procesal
El artículo 4 exige a las partes comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, y faculta al juez para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio. La norma tiene además una regla contra el fraude procesal: se admite la intervención de terceros interesados cuando de los medios de prueba se llegue al convencimiento de que cualquiera de las partes, o ambas, se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.
Para la práctica, la lección es directa: las tácticas dilatorias tienen en el nuevo código una respuesta expresa, y la simulación puede abrir la puerta a la intervención de terceros afectados.
Inmediación y medios digitales
El artículo 5 consagra la inmediación: el juez practicará personalmente todas las pruebas, pudiendo valerse de los medios digitales o físicos disponibles o de cualquier otra forma de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción. Cuando no fuere posible practicar pruebas o adelantar determinados actos directamente, se podrá comisionar a un juez con competencia en asuntos laborales.
El código abraza además la virtualidad de manera transversal: la competencia, advierte uno de sus parágrafos, se ejerce sin perjuicio de la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para todas las actuaciones, audiencias y diligencias, y el cumplimiento de funciones podrá adelantarse en sedes virtuales o a través de las modalidades de trabajo en casa. El uso de tecnología no elimina las garantías de inmediación y contradicción que el propio código exige.
El fallo extra y ultra petita en favor del trabajador
Una de las reglas generales de mayor impacto práctico es el artículo 6: el juez de primera instancia ordenará el pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás derechos laborales o de la seguridad social distintos de los pedidos cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenará al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador, afiliado, pensionado o beneficiario, siempre que no hayan sido pagadas.
Ese deber se extiende al juez de segunda instancia cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables y se cumplan las condiciones del inciso anterior. La regla no dispensa de probar y discutir los hechos ni de comprobar que las sumas no se hayan pagado; esas condiciones están en el propio artículo6.
La conciliación especial
El código regula una audiencia especial de conciliación con reglas de celeridad notables: una vez recibida la solicitud, el juez la admitirá y, de considerarla procedente -por no desconocer derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, afiliado, pensionado o beneficiario-, fijará fecha para la audiencia, que se realizará dentro de los diez días siguientes. Si no la considera procedente, la rechazará de manera motivada, decisión contra la que no procede recurso alguno. Por regla general, las partes deberán asistir a la audiencia, aunque esta podrá celebrarse con la sola comparecencia de los apoderados cuando estén debidamente facultados para conciliar.
Los auxiliares de la justicia
Las disposiciones generales también dedican un capítulo a los auxiliares de la justicia. El Consejo Superior de la Judicatura administra sus listas y puede excluir de ellas a quienes incumplan las reglas del sistema. La designación sigue reglas propias; el nombramiento se comunica por cualquier medio idóneo -de preferencia por mensajes de datos- y en la comunicación se indicará el día y la hora de la diligencia a la que deba concurrir el auxiliar designado.
El código regula además la custodia de bienes y dineros: los auxiliares que como depositarios, secuestres o administradores perciban productos en dinero deberán constituir inmediatamente certificado de depósito a órdenes del juzgado, y el secuestre de una empresa o de bienes productivos de renta tiene las atribuciones del mandatario en el Código Civil, con el deber de informe mensual de su gestión. La reglamentación de la actividad corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.
Qué ajustar en la práctica del despacho
Tres ajustes concretos siguen de estas reglas. Primero, actualizar los formatos y argumentos de la demanda laboral a la luz del artículo 6: pedir bien sigue importando, pero lo probado y discutido puede ampliar la condena. Segundo, preparar a los clientes -empresas y trabajadores- para un juez con más poderes de dirección y con mandato de rechazar dilaciones. Tercero, revisar los procedimientos internos de custodia y administración cuando el despacho asuma auxiliaturas: las obligaciones de depósito y reporte son inmediatas y formales.
Una nota sobre la vigencia
El artículo 330 dispone que el código entra en vigor un año después de su publicación y que todos los procesos iniciados con anterioridad continúan tramitándose por las normas procesales anteriores. La publicación oficial es del 2 de abril de 2025; el aniversario se cumplió el 2 de abril de 2026. Para elegir el régimen no basta mirar la fecha de una audiencia o del escrito que se prepara hoy: hay que verificar cuándo se inició el proceso.
La continuidad del régimen anterior es expresa y no supone que los expedientes antiguos migren automáticamente al nuevo código. El mismo artículo prevé un plan de formación del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la Escuela Judicial, para funcionarios, empleados y abogados litigantes. Esta nota ha contrastado las disposiciones iniciales que comenta y el artículo 330; no pretende sustituir la lectura de cada procedimiento especial.
Fuentes y límites
Esta guía se basa en las disposiciones generales de la Ley 2452 de 2025 y en su artículo 330, consultados en el texto oficial de la Secretaría del Senado el 6 de noviembre de 2026. Contenido informativo, no asesoramiento jurídico.
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Fuentes
- Fuente oficial. Consultada el 6 de noviembre de 2026.
- Fuente oficial. Consultada el 6 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
