La Ley 1682 de 2013 en los proyectos de infraestructura de transporte: qué revisa la gran práctica antes de estructurar
La Ley 1682 de 2013 fija el perímetro de la infraestructura de transporte y los análisis de estructuración. Guía de revisión para la gran práctica.

La Ley 1682 de 2013 es el estatuto de partida de los proyectos de infraestructura de transporte en Colombia: define qué cuenta como infraestructura, cuál es su integración modal y qué análisis deben adelantar las entidades públicas y los responsables de la planeación durante la estructuración. Para la gran práctica —concesiones viales, puertos, ferrocarriles, APP—, su lectura correcta decide el perímetro del proyecto, la estrategia predial y el mapa de riesgos regulatorios. Esta guía recorre los artículos 1 a 4 y las reglas de adquisición predial de los artículos 22 y 23, verificados contra la publicación oficial de Función Pública.
El perímetro: qué es infraestructura de transporte
El artículo 1 dispone que las disposiciones de la ley se aplican a la infraestructura del transporte, y el artículo 2 la define como un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y los relacionados con estos, bajo la vigilancia y control del Estado, organizado de manera estable para permitir el traslado de personas, bienes y servicios, el acceso y la integración de las zonas del país, y orientado al crecimiento, la competitividad y la mejora de la calidad de vida. La definición no es retórica: marca la extensión del régimen especial de la ley, incluidas sus herramientas prediales.
El artículo 3 añade las características del sistema —inteligente, eficiente, multimodal, seguro, de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible y adaptado al cambio climático—, y el artículo 4 enumera su integración: la red vial terrestre automotor con sus fajas de retiro; los puentes en zonas de frontera; viaductos, túneles y accesos a terminales portuarios y aeroportuarios; ríos, mares y canales navegables con sus bienes de uso público asociados; puertos marítimos y fluviales con sus vías y canales de acceso; líneas férreas; infraestructura logística especializada; infraestructura aeronáutica y aeroportuaria; sistemas de transporte por cable; infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público; y redes de sistemas inteligentes de transporte. La enumeración es la respuesta técnica cuando se discute si un componente accesorio del proyecto accede al régimen de la ley.
El análisis obligatorio de estructuración
La ley ordena a las entidades públicas y a las personas responsables de la planeación identificar y analizar integralmente, durante la etapa de estructuración, la existencia en el área de influencia directa e indirecta del proyecto de una serie de aspectos. Entre ellos: las redes y activos de servicios públicos y de la industria del petróleo y de tecnologías de la información; el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico; los recursos, bienes o áreas con licencia ambiental o en proceso de declaratoria de protección; los inmuebles con medidas de protección al patrimonio de población desplazada o de restitución de tierras conforme a las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011; las comunidades étnicas establecidas; los títulos mineros en cualquier estado; y el diagnóstico predial de los inmuebles a adquirir.
Este catálogo es el esqueleto de la debida diligencia legal de estructuración. Cada punto tiene un régimen sectorial detrás —restitución de tierras, consulta previa, licenciamiento, minería— y la ley convierte su identificación temprana en obligación de planeación, no en opción de gestión posterior. Un cronograma que no reserve tiempo y responsables para esos análisis está incumpliendo la ley desde el diseño.
Adquisición predial: gravámenes y avalúos
Dos reglas operativas completan el panorama. El artículo 22, modificado por la Ley 1882 de 2018, permite a la entidad estatal, cuando existe acuerdo de negociación con el titular inscrito y antes del registro de la escritura, descontar del valor del negocio las sumas adeudadas por gravámenes, limitaciones, afectaciones y medidas cautelares, pagándolas directamente al acreedor o mediante depósito judicial; la entidad expide oficio al registrador para levantar la limitación, con un término perentorio de quince días hábiles para el trámite, y las medidas cautelares caducadas conforme a la Ley 1579 de 2012 pueden cancelarse a solicitud de la entidad. De no ser posible esa vía, continúa el proceso de expropiación administrativa o judicial, según corresponda.
El artículo 23 asigna el avalúo comercial para la adquisición o expropiación al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a la autoridad catastral correspondiente, o a personas naturales o jurídicas privadas registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz, e incluye, cuando sea procedente, el valor de las indemnizaciones o compensaciones por afectar el patrimonio de los particulares. La elección del avaluador y la consistencia metodológica del avalúo son, en la práctica, el punto donde se juegan la mayoría de las discusiones prediales del proyecto.
Contratos: equilibrio económico y ritmo de obra
El artículo 13 ordena que los contratos que desarrollen proyectos de infraestructura de transporte incluyan una cláusula con la fórmula matemática que determine las prestaciones recíprocas si el contrato termina anticipadamente por acuerdo de las partes o por decisión unilateral; sus parágrafos encargan a la entidad garantizar el equilibrio económico en cualquier etapa y permiten proponer el pago anticipado de la recuperación de la inversión en operación, incluso para contratos anteriores a la ley cuando se requiera ejecutar obra de interés público. El artículo 17 añade una herramienta de cronograma: los contratistas pueden solicitar autorización para incrementar frentes de trabajo o trabajar en tres turnos diarios, siete días a la semana, ante atrasos o para adelantar la ejecución, y la entidad tiene treinta días calendario para aceptar o rechazar motivadamente. Para la práctica de estructuración y supervisión, ambas reglas se leen juntas: el riesgo de terminación se precifica desde la oferta y el riesgo de atraso tiene una vía contractual expresa.
Expropiación y saneamiento: la secuencia predial completa
Los artículos 19 a 21 cierran el circuito de la adquisición. El 19 declara la ejecución de los proyectos motivo de utilidad pública e interés social y autoriza la expropiación administrativa o judicial conforme al artículo 58 constitucional; el 20 precisa que la adquisición predial es responsabilidad del Estado y remite a los procedimientos de las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, con la expropiación judicial además regida por la Ley 1564 de 2012. El 21 añade la pieza que más interesa a los titulares registrales: la adquisición por esos motivos goza de saneamiento automático de los vicios de titulación y tradición, incluso los posteriores, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias de quienes figuren en el folio. Para la estructuración, la secuencia es una sola: motivo declarado, procedimiento escogido, saneamiento incorporado al presupuesto de riesgo.
La advertencia metodológica
La publicación de Función Pública advierte que sus datos tienen propósitos exclusivamente informativos y que la actualización de los contenidos es permanente; la ley fue además modificada por la Ley 1882 de 2018. La comprobación de rigor antes de citar cualquier artículo en una estructuración es la versión vigente del texto y sus decretos reglamentarios. Lo que permanece es la arquitectura: perímetro definido, análisis integral de estructuración y herramientas prediales con reglas propias.
Lecturas relacionadas
También puedes explorar la sección grandes prácticas de esta edición. Lectura de contexto, sin sustituir las fuentes de esta pieza: el índice del diccionario jurídico.
Fuentes y límites
Ley 1682 de 2013, Gestor Normativo de Función Pública, artículos 1 a 4, 22 y 23 revisados el 12 de noviembre de 2026 contra esa publicación oficial. La ley concede facultades extraordinarias y ha tenido desarrollos reglamentarios posteriores que deben verificarse para cada proyecto. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: www.funcionpublica.gov.co. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


