Portada · Agente Lex Conceptos · Amparo
Amparo
El juicio de amparo es el medio de control constitucional más importante de México: permite pedir a un juez federal protección frente a normas, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos. Su base está en los artículos 103 y 107 constitucionales, desarrollados por la Ley de Amparo.

Qué protege el amparo
El artículo 103 constitucional ordena a los tribunales de la Federación resolver toda controversia por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. El mismo precepto cubre las normas o actos federales que vulneren la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y los de las entidades federativas que invadan la esfera federal.
Quién puede promoverlo
El amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada: quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, alegando que el acto reclamado viola sus derechos y afecta su esfera jurídica (artículo 107, fracción I, constitucional). Contra actos de tribunales se exige un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa. El artículo 5 de la Ley de Amparo precisa el estándar: afectación real y actual, y en el interés legítimo una lesión real y diferenciada del resto de las personas, cuya anulación produzca un beneficio cierto. El interés simple no habilita la demanda y la autoridad pública no puede invocar interés legítimo.
La vía indirecta
El amparo indirecto se tramita ante los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación. Conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con el primer acto de aplicación causen perjuicio, leyes, constituciones estatales, reglamentos y resoluciones de observancia general, y los tratados internacionales salvo las disposiciones en que reconozcan derechos humanos. Procede también contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales y actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los tratados, o afecten a personas extrañas al juicio.
La vía directa
El amparo directo se tramita ante los tribunales colegiados de circuito. El artículo 170 de la Ley de Amparo lo circunscribe a las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, con violaciones cometidas en ellos o durante el procedimiento que hayan dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado. Se exige haber agotado los recursos ordinarios contra ellas, salvo que la ley permita renunciarlos.
Plazos para demandar
El artículo 17 de la Ley de Amparo fija un plazo general de quince días, con cuatro excepciones: treinta días contra norma autoaplicativa o acto de extradición, ocho años contra sentencia condenatoria con prisión, siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (no a cualquier juicio agrario), y cualquier tiempo en los supuestos excepcionales que enumera, entre ellos los del artículo 22 constitucional. El artículo 18 ordena contar desde el día siguiente a que la notificación del acto surta efectos conforme a la ley del acto respectivo, o al conocimiento de este, salvo la fracción I, que corre desde la entrada en vigor de la norma. Los plazos señalados en días se computan en días hábiles (artículos 19 y 22), con excepciones urgentes.
La vía equivocada
Si la demanda se presenta ante un juzgado de distrito o un colegiado de apelación reclamando actos materia de amparo directo, el artículo 47 ordena declarar la falta de competencia y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito. El presidente del tribunal decide, sin trámite, si acepta la competencia; si no la acepta, remite los autos al que estime competente, "sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación". La frase se refiere a la competencia entre tribunales, no protege el término para demandar: el plazo del artículo 17 corre conforme al artículo 18 con independencia de ese reenvío.
Efectos de la sentencia
La quejosa puede pedir la suspensión del acto reclamado en los términos de la ley. Sobre los efectos, la fracción II del artículo 107 constitucional es tajante: la sentencia solo se ocupa de las quejosas que lo solicitaron, en el caso especial, y en ningún caso fija efectos generales cuando resuelve la inconstitucionalidad de normas generales. Tampoco procede el amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.
Jurisprudencia y declaratoria general
La Ley de Amparo distingue precedentes obligatorios, reiteración y contradicción. Las razones de las sentencias del Pleno constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales cuando se toman por mayoría de seis votos, y la reiteración se establece con cinco sentencias unánimes no interrumpidas de los colegiados de circuito. La única vía que produce efectos generales contra una norma es la declaratoria general de inconstitucionalidad: notificada la jurisprudencia o el precedente a la autoridad emisora y transcurridos noventa días naturales sin superación del problema, la Suprema Corte la emite con al menos seis votos. No es aplicable a normas tributarias.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede promover un juicio de amparo?
Quien aduzca un derecho o un interés legítimo individual o colectivo con afectación real y actual de su esfera jurídica. Frente a actos de tribunales se exige un derecho subjetivo afectado personal y directamente; el interés simple no basta y la autoridad pública no puede invocar interés legítimo.
¿Cuál es la diferencia entre amparo indirecto y directo?
El indirecto procede contra normas generales y actos de autoridades distintas de los tribunales; lo conocen juzgados de distrito y colegiados de apelación. El directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, lo resuelven los colegiados de circuito y exige recursos ordinarios agotados.
¿Cuánto tiempo tengo para demandar amparo?
Quince días hábiles como regla, desde el día siguiente a que la notificación surta efectos conforme a la ley aplicable, o al conocimiento del acto. Excepciones: treinta días contra normas autoaplicativas y extradición, ocho años contra condenas con prisión, siete años solo para actos que priven o puedan privar de derechos agrarios a núcleos ejidales o comunales, y cualquier tiempo en los supuestos excepcionales del artículo 17.
¿Una sentencia de amparo deroga la ley?
No. La sentencia protege solo a la quejosa y, aunque declare inconstitucional una norma, no fija efectos generales. La jurisprudencia obliga a las autoridades jurisdiccionales sin derogar la norma; solo la declaratoria general de inconstitucionalidad, con noventa días sin superación del problema y al menos seis votos, produce efectos generales.
Fuentes y límites
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente, Cámara de Diputados y Ley de Amparo, texto vigente a la última reforma publicada el 16 de octubre de 2025, Cámara de Diputados, consultados el 17 de noviembre de 2026. Contenido informativo general, no asesoría legal: la procedencia del amparo en un caso concreto depende del acto, la autoridad y el estado del procedimiento.