Visitas de verificación y requerimientos de la Autoridad Investigadora: las facultades del artículo 73 de la LFCE tras la reforma de 2025
Los requerimientos deben señalar el carácter de denunciado o tercero coadyuvante; el plazo general es de diez días, ampliable una sola vez por diez más.

Cuando la autoridad de competencia económica en México investiga, lo hace con herramientas intrusivas: requerimientos de informes y documentos, citaciones a declarar y visitas de verificación. El artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica, en su texto vigente con reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, regula esas facultades de la Autoridad Investigadora y los plazos para atenderlas. Para los grandes despachos y los departamentos jurídicos de las empresas, conocer sus reglas es la diferencia entre una respuesta ordenada y una contingencia.
El catálogo de facultades
El artículo 73 permite a la Autoridad Investigadora requerir de cualquier persona los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones, debiendo señalar el carácter del requerido como denunciado o tercero coadyuvante. También puede citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos, ordenar y practicar visitas de verificación donde se presuma que existen elementos para la debida integración de la investigación, realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta, con el fin de allegarse de información.
Tres precisiones del texto merecen subrayado. Primero, la facultad de requerir alcanza a cualquier persona, no solo a los posibles responsables. Segundo, el requerimiento debe indicar desde el inicio el carácter del requerido. Tercero, la referencia a "cualquier herramienta" para recolectar datos amplía el alcance de la recolección más allá del papel.
El plazo de diez días y su única ampliación
La reforma de julio de 2025 fijó una regla temporal concreta: las personas y las autoridades públicas tendrán un plazo de diez días para presentar los informes y documentos requeridos por la Autoridad Investigadora. A petición de las personas y autoridades requeridas, ese plazo podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por diez días más, si así lo amerita la complejidad o el volumen de la información requerida.
El diseño obliga a anticipar. Diez días para compilar documentación dispersa entre áreas comerciales, financieras y de sistemas es poco tiempo; la ampliación existe, pero es única y depende de justificar complejidad o volumen. Las empresas con protocolos de respuesta prearmados (inventarios de información, responsables designados, canales con su despacho externo) llegan a ese plazo con ventaja decisiva.
Lo que la Comisión no está obligada a revelar
El mismo artículo, en un párrafo adicionado en 2025, establece que en ningún caso lo dispuesto implica la obligación de la Comisión de revelar las líneas de investigación o cualquier otra información relacionada con la investigación. Y añade una regla de neutralidad relevante: el carácter de la persona requerida o compareciente no prejuzga sobre el carácter que tendrá con posterioridad en la investigación o en el procedimiento seguido en forma de juicio.
Para la estrategia de defensa, esto significa dos cosas. La primera: no se puede exigir a la autoridad que abra sus cartas durante la fase de investigación. La segunda: ser citado como tercero coadyuvante no es una garantía de que el carácter no cambiará; la colaboración debe evaluarse con esa posibilidad en mente.
Las visitas de verificación en el sistema
El artículo 73 habilita a ordenar y practicar visitas de verificación, y el artículo 75 prevé que la Autoridad Investigadora, por conducto de su titular, podrá ordenar su práctica sujetándose a reglas específicas. La visita es la herramienta más invasiva del catálogo: implica el ingreso de personal de la autoridad a las instalaciones de la empresa para buscar elementos de prueba.
El artículo 74 completa el marco operativo: las autoridades públicas prestarán, dentro de su ámbito de competencia, el auxilio que les sea requerido por los servidores públicos de la Autoridad Investigadora para el cumplimiento de sus atribuciones y la aplicación de la ley. La colaboración interinstitucional está, por tanto, prevista en la propia norma.
Preparación: la ventaja que no se improvisa
La experiencia acumulada por los despachos que atienden estos procedimientos se resume en preparación previa. Un protocolo de visita define quién recibe al personal de la autoridad, quién acompaña cada recorrido, cómo se registra lo revisado y qué comunicación se mantiene con el despacho externo en tiempo real. Un inventario de información crítica reduce el riesgo de entregas incompletas o desordenadas dentro del plazo de diez días. Y una política clara sobre creación de documentos internos reduce el material sensible que una visita puede encontrar.
El contexto da urgencia a esa preparación: en la misma semana, el Pleno de la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de las reglas que sancionan las prácticas monopólicas absolutas y de la facultad de ampliar los periodos de investigación, en un caso nacido del mercado de gas LP. El mensaje conjunto es que la investigación en materia de competencia conserva todo su músculo.
Cómo preparar al personal para una visita
La preparación interna marca la diferencia entre una visita controlada y un desastre probatorio. Las empresas con programas maduros de cumplimiento en competencia mantienen un protocolo escrito: quién recibe y acompaña a los visitadores, quién contacta de inmediato al asesor jurídico, qué áreas y equipos quedan a disposición y con qué alcance, y cómo se documenta cada actuación. La capacitación periódica del personal de recepción y de los directivos es la parte del protocolo que se olvida y la que primero falla en la práctica.
La regla de oro para el personal es doble: no obstruir, porque la obstrucción es infracción por sí misma; y no improvisar, porque las declaraciones espontáneas del primer día aparecen en el expediente tres años después.
El derecho a la defensa durante la visita
La visita no suspende las garantías de la empresa visitada. El acta circunstanciada que levantan los visitadores es el documento central: la empresa tiene interés directo en que refleje con precisión qué se requirió, qué se exhibió y qué se copió. Las observaciones que se hacen constar en el acta son la primera línea de la defensa posterior; el acta firmada sin observaciones es un expediente que la propia empresa ayudó a construir contra sí.
Del expediente de la visita al procedimiento
Lo recabado en la visita alimenta el expediente de investigación y, eventualmente, el procedimiento sancionador en forma de juicio. La cadena de valor probatorio que empieza en el ordenamiento de la visita termina en la resolución de la Comisión y, en su caso, en el amparo y el juicio contencioso. Las empresas que litigan bien estos casos empiezan a litigar el día de la visita, no el día de la notificación del procedimiento.
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Fuentes y límites
Ley Federal de Competencia Económica, texto vigente de la Cámara de Diputados, artículos 73 a 75 leídos completos, con reformas DOF 16-07-2025. Consulta del 13 de noviembre de 2026. Guía general sobre el texto legal; la respuesta a un requerimiento o visita concreta exige asesoría especializada inmediata. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: diputados.gob.mx. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


