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Multa diaria al Ministerio de Defensa por no entregar información sobre vuelos militares durante la dictadura

La cartera deberá pagar unos 9.700 pesos por cada día que demore en responder, con un plazo de 45 días, tras no acreditar una búsqueda exhaustiva de los documentos.

Archivo con cajas de documentos en un depósito institucional, fotografía editorial
Imagen generada con IA

El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de 2° turno, Alejandro Martínez, ordenó al Ministerio de Defensa de Uruguay pagar conminaciones económicas de cinco unidades reajustables por día, aproximadamente 9.700 pesos, por incumplir la condena que lo obligaba a entregar información sobre los vuelos militares durante la dictadura al periodista Roger Rodríguez, según informó la diaria.

La condena incumplida

A mediados de octubre, el juez había hecho lugar al pedido de acceso a la información pública para conocer los registros de partidas, escalas, destinos, tripulación y responsables de los vuelos realizados entre 1973 y 1985. El pedido incluía toda la documentación referida a vuelos, escalas y destinos hacia y desde aeropuertos de la Argentina de las Aeronaves de Transporte Aéreo Militar Uruguayo entre 1974 y 1978, el período en que aparecieron en las costas uruguayas cuerpos de víctimas de los llamados "vuelos de la muerte".

La ejecución con astreintes

La defensa de Rodríguez, a cargo de Iván Luziardo, y el equipo jurídico del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública promovieron la ejecución de la sentencia al no recibir respuesta de la cartera en el tiempo estipulado. En la sentencia interlocutoria, el juez señaló que el Ministerio de Defensa no aportó la información requerida "así como tampoco ha acreditado la realización de una búsqueda exhaustiva al respecto". El pago se impone por cada día que el ministerio demore en responder y el plazo fijado es de 45 días. La decisión puede ser apelada por el ministerio y revocada por un tribunal. La secuencia procesal, según la noticia, fue la condena de acceso a mediados de octubre, la falta de respuesta en el tiempo estipulado, el pedido de ejecución de los patrocinantes y la sentencia interlocutoria del viernes 13 de noviembre que impuso las conminaciones.

Qué son las conminaciones económicas

Las conminaciones, figura comparable a las astreintes de otros ordenamientos, son multas diarias que el juez impone para compeler el cumplimiento de una obligación sin sustituirla: no saldan la deuda de información, la presionan. Su utilidad práctica, como lectura editorial, es convertir el costo del incumplimiento en un goteo diario que la repartición no puede ignorar en su rendición de cuentas. Esta ficha no cuenta con fuente doctrinal capturada sobre los requisitos de la figura en Uruguay, de modo que la descripción queda limitada a lo que el fallo reportado aplicó.

Un mecanismo con dientes pocas veces usados

Esta ficha no cuenta con recuento jurisprudencial capturado sobre la frecuencia de las conminaciones en Uruguay, de modo que no afirma su excepcionalidad ni su generalización. Lo que el fallo reportado muestra, como lectura editorial, es una doble función del mecanismo: presiona al órgano demandado y enseña a los demás litigantes que la vía existe. Para abogados que asesoran a periodistas, archivos y organizaciones, la lección práctica es registrar desde el inicio los plazos y las respuestas parciales, porque la ejecución con multas diarias se construye sobre ese expediente.

El estándar de la búsqueda exhaustiva

El punto técnicamente más relevante del fallo, en la lectura editorial, es la exigencia de acreditar una búsqueda exhaustiva. Obligar al órgano a documentar la búsqueda, qué archivos se revisaron, con qué criterios y con qué resultado, convierte un eventual "no se encontraron registros" en una afirmación verificable y controvertible, en lugar de una respuesta que cierra el pedido sin más. Esta ficha no cuenta con fuentes capturadas sobre el estándar en otros sistemas, de modo que no hace afirmaciones comparativas.

El acceso a la información como litigio de largo aliento

El caso ilustra, como apreciación editorial, un patrón frecuente en el litigio de acceso a archivos: la sentencia favorable puede ser apenas la mitad del camino, y la batalla práctica se libra en la etapa de ejecución. Que el juez haya exigido no solo la entrega sino la acreditación de una búsqueda exhaustiva es lo que impide aquí un cumplimiento meramente formal: obliga a documentar qué se buscó, dónde y con qué resultado.

Lo que sigue en el expediente

El escenario inmediato está definido por el propio fallo: el ministerio tiene 45 días y una multa diaria acumulándose, y puede apelar la decisión ante el tribunal competente. Si la cartera entrega los registros, el caso pasará a una etapa de análisis documental que interesa tanto a la investigación periodística como a las causas judiciales por crímenes de la dictadura. Si apela, el tribunal tendrá ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la obligación de búsqueda exhaustiva, la cuestión de fondo que este expediente puso sobre la mesa.

Memoria, archivos y rendición de cuentas

Detrás del expediente está el interés documental que la propia noticia describe: los registros de los vuelos militares entre Uruguay y la Argentina durante la dictadura, en un período en el que aparecieron en las costas uruguayas cuerpos de víctimas de los llamados "vuelos de la muerte". El litigio de Rodríguez muestra, como apreciación editorial, cómo la ley de acceso a la información pública se ha convertido en una herramienta de la política de memoria, y cómo sus decisiones judiciales, caso por caso, van fijando el alcance real de ese derecho.

Preguntas frecuentes

¿Qué ordenó el juez Martínez?

Conminaciones económicas de cinco unidades reajustables diarias, unos 9.700 pesos, contra el Ministerio de Defensa hasta que entregue la información sobre vuelos militares de 1973 a 1985, con un plazo de 45 días.

¿Quiénes promovieron la ejecución?

La defensa del periodista Roger Rodríguez, a cargo de Iván Luziardo, junto al equipo jurídico del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, tras no recibir respuesta de la cartera en el plazo estipulado.

¿Qué información había pedido el periodista?

Registros de partidas, escalas, destinos, tripulación y responsables de los vuelos militares entre 1973 y 1985, incluidos los vuelos hacia y desde aeropuertos argentinos entre 1974 y 1978.

¿Por qué se impuso la sanción?

Porque el ministerio no aportó la información ni acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva, según la sentencia interlocutoria.

¿La decisión es firme?

No: puede ser apelada por el Ministerio de Defensa y revocada por un tribunal, según informó la diaria.

Fuentes y límites

La Justicia dispuso una sanción económica para Defensa por no brindar información sobre los vuelos durante la dictadura, la diaria, 13 de noviembre de 2026, consultado el 16 de noviembre de 2026. El equivalente en pesos de la unidad reajustable es el citado por el medio a la fecha de la noticia. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente. Consultada el 16 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

Equipo editorial de AGENTE LEX. Elaboramos análisis y actualidad para la abogacía a partir de fuentes públicas y oficiales, que enlazamos al final de cada artículo.

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