Deepfakes sexuales: el proyecto aprobado por unanimidad que espera al Senado uruguayo

Un proyecto de ley que penaliza la difusión de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial -los llamados deepfakes sexuales- lleva meses aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y respaldado por todos los partidos en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, pero su votación en el plenario, prevista inicialmente para mayo, sigue pendiente. Su impulsor, el diputado colorado Gabriel Gurméndez, volvió a reclamar su aprobación y advirtió que mantener el vacío puede terminar en hechos graves.

El proyecto: una solución "casi quirúrgica"

La iniciativa modifica el artículo 92 de la Ley 19.580 -la ley de violencia hacia las mujeres basada en género- para tipificar la difusión de imágenes sexuales fabricadas con IA. Su diseño fue deliberadamente acotado: "Parte de lo que señalábamos como virtud del proyecto era su especificidad casi quirúrgica", explicó Gurméndez, "sin hacer grandes modificaciones ni entrar en grandes debates respecto a otros temas cuyo alcance podría dificultar el consenso, se atiende la circunstancia de un fenómeno que hoy se plantea como una cuestión de urgencia y de explosión".

El desvío por las plataformas

El proyecto llegó al plenario del Senado tras su aprobación en comisión, pero el día de la sanción definitiva volvió a comisión: las empresas de internet plantearon observaciones sobre las responsabilidades que la ley les asigna, incluida la obligación de retirar contenidos de manera inmediata y la posibilidad de sanciones penales para las plataformas. "La suspensión de la votación fue una consideración para atender a estos sectores, escucharlos y ver si ameritaba tomarlos en cuenta", señaló Gurméndez, quien afirmó que en las reuniones se acordó discutir esas observaciones "en otro momento".

La ley más amplia que lo absorbe

La presidenta de la comisión, Constanza Moreira, explicó en la sesión del 27 de octubre que el proyecto se mantiene en el orden del día, pero que la intención del oficialismo es analizarlo junto a una iniciativa más amplia que prepara el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres): una ley integral de violencia digital que también establecerá obligaciones para las plataformas. Moreira informó que accedió a un borrador que ya recoge la preocupación del proyecto, y propuso una mesa de trabajo entre Gurméndez y la directora de Inmujeres, Mónica Xavier. El proyecto definitivo de Inmujeres todavía no fue enviado al Parlamento.

La advertencia de la demora

Gurméndez planteó avanzar con la norma puntual sin esperar la ley amplia: esperar una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo, argumentó, puede extender el trámite durante meses. "Estamos haciendo lo contrario a lo que se pretendía", dijo: una solución urgente supeditada a una regulación de trámite "extenso, largo y complejo", con mayorías inciertas.

Su advertencia tiene referente concreto: "Me parece prudente no dejar este vacío porque, en la medida en que el tiempo transcurre, se pueden generar hechos como los que ocurrieron en Argentina en las últimas tres semanas", afirmó, en referencia a las imágenes sexuales falsas de alumnas creadas con IA por compañeros en un colegio de Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires. La senadora nacionalista Graciela Bianchi respaldó el reclamo con dureza: "Estamos en omisión, señora presidenta".

Por qué el vacío importa

El fenómeno que el proyecto persigue ya no es hipotético: herramientas accesibles permiten fabricar imágenes sexuales verosímiles de cualquier persona en minutos, y las víctimas -mayoritariamente mujeres, con frecuencia menores- enfrentan hoy un vacío de tipificación específica en Uruguay. La legislación comparada avanzó más rápido: varios países de la región y Europa ya cuentan con tipos penales o reformas en trámite avanzado.

La discusión sobre las plataformas es legítima pero separable, según el impulsor: la responsabilidad de los intermediarios merece su propio debate, sin que ese debate retenga la protección penal de las víctimas.

Lo que sigue

El escenario tiene dos vías: que el Senado vote el proyecto puntual, o que la iniciativa quede integrada a la ley integral de violencia digital de Inmujeres, cuyo texto aún no ingresó al Parlamento. La mesa de trabajo propuesta entre Gurméndez y Xavier es el canal que podría destrabar la disyuntiva. Mientras tanto, el artículo 92 de la Ley 19.580 sigue sin cubrir los deepfakes.

El fenómeno que la ley busca alcanzar

Los deepfakes sexuales -imágenes o videos sintéticos que colocan el rostro de una persona real en contenido sexual sin su consentimiento- dejaron de ser una rareza tecnológica para convertirse en un daño masivo y verificable. Las herramientas que los producen son cada vez más accesibles y sus resultados cada vez más creíbles, y las víctimas -en su enorme mayoría mujeres- enfrentan un daño reputacional y emocional que las vías legales tradicionales alcanzan tarde o no alcanzan.

El problema técnico de fondo es la velocidad: el contenido se replica en minutos por canales que ninguna orden judicial sigue al mismo ritmo.

El estado del derecho comparado

Uruguay no discute en soledad: varias jurisdicciones de la región y de Europa han sancionado o debaten normas específicas contra la manipulación sexual de imágenes con inteligencia artificial, con enfoques que combinan tipos penales nuevos, obligaciones para las plataformas y vías rápidas de remoción de contenido. La experiencia comparada aporta al debate local una lección consistente: la norma que tipifica sin dotar mecanismos ágiles de remoción y de apoyo a la víctima se queda en declaración.

La posición de las plataformas

Buena parte del debate práctico pasa por las plataformas donde el contenido circula: su capacidad de detección, sus protocolos de remoción y su cooperación con las autoridades. La regulación moderna tiende a repartir la carga -creador, difusor y plataforma- en lugar de concentrarla solo en quien produce la imagen, porque la experiencia muestra que el daño se hace masivo en la distribución, no en la creación.

Qué pueden hacer las víctimas mientras tanto

Con o sin ley específica, las víctimas tienen hoy caminos disponibles: la denuncia penal por las figuras existentes, las acciones civiles de protección de la imagen y el honor, y los mecanismos de reporte de las propias plataformas. Documentar temprano -capturas con fecha, enlaces, perfiles- es el primer consejo técnico en estos casos, porque el contenido que desaparece no deja de ser prueba si se preservó a tiempo.

La dimensión educativa del problema

Toda regulación de este tipo llega con la misma limitación: la norma castiga después del daño. Por eso los especialistas insisten en el frente preventivo -educación digital en escuelas y liceos, campañas sobre consentimiento y manipulación de imágenes, y alfabetización tecnológica de los propios operadores jurídicos que recibirán estos casos-. La ley específica es necesaria, pero la experiencia comparada muestra que su efectividad real se mide en combinación con la prevención, no en aislamiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué propone el proyecto contra los deepfakes sexuales?

Modificar el artículo 92 de la Ley 19.580 para penalizar la difusión de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial.

¿Por qué no se ha votado en el Senado?

La votación se suspendió tras observaciones de empresas de internet sobre responsabilidades de las plataformas, y el oficialismo pretende integrar la iniciativa en una ley más amplia de violencia digital que aún no ingresa al Parlamento.

¿Qué respaldo tiene la iniciativa?

Fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y contó con respaldo de todos los partidos en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado.

¿Qué riesgos señala su impulsor por la demora?

Que el vacío legislativo permita casos como los registrados recientemente en Argentina, donde alumnas fueron víctimas de imágenes sexuales falsas creadas con IA por compañeros.

Fuentes y límites

Basado en el reportaje citado. El estado legislativo puede haber cambiado; verificar el trámite vigente en el Parlamento. Información, no asesoramiento jurídico.