Académico chileno propone que los prompts de IA formen parte del expediente judicial

Que los tribunales informen en sus propias resoluciones si utilizaron inteligencia artificial y con qué finalidad, que los prompts formen parte del expediente judicial y que se adopte un prompt institucional único y público: esas son las medidas que el académico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, Jordi Delgado, propuso para transparentar el uso de IA en la justicia, en el Congreso Internacional «La transformación digital y robótica de la justicia» realizado el 16 de octubre en la Universidad de Barcelona. La propuesta marca la pauta del debate en IA jurídica en Chile.

El círculo de la indefensión

En su ponencia «Derecho de defensa y eficiencia digital», el académico examinó tres casos recientes: una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que se publicó junto con las instrucciones (prompts) entregadas a una herramienta de IA para redactar sus considerandos; el juicio oral del denominado megafraude de licencias médicas, en cuyo contexto los recursos de nulidad plantearon interrogantes sobre la autoría de la sentencia; y una resolución de la Audiencia Nacional de España que denegó a la defensa el acceso al prompt al considerar infundada la sospecha de que se hubiera usado IA.

De esos antecedentes extrajo el problema central: la defensa queda atrapada en un círculo, porque para pedir el prompt le exigen indicios de que se usó IA, pero esos indicios solo pueden estar en el prompt. Lo que influye en una decisión judicial y no se ve, no se puede contradecir.

La brecha entre España y Chile

El análisis comparó los marcos normativos: mientras el ordenamiento español cuenta con una Ley Orgánica del Derecho de Defensa y una instrucción del Consejo General del Poder Judicial sobre el uso de IA, en Chile existe una norma ética que establece que la decisión judicial es una tarea humana e indelegable. La diferencia, advierte el académico, es que la regla chilena le dice al juez lo que no debe hacer, pero no le dice al justiciable cómo saber si lo hizo.

El debate coincide con el momento de mayor actividad del Poder Judicial chileno en la materia, con las jornadas de reflexión de la Corte Suprema sobre IA y la transcripción automática de audiencias del sistema Themis ya en operación.

El encuentro de Barcelona reunió a académicos y magistrados de España, Italia, Portugal y Chile, con dirección científica de catedráticos de derecho procesal y mercantil de la universidad anfitriona. Por Chile participó también un académico de la Universidad de Talca con una exposición sobre la algoritmización de la justicia penal, una muestra de que la discusión chilena sobre IA y justicia ya se presenta en los foros internacionales con propuestas concretas.

Qué significa para los litigantes

Mientras no exista una regla de transparencia, la propuesta sugiere la línea de trabajo de la defensa: plantear expresamente en los recursos la necesidad de conocer si hubo intervención de IA en la resolución y con qué alcance. La conclusión del académico resume el estándar al que apunta el debate: la IA puede dar una justicia más rápida, coherente e igualitaria, pero solo si actúa a la vista de las partes; una IA oculta no es eficiencia digital, sino una nueva forma de indefensión.

La discusión chilena se inscribe en un debate regional: varios poderes judiciales de América Latina trabajan en protocolos para declarar el uso de IA en las resoluciones, y la propuesta de registrar los prompts en el expediente es una de las alternativas más exigentes sobre la mesa, por lo que su recepción entre los operadores será un indicador de hasta dónde llegará la regulación.

Qué significa esto para la práctica con IA

La exigencia de transparencia sobre prompts tiene una lectura práctica más amplia: el uso de IA que no se puede mostrar es un uso que probablemente no debiera hacerse. Para un estudio o una oficina pública, esto sugiere tres hábitos mínimos: conservar los prompts relevantes como parte del expediente del trabajo, distinguir en el documento final qué viene de la herramienta y qué del criterio profesional, y poder explicar la cadena si alguien la pregunta. Ninguno de los tres exige tecnología adicional; exigen disciplina de registro.

En el plano judicial, la discusión abierta por la ponencia apunta a una pregunta que los litigantes empezarán a plantear con más frecuencia: si la IA participa en la elaboración de una resolución, ¿qué parte del expediente debería reflejarlo? No hay respuesta cerrada en Chile, pero la experiencia comparada que el académico expuso muestra que el problema ya se litiga en otras jurisdicciones, y que las defensas que lo plantean necesitan herramientas procesales para pedir y obtener esa información. Hasta que existan, el registro propio y la pregunta oportuna son lo único disponible.

La brecha entre la pregunta académica y la práctica diaria se cerrará, como siempre, por los casos: cada tribunal que enfrente la solicitud de un prompt tendrá que decidir con las herramientas procesales existentes, y esas decisiones irán dibujando el estándar. Mientras tanto, la discusión iniciada en la UACh cumple la función de poner el problema sobre la mesa antes de que el caso de mayor escala lo imponga.

Fuentes y límites

Este artículo se basa en la nota publicada por Noticias UACh el 19 de octubre de 2026 sobre la ponencia presentada en la Universidad de Barcelona. Las propuestas descritas son académicas y no corresponden a normas vigentes. Información, no asesoramiento jurídico.