Corte Constitucional ordenó proteger a los cuidadores de personas con trastornos mentales y adicciones

La Corte Constitucional reiteró que la atención de las enfermedades mentales y de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas debe realizarse desde un enfoque de derechos humanos que proteja tanto al paciente como a las personas que asumen su cuidado, informó Canal 1 el 8 de noviembre de 2026.

El fallo de la Sala Quinta de Revisión resolvió la tutela presentada por la madre de un hombre de 38 años diagnosticado con esquizofrenia indiferenciada crónica y adicción a sustancias psicoactivas y alcohol.

El caso: una madre en riesgo y una internación sin consentimiento

Según el expediente, el deterioro del estado de salud del hombre, agravado por la falta de entrega oportuna de medicamentos por parte de Asmet Salud EPS, derivó en episodios de violencia intrafamiliar que pusieron en grave riesgo la vida y la integridad de la madre, además de generar investigaciones penales por agresiones físicas.

La Sala Quinta de Revisión identificó dos situaciones distintas: por un lado, la situación de la madre, que denunció los riesgos constantes derivados de la convivencia con su hijo durante sus episodios de crisis; por otro, las condiciones en las que el hombre había sido internado en una institución privada de rehabilitación para personas con consumo de sustancias psicoactivas, donde permanecía al momento de la decisión.

Falencias constitucionales en la internación

La Corte concluyó que, aunque la permanencia del hombre en el centro de rehabilitación redujo el riesgo inmediato para su madre, la internación presentaba serias falencias constitucionales. El ingreso se produjo sin el consentimiento del paciente y no existían suficientes soportes médicos y científicos que justificaran la duración del tratamiento por 12 meses. Además, no había claridad sobre las terapias suministradas, las alternativas menos restrictivas evaluadas ni un plan definido para su retorno progresivo a la vida en comunidad.

La regla: internación involuntaria solo de manera excepcional

La Corte recordó que las personas con diagnósticos psiquiátricos conservan plenamente su capacidad jurídica y tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su vida, con los apoyos necesarios. Por eso, la internación involuntaria solo puede aplicarse de manera excepcional, temporal, necesaria y proporcional, bajo estricta justificación clínica y garantizando siempre la participación del paciente.

El fallo aterriza ese estándar en cuatro exigencias verificables: consentimiento o justificación clínica rigurosa de su ausencia, claridad sobre las terapias aplicadas, evaluación de alternativas menos restrictivas y un plan de retorno a la comunidad. Una internación que incumple esos requisitos, aunque produzca beneficios clínicos, presenta falencias constitucionales.

Una solución intermedia: no terminar, sino adecuar

La Corte también reconoció que el tratamiento había generado avances favorables en la salud del paciente, por lo que descartó ordenar su terminación inmediata. En cambio, dispuso medidas para adecuar el proceso a los estándares constitucionales: entrega de información completa sobre el tratamiento, elaboración de un protocolo de atención, participación de la familia y construcción de un plan de transición para su regreso a la comunidad.

Además, ordenó a Asmet Salud EPS acompañar integralmente el proceso y dispuso apoyo institucional para la madre y su familia. La decisión subraya que la protección en salud mental no puede limitarse al paciente, sino que debe extenderse a quienes, muchas veces en silencio y con altos costos personales, asumen la responsabilidad de cuidarlo.

El cuidador como sujeto de derechos

El aporte más novedoso del fallo es ese desplazamiento del foco: la madre no aparece solo como la persona en riesgo por las crisis de su hijo, sino como sujeto titular de una protección propia. La falta de entrega oportuna de medicamentos por parte de la EPS -el detonante del deterioro según el expediente- conecta la situación del paciente y la de su cuidadora: cuando el sistema de salud falla, el costo recae sobre la familia, y con frecuencia sobre una mujer que cuida en condiciones de riesgo. Reconocer jurídicamente a esa persona cuidadora implica medidas concretas: apoyo institucional, participación en el plan de tratamiento y atención a los riesgos que la convivencia en crisis genera.

La capacidad jurídica como punto de partida

Bajo la regla reiterada por la Corte, el diagnóstico psiquiátrico no priva a la persona de su capacidad jurídica: conserva el derecho a participar en las decisiones sobre su vida con los apoyos necesarios. Esa premisa ordena todo lo demás. La internación involuntaria deja de ser una herramienta de manejo disponible por defecto y se convierte en una medida de última ratio, cuya legitimidad depende de que se hayan agotado o descartado justificadamente las alternativas menos restrictivas y de que exista un horizonte de retorno a la vida en comunidad.

La falta de medicamentos como detonante

El expediente registra un punto que no debe pasarse por alto: el deterioro del estado de salud del paciente se agravó por la falta de entrega oportuna de medicamentos por parte de la EPS. Esa omisión administrativa está en el origen de la cadena que terminó en episodios de violencia, riesgo para la madre e investigaciones penales. La lectura práctica es directa: en salud mental, la continuidad del suministro de medicamentos no es un trámite logístico sino un componente del tratamiento cuya interrupción puede desencadenar crisis con consecuencias clínicas, familiares y judiciales. La orden de acompañamiento integral a Asmet Salud EPS apunta exactamente a esa responsabilidad.

Qué cambia para las instituciones de rehabilitación

El fallo también habla a los centros de rehabilitación: una internación prolongada sin soportes médicos suficientes sobre su duración, sin claridad sobre las terapias aplicadas y sin plan de egreso queda expuesta a control constitucional, aunque produzca avances clínicos. La obligación de elaborar un protocolo de atención y un plan de transición a la comunidad es exigible desde el ingreso, no como una corrección posterior a la tutela. Para las instituciones, esto implica documentar desde el primer día la justificación clínica, las alternativas evaluadas y el horizonte de egreso de cada paciente.

Lectura para la práctica

Para los operadores de salud y las EPS, el fallo fija deberes concretos: la internación involuntaria exige justificación clínica estricta, consentimiento o suplencia documentada, claridad terapéutica y plan de egreso; la falta de entrega oportuna de medicamentos puede comprometer la responsabilidad de la aseguradora en el deterioro del paciente. Para los litigantes, la sentencia habilita una línea argumentativa doble en las tutelas de salud mental: la del paciente internado irregularmente y la de su cuidador, ambas con medidas de protección propias.

En síntesis, el fallo ordena el sistema alrededor de dos titulares de derechos y no de uno: el paciente, cuya capacidad jurídica permanece plena, y quien lo cuida, cuya protección ya no puede depender de su resistencia personal en silencio.

Preguntas frecuentes

¿Qué resolvió la Corte sobre la internación del paciente?

No ordenó terminarla por los avances favorables del tratamiento, pero encontró serias falencias constitucionales y dispuso adecuarla: información completa, protocolo de atención, participación familiar y plan de transición a la comunidad.

¿Cuándo procede una internación involuntaria en salud mental?

Solo de manera excepcional, temporal, necesaria y proporcional, bajo estricta justificación clínica y garantizando la participación del paciente, reiteró la Corte.

¿Qué protección recibió la madre cuidadora?

La Corte dispuso apoyo institucional para ella y su familia y ordenó a Asmet Salud EPS acompañar integralmente el proceso, reconociendo que la protección en salud mental debe extenderse a quienes cuidan.

Fuentes y límites

Esta nota se basa en el reporte de Canal 1 del 8 de noviembre de 2026. La fuente es periodística; el texto del fallo debe verificarse en la relatoría de la Corte Constitucional. Información, no asesoramiento jurídico.