Corte Constitucional: atacar el cuerpo de una funcionaria en redes no está protegido por la libertad de expresión

"Los discursos que constituyen violencia de género contra las mujeres no están protegidos por la libertad de expresión". Con esa regla, la Corte Constitucional resolvió el caso de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social de Arauca y esposa del alcalde del municipio, quien fue blanco de violentas publicaciones en Facebook, informó El Espectador el 6 de noviembre de 2026.

El alto tribunal le ordenó al autor de las publicaciones retirar 28 contenidos en 48 horas, ofrecer disculpas públicas y realizar un curso de capacitación sobre igualdad de género y violencia digital.

El caso: hostigamiento sistemático desde mayo de 2025

Según relató Ortiz Tafur a la justicia, desde mayo de 2025 el creador de contenido y activista digital Cristian Camilo Paredes Forero, opositor a la administración de su esposo, el alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos, inició en sus perfiles de Facebook "una conducta sistemática de hostigamiento, difamación y exposición pública" en su contra. Mediante textos, imágenes, fotomontajes y videos, buscaba "desacreditar, ridiculizar, afectar el honor, la dignidad, la imagen y la intimidad personal y familiar de la accionante, utilizando expresiones humillantes y de contenido misógino".

Entre las publicaciones denunciadas había montajes sobre cambios físicos y comentarios sobre cirugías estéticas. En uno, el accionado preguntó a sus seguidores: "¿Qué opinan ustedes? ¿Mal procedimiento, mala calidad del bótox o fue un golpe en la cara?". También publicó encuestas sobre el cuerpo de la gestora social y expresiones sexistas que apuntaban a relegarla a las labores domésticas: "bueno, a lavar platos y hacer aseo en la casa, que eso de gestoría es puro show y corrupción".

Dos instancias, dos criterios opuestos

En octubre de 2025, Ortiz Tafur acudió a la acción de tutela. El Juzgado Primero Civil Municipal de Arauca le dio la razón el 4 de noviembre de ese año: concluyó que los mensajes "presentaban como ciertas acusaciones de conductas delictivas contra la accionante y su esposo sin respaldo probatorio ni verificación suficiente, por lo que excedían la libertad de expresión y vulneraban sus derechos a la honra y al buen nombre", y ordenó eliminar los contenidos difamatorios.

La segunda instancia revocó. Paredes Forero impugnó defendiendo sus publicaciones como crítica y veeduría ciudadana, y el 15 de diciembre de 2025 el Juzgado Civil del Circuito de Arauca estimó que los mensajes correspondían a "opiniones o comentarios sobre su gestión dentro de la administración municipal", y que muchas eran "replicaciones fundadas en imágenes y hechos públicos, difundidos previamente por la misma alcaldía o por la gestora social".

La regla de la Sala Cuarta de Revisión

La Sala Cuarta de Revisión, conformada por la magistrada Lina Escobar y los magistrados Vladimir Fernández y Juan Carlos Cortés, ponente, reconoció que Ortiz Tafur, por su condición de gestora social y su cercanía con la administración municipal, tiene exposición pública y debe estar sujeta al escrutinio ciudadano. Pero aclaró que esa visibilidad no ampara cualquier ataque: una cosa es cuestionar el manejo de recursos públicos y otra convertir el cuerpo y la apariencia de una mujer en el centro de las publicaciones.

La Corte fijó el estándar para los jueces: "en los eventos en los que una mujer ha sido objeto de ataques digitales relacionados con su cuerpo o apariencia física, el juez constitucional debe adoptar un análisis con perspectiva de género y valorar la conducta de manera contextual e integral". Con esa vara, le "jaló las orejas" al juez de segunda instancia y revocó su decisión.

Escrutinio ciudadano y dignidad: la línea divisoria

El aporte central del fallo es la manera en que distingue dos planos que la segunda instancia había fusionado. El escrutinio ciudadano sobre la gestión pública tiene protección reforzada, y las figuras públicas deben tolerar un umbral más alto de crítica. Pero ese umbral no se extiende a los ataques contra el cuerpo o la apariencia, porque esos contenidos no aportan al debate democrático: desplazan a las mujeres del espacio público mediante la humillación. La Corte lo dijo con claridad: cuestionar el manejo de recursos públicos es una cosa; convertir el cuerpo de una funcionaria en el centro de la conversación, otra muy distinta.

Esa distinción tiene lectura directa para quienes ejercen veeduría o periodismo ciudadano en redes: la crítica a la gestión debe sostenerse en hechos verificables y referidos a la actuación pública, no en la apariencia, la vida privada o los estereotipos de género.

Una guía de conducta para el juez de tutela

El llamado de atención al juzgado de circuito no es un detalle menor. Al ordenar que en estos casos el juez constitucional adopte un análisis con perspectiva de género y valore la conducta de manera contextual e integral, la Corte convirtió una exigencia programática en una guía de conducta verificable: un fallo que trate ataques digitalizados contra una mujer como simples "opiniones sobre su gestión", sin examinar su carga misógina, incumple el estándar y queda expuesto a revisión. Para los litigantes, esto habilita un argumento concreto en sede de tutela y de eventual revisión: la omisión del análisis contextual y de género como vicio de la decisión.

Medidas concedidas y la línea de la censura previa

El alto tribunal trazó con precisión qué protección sí y cuál no. Rechazó impedir que Paredes Forero volviera a mencionar a la gestora social en futuras publicaciones: una prohibición así "constituye censura previa y, por ende, vulnera las presunciones a favor de la libertad de expresión".

Pero los mensajes que ya cruzaron los límites no quedaron sin consecuencias. Ordenar el retiro de las publicaciones violentas y exigir disculpas públicas persigue una "finalidad imperiosa, dado que buscan asegurar la materialización efectiva del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias". En concreto: retiro de las 28 publicaciones en 48 horas, disculpas públicas en sus perfiles de Facebook dentro de los cinco días siguientes, un curso de capacitación sobre igualdad de género y violencia digital en un máximo de 20 días, y prohibición de repetir agresiones basadas en estereotipos de género.

El llamado al Congreso

La Corte reiteró su llamado al Congreso para legislar sobre prevención y sanción de la violencia digital, un fenómeno frente al cual la libertad de expresión no puede convertirse en argumento para justificar la violencia contra las mujeres. Para el alto tribunal, atacar a una mujer por su cuerpo, sexualizar su imagen o exponer su vida privada no es crítica legítima, sino una forma de violencia.

Para la práctica litigiosa, la sentencia entrega dos herramientas concretas: el deber del juez de aplicar perspectiva de género con análisis contextual e integral en estos casos, y la viabilidad de órdenes de retiro de contenidos y disculpas públicas sin que ello configure censura previa.

Preguntas frecuentes

¿La Corte prohibió que se vuelva a mencionar a la funcionaria?

No. Rechazó esa pretensión por considerarla censura previa; lo que ordenó fue retirar las 28 publicaciones ya identificadas como violentas, disculpas públicas y capacitación en igualdad de género.

¿Toda crítica a una funcionaria en redes es violencia de género?

No. La Corte reconoció que una figura pública está sujeta a escrutinio ciudadano; lo que queda fuera de la libertad de expresión son los ataques centrados en el cuerpo, la apariencia o la sexualización.

¿Qué debe hacer el juez en estos casos?

Adoptar un análisis con perspectiva de género y valorar la conducta de manera contextual e integral, según el estándar fijado por la Sala Cuarta de Revisión.

Fuentes y límites

Esta nota se basa en el reportaje de El Espectador del 6 de noviembre de 2026. La fuente es periodística; el texto de la sentencia debe verificarse en la relatoría de la Corte Constitucional. Información, no asesoramiento jurídico.