Actualidad del sector

Tribunal de Putumayo mantiene suspendida la aspersión aérea con glufosinato y limita la medida a cuatro meses

La decisión ampara transitoriamente el debido proceso ambiental, la participación, el acceso a la información ambiental y la salud, y fija un tope de cuatro meses a la medida.

Ilustración generada con IA: Cultivos verdes en una zona rural montañosa; escena ilustrativa con personas ficticias
Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental; escena ilustrativa con personas ficticias

El Tribunal Administrativo de Putumayo mantuvo suspendida la aspersión aérea con glufosinato de amonio en ese departamento, utilizada para la erradicación de cultivos de uso ilícito, y limitó la medida a un máximo de cuatro meses, informó El Espectador el 5 de noviembre de 2026. La decisión ampara transitoriamente los derechos fundamentales al debido proceso ambiental, a la participación ambiental, al acceso a la información ambiental y a la salud. Según la fuente, el fallo está fechado el 3 de noviembre, con ponencia del magistrado Marino Coral Argoty, y tiene como origen las Resoluciones 0006 y 0007 del 18 de agosto de 2026, que ordenaron la fase experimental controlada; contra ese programa se promovieron acciones contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección de Antinarcóticos, en las que los demandantes denunciaron la presunta vulneración de derechos.

Lo que decidió el tribunal

Según la información publicada, la providencia hace dos cosas simultáneas que conviene leer por separado. Por un lado, mantiene la suspensión de la aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento: la medida protectora sigue vigente mientras se decide el fondo del asunto. Por otro, le fija un horizonte temporal: la medida no puede extenderse más allá de cuatro meses, lo que pone una fecha límite tanto a la protección como al litigio que la originó.

El fundamento declarado es la protección transitoria de cuatro derechos fundamentales conectados con la dimensión ambiental: el debido proceso ambiental, la participación ambiental, el acceso a la información ambiental y la salud. La enumeración es significativa: no se trata solo de un argumento sanitario sobre los efectos del herbicida, sino de un argumento procedimental -la forma en que se decide una política pública con impacto territorial- y de uno sustantivo, la salud de las comunidades expuestas.

El contexto: la erradicación de cultivos de uso ilícito

La aspersión aérea con glufosinato de amonio es uno de los instrumentos de la política de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia, aplicado en departamentos como el Putumayo. La discusión sobre sus instrumentos y sus efectos tiene una larga trayectoria judicial y política en el país, en la que se cruzan la eficacia de la estrategia contra los cultivos, el impacto sobre comunidades campesinas y ecosistemas, y los estándares de participación y consulta que el ordenamiento exige para decisiones de esta naturaleza.

En ese marco, los tribunales administrativos han sido un escenario recurrente: las medidas cautelares y las acciones colectivas y populares han marcado los ritmos y las condiciones de las políticas de erradicación durante años. La decisión del Tribunal Administrativo de Putumayo se inscribe en esa tradición de control judicial de las políticas públicas con impacto ambiental, con la particularidad de que fija un tope temporal explícito a su propia medida.

El límite de cuatro meses: una medida con fecha de salida

El tope de cuatro meses es el dato procesal más interesante de la decisión. Las medidas transitorias sin horizonte tienden a convertirse en soluciones de fondo por la vía del hecho; al limitarla, el tribunal obliga a que el debate de fondo ocurra dentro de un plazo concreto: las partes tendrán que producir el proceso -pruebas, argumentos, decisiones de las autoridades competentes- en ese lapso, so pena de que la suspensión caduque.

Para las comunidades y las autoridades, el mensaje práctico es simétrico: la protección existe pero no es indefinida, y la política de erradicación está suspendida pero no definitivamente anulada. Lo que ocurra dentro del plazo -en el proceso judicial y en la gestión administrativa- definirá el escenario posterior.

Qué sigue en el proceso

La naturaleza transitoria del amparo deja el fondo del asunto pendiente: la decisión definitiva sobre la aspersión y sus condiciones corresponde a las etapas siguientes del proceso, dentro del límite temporal fijado. El desarrollo del trámite -los alegatos de las partes, las pruebas sobre riesgos y efectos, la eventual decisión de fondo- determinará si la suspensión se consolida, se modula o se levanta al cumplirse el plazo.

Esta nota se basa en la información publicada por El Espectador con acceso parcial por suscripción; los detalles procesales adicionales -expediente, partes y providencia completa- no fueron accesibles en la fuente capturada y deberán verificarse contra el texto íntegro de la decisión cuando sea público.

El debido proceso ambiental como derecho protagonista

Que la decisión mencione expresamente el debido proceso ambiental y la participación ambiental -y no solo la salud- refleja una evolución del derecho ambiental colombiano: las políticas con impacto territorial no solo se evalúan por sus resultados, sino por cómo se adoptan. La participación de las comunidades afectadas y el acceso oportuno a la información dejan de ser formalidades para convertirse en condiciones de validez de la decisión pública, y los jueces los protegen con medidas transitorias cuando aparecen en riesgo. Para las entidades que diseñan políticas de erradicación, la lección es operativa: la consulta, la información previa y el procedimiento documentado no son requisitos accesorios sino el núcleo de lo que el juez va a revisar.

El peso del control judicial en la política de erradicación

La intervención de un tribunal administrativo en la ejecución de una política nacional de erradicación muestra el peso que el control judicial tiene en Colombia sobre las decisiones de política pública con impacto en derechos. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de este tema: las acciones populares y colectivas, las medidas cautelares y los amparos transitorios son instrumentos consolidados de ese control. Lo que la decisión del Putumayo agrega es una modulación temporal -el tope de cuatro meses- que busca evitar que la medida provisional se convierta en definitiva sin decisión de fondo, un equilibrio entre la urgencia protectora y la necesidad de que el proceso llegue a puerto.

El dato regional

El Putumayo es uno de los departamentos donde con más intensidad se ha debatido la erradicación: territorio de frontera, presencia histórica de cultivos de uso ilícito y comunidades que reclaman alternativas productivas. Las decisiones judiciales que allí se toman suelen tener efecto de precedente práctico para otros territorios con condiciones similares, razón por la cual el desarrollo de este proceso será seguido más allá de los límites del departamento.

Una decisión para leer con prudencia

Como toda medida transitoria, esta decisión no juzga el fondo: ni declara ilegal la aspersión ni valida la forma en que se venía ejecutando, sino que protege derechos mientras el proceso decide. Leerla como triunfo definitivo de cualquiera de las partes sería adelantarse a lo que la providencia -y el proceso- realmente dicen.

Preguntas frecuentes

¿Qué decidió el Tribunal Administrativo de Putumayo sobre el glufosinato?

Mantuvo suspendida la aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento -usada para erradicar cultivos de uso ilícito- y limitó la medida a un máximo de cuatro meses, amparando transitoriamente el debido proceso ambiental, la participación ambiental, el acceso a la información ambiental y la salud.

¿Qué derechos ampara la decisión?

Cuatro derechos fundamentales, de manera transitoria: el debido proceso ambiental, la participación ambiental, el acceso a la información ambiental y la salud, según la información publicada por El Espectador el 5 de noviembre de 2026.

¿La suspensión de la aspersión es definitiva?

No: es una medida transitoria con un tope de cuatro meses, dentro del cual el proceso deberá avanzar hacia una decisión de fondo sobre la aspersión y sus condiciones.

Fuentes y límites

Lecturas relacionadas

Fuentes

  1. Fuente. Consultada el 7 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

Equipo editorial de AGENTE LEX. Elaboramos análisis y actualidad para la abogacía a partir de fuentes públicas y oficiales, que enlazamos al final de cada artículo.

Ver ficha y artículos →