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Suspender la prohibición del período de prueba en los contratos de aprendizaje: la reserva de ley como freno al decreto

Una medida cautelar sobre una frase reglamentaria reabre una discusión mayor: dónde termina la potestad reglamentaria del Ejecutivo cuando el legislador ya habló.

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Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente una norma que prohibía establecer un período de prueba en los contratos de aprendizaje, como los que se celebran con los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje y otras personas vinculadas mediante esa modalidad de formación. La decisión, comunicada el 10 de noviembre de 2026, se tomó dentro de una demanda de nulidad contra una disposición del Decreto 223 de 2026, mediante la cual el Gobierno reglamentó aspectos relacionados con los contratos de aprendizaje. Es una medida cautelar, no un fallo de fondo, pero su lógica merece atención inmediata de empleadores y aprendices.

Lo que la Sala encontró

El razonamiento comunicado es lineal. La ley permite que el empleador y el aprendiz acuerden por escrito un período de prueba en este tipo de contratos. La reforma laboral más reciente, la Ley 2466 de 2025, estableció que el contrato de aprendizaje se regiría por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, que incluyen la posibilidad de pactar un período de prueba siempre que se cumplan las condiciones y los límites legales. El Gobierno, al prohibirlo de manera absoluta por decreto, excedió su facultad reglamentaria: eliminó por vía administrativa una posibilidad reconocida por el legislador.

La consecuencia cautelar fue la suspensión provisional de los efectos de la disposición prohibitiva, mientras se resuelve la demanda de nulidad.

La frontera entre reglamentar y legislar

El episodio es un manual de bolsillo sobre la reserva de ley en materia laboral. El Ejecutivo reglamenta: desarrolla, precisa, aterriza lo que la ley dispone. Pero cuando el reglamento suprime una facultad que la ley concede, deja de reglamentar y empieza a legislar, y ahí la competencia ya no es suya. El comunicado de la corporación usa la fórmula canónica: el Gobierno no podía eliminar mediante un decreto una posibilidad reconocida por el legislador.

La tensión no es nueva ni exclusiva del contrato de aprendizaje. La contratación pública, el régimen tributario y la función administrativa conocen disputas idénticas cada vez que un decreto intenta cerrar una puerta que la ley dejó abierta. Lo notable aquí es la velocidad de la reacción judicial: el decreto es de 2026 y su norma clave ya está suspendida provisionalmente en noviembre del mismo año.

Qué cambia en la práctica mientras tanto

La corporación fue explícita sobre el alcance: la decisión no significa que el período de prueba sea obligatorio ni constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma. Es una medida cautelar que se mantendrá mientras se resuelve la demanda.

En el interín, la regla operativa para empleadores que vinculan aprendices es la del Código Sustantivo del Trabajo: el período de prueba puede pactarse por escrito, dentro de las condiciones y límites legales. El pacto escrito no es un formalismo menor: es el requisito de existencia de la figura, y su ausencia la invalida. Para los aprendices, la suspensión tampoco borra sus garantías: el período de prueba, pactado válidamente, permite terminar el contrato sin indemnización dentro de su duración, pero no habilita abusos fuera de sus límites.

El fondo sigue abierto

La suspensión provisional anticipa un criterio, no lo cierra. La demanda de nulidad seguirá su curso y el fallo definitivo dirá si la prohibición reglamentaria cae o se mantiene. Pero la medida cautelar ya cumplió una función sistémica: recordar que en materia laboral la primera palabra y la última, salvo desarrollo reglamentario fiel, son de la ley. Los Gobiernos que reglamentan contra el texto legal ganan titulares y pierden suspensiones.

La medida cautelar y sus requisitos en el contencioso

Vale detenerse en el instrumento. La suspensión provisional de una norma es la medida cautelar típica del control de nulidad: no juzga el fondo sino la prudencia de mantener o detener los efectos del acto demandado mientras se decide. Su decreto no prejuzga la sentencia, pero tampoco es neutral: exige que la sala perciba, en la etapa preliminar, razones suficientes para preferir la parálisis temporal del acto sobre su vigencia. Que la corporación haya preferido suspender dice algo sobre la fuerza inicial del cargo de invasión de la reserva de ley.

El efecto práctico es inmediato y reversible: mientras la suspensión rija, la disposición prohibida no produce efectos, y si al final la demanda de nulidad no prospera, la norma recupera su vigencia sin que la suspensión la haya invalidado.

El contrato de aprendizaje después de la Ley 2466 de 2025

El fondo institucional de la disputa es el nuevo lugar del contrato de aprendizaje en el ordenamiento laboral. Al disponer que este contrato se regiría por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, la reforma de 2025 atrajo a su órbita figuras como el período de prueba, que el Código regula con precisión en sus artículos 76 a 80: estipulación por escrito, duración máxima de dos meses, terminación unilateral sin previo aviso y prestaciones completas durante la prueba. El decreto reglamentario intentó excluir una de esas figuras para los aprendices, y esa exclusión es la que la sala encontró desbordada.

El debate de política legislativa (si el período de prueba protege o precariza al aprendiz) es legítimo, pero tiene un único cauce válido: la ley. Mientras el legislador no la excluya, la figura existe para el contrato de aprendizaje con las mismas reglas del Código.

Qué observar en el fallo de fondo

La demanda de nulidad seguirá su curso y el fallo definitivo fijará la doctrina. Tres preguntas guiarán la lectura de esa sentencia cuando llegue: si la sala mantiene que la prohibición reglamentaria invadió la reserva de ley; si reconoce algún margen reglamentario de restricción distinto de la prohibición absoluta; y qué alcance da a la remisión que la Ley 2466 hizo al Código Sustantivo del Trabajo. Cada respuesta afectará no solo a los contratos de aprendizaje vigentes, sino al diseño de los programas de formación vinculada de las empresas que los usan como puerta de entrada laboral.

El SENA y la formación vinculada

El contrato de aprendizaje es la bisagra entre la formación técnica y el empleo en Colombia: miles de jóvenes entran cada año al mercado por esa puerta, y las empresas lo usan como etapa de observación real de los futuros trabajadores. La discusión sobre el período de prueba es, en el fondo, una discusión sobre cómo se estructura esa bisagra: con qué herramientas cuentan las partes para evaluarse mutuamente antes del vínculo pleno. La solución que el fallo definitivo adopte dirá mucho sobre el diseño laboral de la formación para el trabajo.

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Fuentes y límites

Comunicado de prensa del Consejo de Estado de Colombia, 10 de noviembre de 2026, sobre la suspensión provisional de la disposición del Decreto 223 de 2026 que prohibía el período de prueba en contratos de aprendizaje. Es una pieza de opinión editorial sobre una medida cautelar; la demanda de nulidad de fondo sigue en trámite. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: Consejo de Estado de Colombia. Consultada el 13 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

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