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España. Procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, sin perjuicio de especialidades sectoriales.
Declaración de lesividad de actos anulables
Es la declaración previa por la que una Administración considera lesivo para el interés público un acto favorable para un interesado que incurre en anulabilidad, a fin de impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La declaración no anula por sí misma el acto favorable.
Ámbito y reglas principales
Exige audiencia previa de los interesados y no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto. El procedimiento caduca si pasan seis meses desde su inicio sin declaración. Esta no es susceptible de recurso autónomo, sin perjuicio del examen judicial como presupuesto de admisibilidad de la acción, y puede notificarse con efectos informativos. Iniciado el procedimiento, cabe suspender la ejecución si pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Rigen los límites de revisión relativos a equidad, buena fe, derechos y leyes.
Diferencia con figuras próximas
No es la revisión de oficio por nulidad del artículo 106 ni una revocación libre de actos favorables. Aquí se trata de anulabilidad y la Administración debe acudir al juez para obtener la anulación pretendida.
Ejemplo hipotético
Ejemplo hipotético: una Administración detecta un vicio de anulabilidad en una resolución favorable y tramita audiencia y lesividad dentro de plazo antes de demandar su anulación judicial.
Fuentes y límites
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículos 107-108 y 110. Consulta: 2026-11-14.
Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.