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España, legislación mercantil estatal.
Defensa de la competencia
La defensa de la competencia es el conjunto de prohibiciones y controles que protegen la libre competencia en interés público: se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional, como la fijación de precios, la limitación de la producción o el reparto del mercado (art. 1 LDC), y queda prohibida la explotación abusiva de una posición de dominio (art. 2 LDC).
Ámbito y reglas principales
El artículo 1 LDC enumera como conductas colusorias típicas la fijación directa o indirecta de precios u otras condiciones, la limitación o control de la producción, distribución, desarrollo técnico o inversiones, el reparto del mercado o de fuentes de aprovisionamiento, la aplicación de condiciones desiguales a prestaciones equivalentes y la subordinación de contratos a prestaciones suplementarias (art. 1.1 LDC). El abuso de posición dominante puede consistir en imponer precios o condiciones no equitativos o limitar la producción en perjuicio injustificado de empresas o consumidores (art. 2 LDC).
Diferencia con figuras próximas
Protege el proceso competitivo del mercado como bien público, frente a la competencia desleal, que protege frente a comportamientos contrarios a la buena fe en el mercado; la LDC se aplica por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos autonómicos, con sanciones administrativas.
Ejemplo hipotético
Varias empresas de mensajería acuerdan repartirse las provincias y no competir entre sí: cometen una conducta colusoria prohibida por el art. 1 LDC, aunque no engañen a ningún cliente concreto.
Conceptos relacionados
Fuentes y límites
- Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, texto consolidado (BOE-A-2007-12946, última modificación 28/12/2023). arts. 1 y 2. Consulta: 2026-11-14.
Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.