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España, derecho común estatal.
Impugnación de acuerdos sociales
La impugnación de acuerdos sociales es la acción judicial por la que se atacan los acuerdos de la junta general de las sociedades de capital que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta, o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros (art. 204.1 LSC), así como los acuerdos del consejo de administración o de cualquier otro órgano colegiado de administración (art. 251 LSC).
Ámbito y reglas principales
La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun sin dañar el patrimonio social, se impone de forma abusiva por la mayoría, es decir, cuando sin responder a una necesidad razonable de la sociedad se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios (art. 204.1). No procede la impugnación si el acuerdo fue dejado sin efecto o sustituido válidamente antes de la demanda, ni por infracciones meramente procedimentales salvo las relativas a forma y plazo de convocatoria, reglas esenciales de constitución del órgano o mayorías, ni por incorrección de información no esencial, participación de no legitimados no determinante o invalidez o cómputo erróneo de votos no determinantes (art. 204.2 y 204.3). La acción caduca en un año, computado desde la adopción del acuerdo o, si se inscribió, desde la oponibilidad de la inscripción; si el acuerdo es contrario al orden público por sus circunstancias, causa o contenido, la acción no caduca ni prescribe (art. 205). Los acuerdos del consejo de administración o de cualquier otro órgano colegiado de administración pueden ser impugnados por los administradores en los treinta días siguientes a su adopción y por los socios que representen un uno por ciento del capital en los treinta días siguientes a su conocimiento, sin que haya transcurrido un año desde la adopción, rigiéndose por las reglas de la impugnación de acuerdos de la junta y procediendo además por infracción del reglamento del consejo (art. 251). En las sociedades anónimas cotizadas, la fracción de capital necesaria para impugnar es el uno por mil y, sin perjuicio de la regla del orden público, la acción caduca en tres meses (art. 495.2.b y 495.2.c). Están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo y representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital, porcentaje que los estatutos pueden reducir y cuyo no alcance solo priva de la impugnación, no del resarcimiento del daño; si el acuerdo es contrario al orden público está legitimado cualquier socio, aunque hubiera adquirido esa condición después (art. 206.1 y 206.2). La demanda se dirige contra la sociedad y se tramita por juicio ordinario; si la causa de impugnación es subsanable, el juez, a solicitud de la sociedad, otorgará un plazo razonable para subsanarla (arts. 206.3 y 207).
Diferencia con figuras próximas
Es la vía judicial de control de validez de los acuerdos de los órganos sociales, distinta de la junta general, que es el órgano que los adopta, y de la acción social de responsabilidad, que persigue el resarcimiento del daño causado a la sociedad por los administradores y no la ineficacia del acuerdo.
Ejemplo hipotético
La junta de una SL acuerda una modificación estatutaria adoptada por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de la minoría: un socio que posee el tres por ciento del capital desde antes del acuerdo la impugna dentro del año por imposición abusiva.
Conceptos relacionados
- Junta general de las sociedades de capital
- Acción social de responsabilidad contra los administradores
Fuentes y límites
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, texto consolidado (BOE-A-2010-10544, última modificación 03/01/2025). arts. 204 a 207, 251 y 495. Consulta: 2026-11-14.
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