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España, Ley Orgánica 1/1996 (norma estatal). La protección de menores es competencia también de las comunidades autónomas, cuya legislación no se analiza aquí.

Interés superior del menor

Derecho de todo menor a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, públicas o privadas, con criterios de interpretación y garantías procesales propios.

Ámbito y reglas principales

El art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 establece que el interés superior del menor prima sobre cualquier otro interés legítimo concurrente y que las limitaciones a su capacidad de obrar se interpretan de forma restrictiva (apartado 1). Para aplicarlo se tienen en cuenta criterios generales: la protección de la vida, supervivencia y desarrollo y la satisfacción de sus necesidades básicas; sus deseos, sentimientos y opiniones; un entorno familiar adecuado y libre de violencia, con prioridad de la familia de origen y, si hay medida de protección, del acogimiento familiar sobre el residencial; y la preservación de su identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma (apartado 2). Esos criterios se ponderan con elementos como edad y madurez, igualdad y no discriminación por especial vulnerabilidad, efecto irreversible del paso del tiempo, estabilidad de las soluciones y preparación para la vida adulta, conforme a necesidad y proporcionalidad (apartado 3). Si concurre otro interés legítimo, deben priorizarse las medidas que respeten ambos y, si no es posible, prima el del menor (apartado 4). Toda resolución judicial y toda medida debe respetar garantías: derecho a ser informado y oído, intervención de profesionales cualificados, participación de representantes y de defensor judicial si hay conflicto de interés (que se presume cuando la opinión del menor es contraria a la medida o la restringe), motivación con los criterios y la ponderación aplicados, y recursos de revisión (apartado 5).

Diferencia con figuras próximas

No es la patria potestad ni una medida concreta: es el criterio que debe guiar cualquier decisión que afecte al menor. Distinto del derecho a ser oído, que es una de sus garantías, y de la situación de desamparo, que es un presupuesto de actuación administrativa.

Ejemplo hipotético

Ejemplo hipotético: un juez decide la guarda de un menor y, en la motivación, indica los criterios del art. 2.2 y los elementos que ponderó, y oye al menor con apoyo de un profesional cualificado.

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Fuentes y límites

Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.