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España, Ley 41/2003 (norma estatal) y Código Civil; las legislaciones civiles forales pueden prever fiducia sucesoria y pacto sucesorio, que no se analizan.

Patrimonio protegido de las personas con discapacidad

Conjunto de bienes y derechos aportados a título gratuito y afectos a satisfacer las necesidades vitales de una persona con discapacidad, que es su única beneficiaria y titular.

Ámbito y reglas principales

La Ley 41/2003 busca favorecer esas aportaciones y garantizar su afección, incluidos frutos, productos y rendimientos, a las necesidades vitales de la persona; se rige por la ley con preferencia sobre el Título XI del Libro I del Código Civil (art. 1). Beneficiaria y titular es solo la persona en cuyo interés se constituye, con discapacidad psíquica igual o superior al 33 por ciento o física o sensorial igual o superior al 65 por ciento, acreditada por certificado o resolución judicial firme (art. 2). Pueden constituirlo la propia persona, quienes le prestan apoyo y, en su caso, la persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria; quien tenga interés legítimo puede pedir su constitución ofreciendo aportación suficiente, con acceso al Ministerio Fiscal si hay negativa injustificada (art. 3.1 y 3.2). Se constituye en documento público o resolución judicial, con inventario inicial y reglas de administración y fiscalización; los notarios lo comunican al fiscal (art. 3.3). Las aportaciones posteriores siguen las mismas formalidades, son siempre a título gratuito, sin término, y el aportante puede fijar el destino de los bienes al extinguirse (art. 4). La administración se rige por el documento de constitución, no exige subasta pública para enajenar, no considera disposición el gasto de dinero ni el consumo de bienes fungibles para necesidades vitales, y no pueden ser administradores quienes no puedan ser curadores (art. 5). Se extingue por muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario o por perder la condición de discapacidad del art. 2.2, y en el primer caso forma parte de su herencia (art. 6). Lo supervisa el Ministerio Fiscal, con rendición anual de cuentas cuando el administrador no es el propio beneficiario (art. 7). Se hace constar en el Registro de la Propiedad y otros registros (art. 8).

Diferencia con figuras próximas

No es la curatela (CC art. 269), que es una medida de apoyo a la persona; el patrimonio protegido es una masa patrimonial afecta a necesidades vitales y puede constituirla la propia persona.

Ejemplo hipotético

Ejemplo hipotético: unos padres aportan en escritura pública un piso y unos ahorros al patrimonio protegido de su hija con discapacidad reconocida del 40 por ciento psíquica; un administrador designado en la escritura rinde cuentas anuales al Ministerio Fiscal.

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Fuentes y límites

Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.