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España. Marco constitucional y legislación administrativa citada.

Potestad reglamentaria

Facultad de aprobar normas reglamentarias subordinadas a la Constitución y a las leyes, atribuida a los órganos competentes del poder público.

Ámbito y reglas principales

La Constitución atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes y somete su ejercicio al control de los tribunales. La LPAC contempla también su ejercicio autonómico y local en sus respectivos marcos. Los reglamentos deben respetar la competencia, la jerarquía normativa y la reserva de ley. En el ámbito del Gobierno de la Nación, la Ley 50/1997 regula las formas, la jerarquía y el procedimiento de elaboración, con trámites y excepciones que dependen del supuesto. No basta denominar un texto real decreto para acreditar que sea un reglamento válido.

Diferencia con figuras próximas

No equivale a la potestad legislativa ni a un acto administrativo singular. Un real decreto-ley y un real decreto legislativo tienen rango de ley y presupuestos constitucionales propios; tampoco todo real decreto es una norma reglamentaria. No debe confundirse con el reglamento de la Unión Europea, que pertenece a otro sistema de fuentes.

Ejemplo hipotético

Ejemplo hipotético: un ministerio aprueba una orden para desarrollar una ley. Deben comprobarse su competencia, el procedimiento y el respeto a las normas superiores; la existencia de una finalidad útil no permite contradecir la ley.

Fuentes y límites

Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

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