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España. Régimen jurídico del sector público regulado por la Ley 40/2015, con sus reglas de ámbito y especialidades.

Potestad sancionadora administrativa

Es la facultad de la Administración para imponer sanciones por infracciones en el ámbito que le reconoce la ley. Requiere habilitación y procedimiento, no una decisión discrecional de castigar conductas molestas.

Ámbito y reglas principales

Debe estar reconocida expresamente por norma con rango de ley y ejercerse por los órganos que la tengan atribuida. El capítulo se extiende a la potestad disciplinaria del personal público con los límites previstos; no se aplica sin más a las relaciones contractuales o patrimoniales que el artículo 25 excluye.

Diferencia con figuras próximas

No es potestad penal de los jueces ni una multa coercitiva destinada a obtener cumplimiento. La finalidad sancionadora exige su propio presupuesto y garantías.

Ejemplo hipotético

Ejemplo hipotético: una Administración no puede crear por mera decisión un castigo para una conducta sin habilitación legal y régimen aplicable.

Fuentes y límites

Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.