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La SCJN avala exigir la firma del cuestionario pericial en el juicio contencioso administrativo

El Pleno aprobó por ocho votos la propuesta del ADR 3412/2026 sobre el cuestionario pericial. Aguilar Ortiz objetó la consecuencia en el caso concreto.

Ilustración generada con IA: Cuestionario pericial ilustrado con hojas sin texto legible y un bolígrafo sobre una mesa vacía
Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por ocho votos contra uno la propuesta del amparo directo en revisión 3412/2026, relativa a la exigencia de que la parte demandante firme el cuestionario de la prueba pericial en el juicio contencioso administrativo federal. La versión taquigráfica oficial de la sesión del 9 de noviembre registra la aprobación con ajustes aceptados por el ponente, Irving Espinosa Betanzo. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz votó en contra y anunció voto particular. La cobertura se basa en ese registro de la decisión y distingue sus intervenciones del engrose definitivo, que no se presenta aquí como ya verificado.

Qué requisito se discutió

La controversia gira en torno al artículo 15, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La versión vigente que ofrece la Cámara de Diputados dispone que la persona demandante adjunte a su demanda el cuestionario que debe desahogar la persona perita, firmado por la propia demandante. El problema constitucional no era decidir si la pericial puede resultar útil, sino si exigir esa firma constituye una carga procesal justificada o un obstáculo indebido al acceso a la justicia.

El contexto es un juicio de nulidad y una prueba pericial contable. No debe trasladarse sin más el resultado a cualquier clase de peritaje en cualquier procedimiento mexicano. Las reglas examinadas pertenecen al contencioso administrativo federal y el expediente tiene sus propios antecedentes. Tampoco se trata de una instrucción para que la persona experta firme en lugar de la parte: el requisito discutido se refiere a la firma de quien demanda en el cuestionario que ofrecerá como parte de su prueba.

De dónde llegó el asunto

En la presentación pública del proyecto se explicó que un tribunal colegiado había considerado inconstitucional la exigencia, por estimarla contraria al acceso a la justicia y al debido proceso. Había concedido el amparo y ordenado reponer el procedimiento, absteniéndose de exigir la firma como requisito indispensable. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público controvirtió esa conclusión y el asunto llegó al Pleno mediante revisión.

Los puntos resolutivos sometidos a votación proponían revocar la sentencia recurrida en la materia de revisión, negar el amparo contra la sentencia del tribunal administrativo de origen y declarar infundado el recurso adhesivo. La taquigráfica registra que el asunto quedó resuelto en los términos de la mayoría y con los ajustes aceptados. Esta secuencia importa: el Pleno no estaba celebrando una audiencia para practicar la prueba ni resolviendo de nuevo sus aspectos técnicos, sino revisando la cuestión constitucional planteada.

La razón expuesta a favor de la firma

Espinosa Betanzo sostuvo que el cuestionario delimita el objeto de la pericial, orienta su desahogo y permite conocer los puntos sobre los que versará el dictamen. Desde esa perspectiva, la firma acredita que la parte hace suyas esas preguntas específicas. No sería una exigencia sin finalidad, aunque otro escrito relacionado con el ofrecimiento ya estuviera firmado. La vinculación entre oferente y cuestionario fue el núcleo del razonamiento que presentó.

La propuesta defendió que la carga no restringe la capacidad probatoria de la persona actora, sino que organiza la forma de ejercerla desde la demanda. Ese argumento se refiere al requisito legal examinado, no a una afirmación de que todas las formalidades procesales sean razonables en cualquier circunstancia. Explicar su finalidad tampoco elimina la necesidad de distinguir qué documento se omitió, qué se requirió y qué consecuencias prevé la ley para cada supuesto.

La objeción de Aguilar Ortiz

El ministro presidente centró su desacuerdo en las particularidades que expuso durante la sesión. Indicó que la parte había ofrecido la pericial en la demanda y, al atender una prevención, insistió en ella mediante un documento firmado, aunque el cuestionario no llevaba firma. A su juicio, analizar en conjunto esos escritos permitía reconocer la voluntad de ofrecer la prueba y los términos de su desahogo, sin exigir aisladamente otra firma.

Por ello consideró excesiva la consecuencia de impedir la pericial en ese caso y planteó la posibilidad de una interpretación conforme. No sostuvo simplemente que la norma careciera de texto o que la firma fuera imposible de cumplir. Su objeción enfrentó la finalidad atribuida al requisito con la voluntad que, en su lectura, ya podía desprenderse del conjunto documental. La diferencia no debe borrarse al reducir la sesión a un resultado numérico.

La respuesta del ponente

Espinosa Betanzo respondió que el examen propuesto por el presidente sería casuístico y lo distinguió del estudio de constitucionalidad de la disposición. Reiteró que la firma vincula directamente a la parte con las preguntas y con el alcance de la prueba. Aguilar Ortiz precisó que su referencia al caso ilustraba justamente una posible interpretación conforme de la exigencia y mantuvo su anuncio de voto particular.

La discusión permite identificar el punto de separación sin atribuir a todos los integrantes razones idénticas. La mayoría acompañó la propuesta, pero hubo reservas y apartamientos. El registro público no autoriza a tratar cada intervención como si fuera parte del texto final compartido por los ocho votos. Para citar la formulación definitiva de consideraciones o de una regla específica, debe consultarse el engrose cuando esté disponible y verificar su contenido.

Ocho votos, con matices

La Secretaría General de Acuerdos informó de ocho votos a favor de la propuesta, con ajustes aceptados por el ponente. Registró que Guerrero García se apartó del párrafo 46; Herrerías Guerra reservó voto concurrente; Batres Guadarrama acompañó con precisiones; y Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones de procedencia. El voto contrario correspondió a Aguilar Ortiz.

Esos matices no revierten el resultado anunciado, pero sí aconsejan no convertir la coincidencia en el sentido en unanimidad de razones. Además, mencionar una reserva no equivale a asegurar que el voto separado ya fue publicado ni permite reconstruir su texto por anticipado. Esta noticia informa lo que se anunció en la sesión, conservando la diferencia entre votación, anuncio de votos y documentos judiciales posteriores.

La prevención no debe desaparecer del relato

El artículo 15 vigente también regula el supuesto de documentos que no se adjuntan: prevé requerimiento para presentarlos dentro de cinco días y distingue las consecuencias si no se cumple. Para las pruebas de sus fracciones VII a IX, señala que se tendrán por no ofrecidas. La mención del plazo pertenece a ese marco normativo; no es un cómputo individual ni debe utilizarse para fijar el vencimiento de un expediente sin sus notificaciones.

Esa previsión impide describir la noticia como una autorización genérica para desechar automáticamente cualquier prueba por cualquier defecto. En el caso discutido hubo una prevención y el desacuerdo versó también sobre cómo leer los documentos presentados. Para el trabajo profesional, la comprobación concreta es revisar la norma y la actuación aplicable, sin sustituirlas por el titular. El resultado de esta sesión aporta una decisión sobre un requisito preciso, no un inventario completo de todos los problemas de admisión de la pericial.

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Fuentes y límites

Versión taquigráfica oficial de la sesión de 9 de noviembre de 2026, páginas impresas 11 a 22, leídas completas; LFPCA, texto vigente de la Cámara de Diputados, artículo 15; y proyecto público ADR 3412/2026, identificado como proyecto, no como engrose final. Consulta del 11 de noviembre de 2026. No se afirma publicación de tesis, engrose o votos separados ni alcance obligatorio no verificado. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: www.scjn.gob.mx. Consultada el 11 de noviembre de 2026.
  2. Fuente consultada: www.diputados.gob.mx. Consultada el 11 de noviembre de 2026.
  3. Fuente consultada: www2.scjn.gob.mx. Consultada el 11 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

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