La Autoridad Investigadora de la LFCE: autonomía, denuncias y el motor del procedimiento de competencia en México
La etapa de investigación es donde se ganan o se pierden los casos de competencia: conocer a la Autoridad Investigadora es conocer el tablero.

La Ley Federal de Competencia Económica tiene en su artículo 2 una declaración de propósitos sin medias tintas: promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras a la libre concurrencia. Ese mandato se ejecuta a través de un procedimiento seguido en forma de juicio, y su motor es la Autoridad Investigadora. Para los despachos que practican competencia, entender su diseño, su autonomía y sus atribuciones es la base de cualquier estrategia, ofensiva o defensiva.
El artículo 26: órgano con autonomía y parte en el juicio
El artículo 26 define a la Autoridad Investigadora como el órgano de la Comisión encargado de desahogar la etapa de investigación y como parte en el procedimiento seguido en forma de juicio. La doble condición es la clave institucional: no es un simple auxiliar administrativo, sino una parte procesal con interés técnico propio, dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento. La separación entre quien investiga y quien resuelve es la garantía estructural del sistema: el Pleno juzga sobre un expediente construido por una parte que sostiene su caso, y los investigados ejercen su defensa frente a esa parte, no frente al juez.
Las atribuciones del artículo 28
El artículo 28 despliega las atribuciones de la Autoridad Investigadora, empezando por la entrada del sistema: recibir y, en su caso, dar trámite o desechar por notoriamente improcedentes las denuncias o solicitudes que se presenten ante la Comisión por probables violaciones a la ley, en términos de sus artículos 94 y 96. El filtro de la improcedencia notoria es la primera decisión estratégica del proceso: una denuncia bien construida supera ese filtro y abre investigación formal; una mal construida muere en la puerta. Para quien denuncia, la calidad de la narrativa probatoria inicial lo es todo.
La investigación como etapa decisiva
La experiencia de los procesos de competencia muestra que la etapa de investigación concentra la suerte del caso: visitas de inspección, requerimientos de información y pruebas acumuladas conforman el expediente sobre el que el Pleno decidirá. La Autoridad Investigadora conduce esa etapa con sus propios tiempos y criterios, y la interacción con ella, los escritos de descargo, la producción de pruebas y la negociación del alcance de los requerimientos, es el terreno donde los despachos especializados marcan la diferencia. Llegar al procedimiento jurisdiccional con un expediente débil es llegar tarde.
La reforma institucional de 2025 y su lectura
El texto vigente de la ley exhibe las huellas de la reforma de 2025: el propio cuerpo normativo registra disposiciones derogadas por el Diario Oficial del 16 de julio de 2025, en el marco de la reorganización institucional de la función de competencia. Para los operadores, la lección práctica es verificar siempre el texto vigente consolidado: las atribuciones, los órganos y los procedimientos de la LFCE viven una transición institucional, y las estrategias construidas sobre la versión anterior de la ley pueden descansar sobre disposiciones ya derogadas. La consulta del texto oficial actualizado es el primer acto de cualquier asesoría en la materia.
La denuncia como herramienta de mercado
El artículo 28 convierte a la denuncia en una herramienta al alcance de cualquier competidor afectado: presentar ante la Comisión la probable violación, con los elementos que superen el filtro de la improcedencia notoria, es una vía de defensa de la posición en el mercado frente a prácticas monopólicas o barreras de competencia. Las denuncias estratégicas bien fundamentadas han abierto en México investigaciones que reordenaron mercados completos, y su costo es una fracción del de un litigio civil por daños. La contracara es el deber de precisión: la denuncia frívola o de mala fe desgasta al denunciante y desperdicia el filtro del artículo 28.
La defensa frente a la Autoridad Investigadora
Del otro lado, el investigado que enfrenta a la Autoridad Investigadora debe reconocerla como lo que es: una parte procesal profesional con autonomía y oficio. La defensa efectiva combina respuesta técnica rigurosa a los requerimientos, producción anticipada de pruebas favorables y una narrativa económica del mercado que compita con la de la investigación. La interacción informal y la subestimación de la Autoridad son errores históricos que los expedientes sancionadores documentan una y otra vez.
Conclusión
Los artículos 26 y 28 de la LFCE configuran la pieza que pone en marcha la protección de la competencia prometida por el artículo 2: una Autoridad Investigadora autónoma, parte en el procedimiento y dotada de las atribuciones de recepción, filtro e investigación de las denuncias. Para los despachos, dominar esa etapa es dominar el proceso, porque en competencia, como en pocos campos, el caso se construye antes de que empiece formalmente el juicio.
El procedimiento en forma de juicio como garantía
La calificación del procedimiento como seguido en forma de juicio, que el artículo 26 incorpora a la definición de la propia Autoridad Investigadora, es la columna de las garantías del sistema: etapas ordenadas, partes enfrentadas, producción de pruebas y resolución motivada del órgano decisor. Esa arquitectura jurisdiccional distingue al modelo mexicano de los sistemas puramente administrativos y eleva el estándar de la defensa: los investigados no enfrentan una potestad sancionadora unipersonal, sino un contradictorio estructurado. Para el despacho que planifica, esa estructura marca los tiempos y los momentos de cada movimiento procesal.
El calendario estratégico de una investigación
Una investigación de competencia tiene un calendario de etapas que la estrategia debe respetar: presentación y filtro de la denuncia, apertura y desarrollo de la investigación, cierre del expediente y traslado a la fase contenciosa. En cada una, las decisiones de las partes tienen efectos irreversibles: lo que no se ofreció como prueba en su momento no se rehabilita después, y los escritos de la etapa temprana fijan el perímetro de la controversia posterior. Los despachos especializados gestionan ese calendario con la misma disciplina con que un litigante gestiona un juicio mercantil, porque funcionalmente lo es.
Competencia y cumplimiento corporativo
Finalmente, la existencia de una Autoridad Investigadora activa ha transformado el compliance de las empresas mexicanas: los programas de competencia económica, con protocolos de contacto con competidores, capacitación y manejo de visitas de inspección, son hoy estándar en las organizaciones expuestas. El costo de esos programas se justifica con una sola cifra comparativa: el de una investigación mal gestionada. En el mercado de los servicios legales, la competencia económica se ha consolidado como una de las prácticas de mayor crecimiento, y la Autoridad Investigadora es, en buena medida, su razón de ser.
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Fuentes y límites
Ley Federal de Competencia Económica, texto vigente Cámara de Diputados, artículos 2, 26 y 28 leídos completos y verificados el 14 de noviembre de 2026, incluidas las notas de reforma y derogación del DOF de 16 de julio de 2025. Esta guía es informativa y no constituye asesoramiento jurídico; la estrategia en procedimientos de competencia requiere análisis del caso concreto y del texto vigente al día.
Fuentes
- Fuente consultada. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


