Abrogar la evaluación: el gesto que dice más que mil comunicados

Un acuerdo administrativo que nace un 5 de noviembre y muere un 9, abrogado por unanimidad de los cinco integrantes del órgano que lo creó, no es un episodio menor de gestión. Es una radiografía. La abrogación del acuerdo AG-POAJ-025/2026 -el que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación- mediante el acuerdo AG-POAJ-027/2026 merece una lectura pausada, porque lo que se ventiló en esos cuatro días dice mucho sobre el estado de la gobernanza judicial mexicana.

Los hechos

Según reportó UnoTV y consta en la edición vespertina del Diario Oficial, el Órgano de Administración Judicial abrogó en su totalidad el acuerdo de evaluación aprobado apenas cuatro días antes. La decisión siguió a reuniones con tres organizaciones sindicales y ocurrió en medio de los cierres de juzgados y tribunales federales -al menos medio centenar, según el propio OAJ- que no cedieron pese al compromiso de normalización pactado para ese mismo lunes.

La argumentación oficial es transparente en su crudeza: la abrogación buscó favorecer la continuidad del servicio de impartición de justicia. Dicho de otro modo, la evaluación se sacrificó para abrir puertas.

La evaluación que no era el problema

Conviene decirlo con claridad: evaluar al personal judicial no es una ocurrencia ni una venganza institucional. Todo sistema de justicia serio mide el desempeño de quienes lo operan, y el mexicano ha sido históricamente débil precisamente ahí: carreras administrativas opacas, ascensos sin mérito verificable, impunidad interna para la negligencia. Un sistema de evaluación bien diseñado -con criterios objetivos, debido proceso y consecuencias proporcionales- es una herramienta de mejora, no de persecución.

El acuerdo abrogado pudo tener defectos. El comunicado citado señala que los compromisos sindicales incluían eliminar efectos sancionatorios, suprimir evaluaciones extraordinarias y revisar criterios de subjetividad: correcciones razonables que pudieron hacerse dentro del propio instrumento. Se eligió en cambio el borrón completo.

Lo que enseña el episodio

La primera enseñanza es de método. Un acuerdo que se publica sin consenso previo suficiente y se abroga cuatro días después revela un proceso de decisión deficiente: o no se midió la reacción, o se midió y se ignoró. Ninguna de las dos opciones habla bien de la planeación institucional.

La segunda es de poder. El episodio confirma que los cierres de juzgados funcionan como instrumento de negociación efectivo. Cuando la presión física sobre el servicio obtiene en días lo que la deliberación no obtuvo en semanas, el incentivo para repetir la táctica queda instalado. El costo lo pagan los justiciables, que no participaron en la disputa y cuyos asuntos esperaron puerta cerrada.

La tercera es de vacío. La abrogación no sustituyó el sistema derogado por otro: dejó, por ahora, un hueco. El propio reporte periodístico subraya que el acuerdo nuevo no establece la desaparición definitiva de las evaluaciones ni presenta un procedimiento sustituto. El Poder Judicial quedó, en esta materia, sin reglas escritas.

El fondo que nadie debería perder

Detrás del episodio hay una tensión mayor que no se resolverá con acuerdos administrativos: la reforma judicial cambió la estructura del Poder y la relación con su personal, y esa transición se está procesando con conflictividad laboral, desconfianza mutua y comunicación precaria. La evaluación del desempeño es apenas uno de los frentes; habrá otros.

En ese contexto, la tentación de la autoridad será comprar calma con concesiones, y la tentación de los sindicatos será cobrar cada transición con movilización. Ambas tentaciones convergen en el mismo resultado: un Poder Judicial administrado por coyunturas.

Una sugerencia modesta

Si la evaluación va a volver -y debería volver-, que lo haga por la vía que no se intentó esta vez: diseño participativo con plazo, criterios publicados y discutidos antes de la firma, periodo de prueba sin efectos y mecanismo de revisión. Los sistemas de evaluación que sobreviven no son los más estrictos: son los que se construyeron con quienes serán evaluados.

Y si no va a volver, que se diga. También la franqueza es una forma de gobernanza.

Lo que observar

Tres señales dirán si el episodio fue táctica o rumbo: si se anuncia un nuevo sistema de evaluación y con qué contenido; si los cierres cesan de manera sostenida o reaparecen en la siguiente controversia; y si el OAJ logra que su siguiente acuerdo relevante dure más de cuatro días. La credibilidad administrativa, como la judicial, se construye con precedentes.

El antecedente incómodo

La historia de la administración judicial mexicana ofrece un patrón que conviene recordar: los sistemas de evaluación y carrera se anuncian con solemnidad y se erosionan en silencio. Cada generación de consejeros y administradores ha inaugurado mecanismos de medición del desempeño que, con los años, se convirtieron en trámites sin consecuencia o desaparecieron ante la primera resistencia organizada. El resultado acumulado es un cuerpo de personal judicial cuya trayectoria rara vez se ha visto afectada por la calidad verificable de su trabajo.

La abrogación de esta semana corre el riesgo de inscribirse en esa tradición. No porque la evaluación sea intocable -todo sistema puede y debe mejorarse- sino porque la forma en que desapareció enseña más que su contenido: cuatro días de vigencia, presión mediante cierre de juzgados, unanimidad retrospectiva.

Lo que el ciudadano ve

Desde fuera del Palacio, el episodio se lee de manera simple: el Poder Judicial pidió al país una reforma en nombre de la rendición de cuentas, y su propio órgano administrativo acaba de abolir el primer instrumento de rendición de cuentas interna que intentó aplicar. Esa contradicción, justa o no, alimenta el escepticismo público sobre la capacidad del Poder para gobernarse a sí mismo.

Recuperar la iniciativa exigirá algo más difícil que publicar acuerdos: sostenerlos.

La salida institucional

La salida de este callejón no es técnica sino política e interna: reconstruir la confianza mínima entre la administración y el personal para que las reglas puedan discutirse sin que cada acuerdo se convierta en rehén de la siguiente movilización. Eso exige diálogo previo real, no negociación de emergencia; calendarios conocidos, no sorpresas de cuatro días; y consecuencias previsibles, no decisiones bajo asedio. Nada de eso es fácil, pero todo lo demás ya se intentó esta semana y terminó en abrogación.

Epílogo provisional

Esta historia no terminó el 9 de noviembre. Terminará cuando exista un sistema de evaluación que sobreviva a la primera protesta, o cuando quede claro que no existirá. Entre ambos desenlaces hay una diferencia que el Poder Judicial debería cuidar más que nadie: la que separa una institución que se corrige de una que se rinde.

Preguntas frecuentes

¿Qué se abrogó exactamente?

El acuerdo AG-POAJ-025/2026, que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. La abrogación se publicó mediante el acuerdo AG-POAJ-027/2026.

¿Desaparecen para siempre las evaluaciones?

No necesariamente. El nuevo acuerdo no establece su desaparición definitiva ni presenta un procedimiento sustituto; el futuro del sistema queda abierto.

¿Por qué se tomó la decisión?

Según el OAJ, para favorecer la continuidad del servicio de justicia ante la persistencia de cierres de juzgados y tribunales federales, pese al compromiso sindical de normalización.

¿Quién aprobó la abrogación?

El Pleno del Órgano de Administración Judicial, por unanimidad de sus cinco integrantes, con vigencia desde el 9 de noviembre de 2026.

Fuentes y límites

Columna de opinión basada en el reporte periodístico citado y en el acuerdo publicado en el DOF. Los juicios expresados son del análisis editorial. Información, no asesoramiento jurídico.