13 mil 712 nombres después: la lista negra del SAT ya es un universo, no una excepción
Entre los 92 nuevos incluidos hay bufetes jurídicos, contadores y comercializadoras de combustible. La pregunta ya no es si la lista crece, sino qué significa que crezca así.
Esta semana el Servicio de Administración Tributaria incluyó a 92 contribuyentes más en su lista negra del artículo 69-B, y con ellos la cifra de definitivos al cierre del tercer trimestre de 2026 llegó a 13 mil 712, según informó Infobae el 7 de noviembre con datos de la propia autoridad fiscal. El dato ya no es noticioso por la mecánica -que este medio explicó ayer a propósito de los últimos listados publicados en el Diario Oficial- sino por la escala: lo que nació como un instrumento quirúrgico contra las empresas factureras se ha convertido en un universo de miles de contribuyentes, y su composición empieza a decir cosas incómodas sobre la propia profesión jurídica.
Los números de esta semana
De los 92 contribuyentes incorporados, 76 fueron identificados como personas que facturan operaciones simuladas: notificados previamente a través del buzón tributario, no ofrecieron documentación que desvirtuara los hechos señalados. Los 16 restantes sí presentaron argumentos o pruebas, aunque finalmente quedaron incluidos en el listado. La distribución por tipo de persona muestra 65 morales y 27 físicas, y la geografía concentra 15 domicilios fiscales en la Ciudad de México y nueve en el Estado de México, con el resto disperso en Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Nayarit y Campeche.
El listado completo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, conforme a la ley, después de que los 92 contribuyentes incumplieran con el artículo 69-B del Código Fiscal. Entre las compañías que la nota destaca figuran ASFALTOS Y AGREGADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.; ALSA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.; BLACKCOMER, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS MARVI, S.A. DE C.V.; ESTACION DE SERVICIO UMBELA, S.A.S. DE C.V., y GRUPO COMERCIAL DE MEXICO OLAN, S.A. DE C.V.
El dato que debería incomodar a los despachos
El detalle más relevante para este medio no es el nombre de ninguna empresa, sino el catálogo de actividades que la autoridad identificó entre los incluidos: comercio al por menor, servicios de consultoría en administración, agencias de publicidad, comercialización de diésel y gasolina y -aquí la parte incómoda- bufetes jurídicos y servicios de contabilidad y auditoría. Que firmas dedicadas a asesorar sobre el cumplimiento ajeno aparezcan en una lista de presunta simulación de operaciones es un síntoma que la profesión no debería dejar pasar como una estadística más.
Hay dos lecturas posibles, y ninguna es tranquilizadora. La primera es que algunos despachos prestaron su estructura a esquemas de facturación sin sustancia, directa o indirectamente. La segunda es que el procedimiento del 69-B, diseñado para detectar capacidad material, atrapa también a estructuras de servicios profesionales cuya "capacidad" -personal, infraestructura- es más difícil de acreditar documentalmente que la de una planta industrial. En ambos casos, la lección es la misma: el expediente que prueba la realidad de una operación de servicios profesionales exige un rigor documental que muchos despachos no aplican a su propia operación.
Un universo, no una excepción
Las cifras agregadas que acompañan la nota ponen la inclusión semanal en perspectiva. Al cierre del tercer trimestre de 2026, el SAT registró 15 mil 013 contribuyentes que incumplieron el artículo 69-B, de los cuales 13 mil 712 permanecen de manera definitiva en la lista negra. La autoridad también reportó 198 mil 980 contribuyentes con cancelación del uso de su Registro Federal de Contribuyentes por infracciones ligadas a créditos fiscales, y 161 mil 605 con restricción del uso de sellos digitales. Y al cierre de septiembre de 2026, el universo total de contribuyentes incumplidos -que suma los casos del artículo 69-B, créditos fiscales, sentenciados y no localizados- alcanzó 921 mil 534.
Una cifra de esa magnitud obliga a revisar el relato. Cuando los definitivos se cuentan por decenas de miles y los incumplidos por cientos de miles, el problema ya no es un puñado de factureras profesionales: es un fenómeno estructural de la relación entre la administración fiscal y el tejido empresarial. Cada inclusión definitiva arrastra consigo a los clientes que dedujeron con esas facturas, de modo que el efecto multiplicador sobre el contribuyente formal -el que compró de buena fe- es la parte de la historia que rara vez se cuenta.
El contexto recaudatorio que explica la presión
Nada de esto ocurre en el vacío. La dependencia a cargo de Antonio Martínez Dagnino contabilizó, en el acumulado a septiembre de 2026, 4.293 billones de pesos en ingresos tributarios: 2.205 billones por Impuesto Sobre la Renta, 1.336 billones por Impuesto al Valor Agregado y 502 mil 906 millones por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y, sin embargo, la proporción de la recaudación respecto al Producto Interno Bruto no logra superar el 16 por ciento. Esa brecha -una recaudación récord en términos absolutos que sigue siendo baja en términos relativos- es el motor político de la ofensiva contra la simulación de operaciones, y no hay razón para esperar que afloje.
Para la autoridad, cada contribuyente incluido en la lista es una victoria comunicable; para el sistema, la pregunta es si la presión selectiva está cambiando conductas o solo acumulando nombres. Con 13 mil 712 definitivos, el instrumento ya prueba su capacidad de inclusión; lo que está por verse es su capacidad de disuasión.
La tarea pendiente del lado del contribuyente
El fenómeno tiene una cara menos visible: la defensa de quienes recibieron facturas de los incluidos. Con semejante volumen de emisores definitivos, la probabilidad de que una empresa formal tenga en su historial de compras a algún proveedor hoy listado ya no es remota. La revisión periódica del padrón de proveedores contra los listados vigentes, la atención disciplinada al buzón tributario -canal por el que se notifican los oficios de presunción- y la conservación ordenada de la evidencia de cada operación dejaron de ser buenas prácticas opcionales. Son, a estas alturas, el seguro de supervivencia fiscal del contribuyente común.
Y hay una tarea adicional para los despachos que asesoran a empresas: incorporar la vigilancia del 69-B a la rutina de consulta. Revisar trimestralmente los listados contra la cartera de proveedores de cada cliente, documentar la diligencia realizada y alertar de inmediato cuando aparezca un nombre conocido son servicios que el cliente ya no percibe como un extra, sino como parte mínima de la asesoría fiscal. El despacho que espera a que el cliente pregunte llega tarde: con un universo de 921 mil 534 incumplidos, la pregunta ya debería estar respondida antes de hacerse.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos contribuyentes están de forma definitiva en la lista negra del SAT?
Según datos de la propia autoridad fiscal citados por Infobae, al cierre del tercer trimestre de 2026 son 13 mil 712 los contribuyentes que permanecen de manera definitiva en el listado del artículo 69-B, de un universo de 15 mil 013 que incumplieron esa disposición.
¿Qué actividades tienen los 92 contribuyentes incluidos esta semana?
La autoridad identificó empresas dedicadas al comercio al por menor, consultoría en administración, bufetes jurídicos y servicios de contabilidad y auditoría, agencias de publicidad y comercialización de diésel y gasolina, entre otras. Del total, 65 son personas morales y 27 personas físicas.
¿Qué puede hacer quien dedujo con facturas de un contribuyente incluido?
El artículo 69-B abre una ventana de treinta días posteriores a la publicación del listado para acreditar ante la autoridad que la operación fue real, o para corregir la situación fiscal mediante declaraciones complementarias. La defensa depende de la evidencia documental conservada.
Fuentes y límites
Esta pieza de opinión se apoya en la nota de Martín Enriquez publicada por Infobae el 7 de noviembre de 2026 (enlace), que cita datos del SAT. Las cifras de inclusión, distribución sectorial y geográfica, recaudación y contribuyentes incumplidos provienen de esa nota; no se verificaron de forma independiente contra el comunicado primario de la autoridad. La interpretación editorial es propia de este medio. Para la mecánica legal del artículo 69-B y los efectos de los listados definitivos, véase la cobertura de actualidad enlazada abajo.
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Fuentes
- Fuente. Consultada el 8 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
