Mediadores.es nace para certificar en cinco minutos el intento de acuerdo previo que exige la LO 1/2025
Mediadores.es automatiza el intento de acuerdo previo de la LO 1/2025 con entrega eIDAS: 110 euros por trámite y mediadores del Ministerio.
La Ley Orgánica 1/2025 convirtió el intento de solución extrajudicial en condición de admisibilidad de la mayoría de las demandas civiles y mercantiles. Lo que no trajo fue la infraestructura para acreditarlo: no hay registro público de intentos, ni formulario oficial, ni canal estatal. En ese hueco práctico nace Mediadores.es, una plataforma que promete comprimir a cinco minutos la confección y el envío certificado de la propuesta formal, frente a las semanas de la gestión analógica.
El cuello de botella, medido
La barrera no es teórica. Según el I Estudio sobre el impacto de la norma, elaborado por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en diciembre de 2025 entre 1.164 letrados, el 49,3% de los profesionales asegura haber afrontado serias dificultades para certificar el intento de solución extrajudicial ante los juzgados, y el 71,7% denuncia la disparidad de criterios entre tribunales al validar los justificantes. El estándar probatorio se ha endurecido: ya no basta alegar predisposición negociadora; hacen falta evidencias documentales con trazabilidad e inalterabilidad técnica.
Qué hace la herramienta
El diseño separa la estrategia de la burocracia. "El abogado salvaguarda la estrategia; la plataforma asume la burocracia", resume Federico Cadenas, consejero delegado de la compañía y jurista con más de tres décadas de ejercicio. El profesional redacta la propuesta y la plataforma se encarga de notificaciones y seguimiento.
El pilar técnico es la trazabilidad: las comunicaciones se cursan por entrega electrónica certificada bajo el Reglamento europeo eIDAS, con un registro auditable que fija emisor, destinatario, fecha, hora exacta y confirmación de acceso al contenido. Cada actuación incorpora sellado de tiempo cualificado. Si la contraparte rechaza la propuesta o guarda silencio durante los 30 días que fija la ley, el sistema emite el certificado oficial de intento infructuoso; si acepta, el asunto deriva a un procedimiento formal de mediación, presencial o telemático, con un mediador inscrito en el Registro del Ministerio de Justicia.
Precios cerrados y cliente más allá del despacho
El modelo económico aplica costes cerrados, independientes de la cuantía reclamada: abrir el trámite cuesta 110 euros (más IVA) para un destinatario y 150 euros para convocatorias múltiples, con tarifas tasadas si se sustancia la mediación. Aunque el cliente natural son los bufetes, la plataforma extiende el servicio a administradores de fincas, grandes compañías y particulares. En las disputas civiles de menor cuantía en las que no es preceptivo abogado ni procurador, pero sí el intento previo, el entorno digital integra formularios guiados y un centro de conocimiento con guías, preguntas frecuentes y vídeos.
Del requerimiento al certificado, paso a paso
La operativa, tal como la describe la compañía, sigue un itinerario cerrado. El letrado o el particular registra el expediente, redacta la propuesta de acuerdo y la plataforma la remite por canal certificado a la contraparte, que dispone del plazo legal para aceptar, rechazar o callar. Cada evento queda sellado: envío, recepción, acceso al contenido y respuesta. El resultado final, haya negociación o no, es un expediente probatorio completo y oponible en el juicio.
Ese expediente es, en realidad, el producto que se vende. No la mediación, que puede ni producirse, sino la prueba documental que desbloquea la demanda cuando el juzgado examina la admisibilidad.
Lectura para el mercado
Mediadores.es es un ejemplo de la segunda ola legaltech española: no prometer IA que redacta, sino resolver un punto procesal concreto que la reforma dejó sin operativa. Su recorrido dependerá de dos factores: la aceptación judicial uniforme de sus certificados —el 71,7% de disparidad de criterios del estudio del ICAM juega en contra de cualquier estándar privado— y la capacidad de escalar un servicio que cobra por trámite en un mercado donde el volumen lo marcarán las reclamaciones de consumo y de cantidad.
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Fuentes
- eleconomista.es. Consultada el 29 de octubre de 2026.
Los datos concretos de este artículo proceden de las fuentes oficiales citadas.
