Defender no es confundirse con el defendido: guía de ética de la defensa penal
El Colegio de Abogados lo dijo con claridad: sospechar del defensor por el delito que se imputa a su cliente pone en riesgo el Estado de Derecho.

El Colegio de Abogados del Uruguay advirtió el 4 de noviembre de 2026 sobre la estigmatización de los defensores, a raíz de la polémica pública por el caso de un penalista que ejerció la defensa de personas acusadas de narcotráfico y luego ganó un concurso para ingresar a la Fiscalía. La asociación sostuvo que sospechar del abogado por el ejercicio de su función instala una "injusta y prejuiciosa desconfianza" que pone en riesgo el Estado de Derecho. Esta guía ordena los principios éticos de la defensa penal y ofrece pautas para sostenerlos en la práctica.
El fundamento: qué defiende el defensor
El abogado defensor no defiende el delito: defiende a una persona sometida al poder punitivo del Estado y, con ella, las garantías que hacen legítimo ese poder. El principio de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa no son favores al imputado: son condiciones de validez de la condena misma. Solo una sentencia firme establece responsabilidad penal, y esa sentencia solo es legítima si hubo defensa adecuada.
El CAU lo formuló así: "el abogado defensor penal no defiende condenados, sino a personas que están siendo investigadas o acusadas". Confundir al profesional con la causa de su cliente invierte esa lógica elemental y convierte el ejercicio de un derecho fundamental en motivo de sospecha.
El caso que encendió el debate
La declaración del Colegio salió a la luz después de una reunión de su Directorio convocada para fijar posición sobre la polémica instalada por el caso del abogado Raúl Estomba, penalista que ejerció la defensa de personas acusadas de narcotráfico y que había ganado un concurso para ingresar a la Fiscalía. El debate escaló rápidamente del ámbito profesional al político: desde el Poder Ejecutivo se transmitió preocupación por la situación y en el Parlamento algunos legisladores anticiparon que no votarían la venia necesaria para que el profesional accediera al cargo.
El CAU fue cuidadoso en los términos: aclaró que no contaba con elementos para pronunciarse sobre el caso particular, y que su posición estaba dirigida a proteger el derecho a la defensa como institución. La precisión importa, porque marca el límite correcto entre la discusión sobre una designación concreta, que tiene sus cauces, y la sospecha generalizada sobre quienes ejercen la defensa penal, que no los tiene.
Por qué la estigmatización daña al sistema entero
La advertencia del Colegio apunta a una cadena de efectos conocida. Si defender ciertos casos expone al abogado al menoscabo público o profesional, los defensores "comenzarán a pensarlo dos veces antes de aceptar determinadas defensas". El resultado no es menos delincuencia: es peor justicia, con imputados de alto perfil sin defensa técnica independiente y procesos más débiles, más apelables y menos confiables.
La preocupación por la infiltración del crimen organizado en las instituciones es legítima, y el propio CAU la reconoce y comparte. El error está en el instrumento: focalizar la solución en la estigmatización de quienes ejercen la defensa, en lugar de atacar la corrupción de funcionarios donde efectivamente exista.
Límites reales del ejercicio de la defensa
Que la defensa sea un derecho no la convierte en cheque en blanco. El penalista actúa dentro de límites precisos: no puede fabricar ni ocultar pruebas, no puede inducir el falso testimonio, no puede usar el patrocinio para cometer o encubrir delitos, y mantiene deberes de lealtad al proceso además de a su cliente. La ética de la defensa protege la función, no la impunidad del profesional: un abogado que cruza esos límites puede enfrentar responsabilidad disciplinaria, civil o penal, según el caso y la normativa que le sea aplicable.
La distinción es la que importa: se vigila al abogado por su conducta, no por la identidad o los delitos atribuidos a sus clientes.
La mirada hacia el lado equivocado
Fuentes del Colegio resumieron el problema con una frase: se está mirando hacia el lado equivocado. La estigmatización coloca el foco sobre el ejercicio de la defensa penal cuando el verdadero problema, si existe, sería la eventual corrupción de funcionarios públicos. Afirmar la culpabilidad del imputado antes o durante el juicio, como suele ocurrir en el debate público de casos resonantes, desconoce los pilares del sistema judicial y democrático: solo una sentencia firme establece responsabilidad penal, y esa sentencia únicamente es posible mediante la garantía efectiva de una defensa adecuada.
Pautas prácticas para el defensor
Documentar la conducta propia. Registros claros de honorarios, comunicaciones y decisiones estratégicas protegen al profesional si su labor es cuestionada.
Separar la defensa técnica de la simpatía personal. Aceptar una defensa no implica avalar los hechos imputados; comunicarlo así, ante el cliente y ante el público cuando corresponda, preserva el rol.
Conocer y usar los cauces institucionales. El CAU cuenta con cauces institucionales para canalizar denuncias y examinar conductas concretas conforme a la normativa aplicable. Denunciar por los canales formales, en lugar del juicio mediático, protege tanto al denunciante como al prestigio de la función.
Sostener la explicación pedagógica. Cada defensor es, ante su entorno, un explicador del sistema: recordar que la defensa es condición de la justicia, y no su obstáculo, es parte de la tarea profesional cotidiana.
Preguntas frecuentes
¿Qué advirtió el Colegio de Abogados del Uruguay?
El 4 de noviembre de 2026 alertó sobre la estigmatización de los defensores: cuestionar a un abogado por el delito imputado a su cliente instala una desconfianza prejuiciosa que pone en riesgo el Estado de Derecho.
¿El abogado defensor puede ser investigado por defender a un acusado?
No por el mero ejercicio de la defensa. Solo responde si su propia conducta viola deberes legales o éticos, como fabricar pruebas o encubrir delitos.
¿Qué principios protege la defensa penal?
El principio de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, condiciones para que una sentencia firme pueda establecer responsabilidad penal legítimamente.
¿Qué rol cumple el Colegio de Abogados en estos debates?
Fijar posición institucional sobre los principios comprometidos, sin pronunciarse sobre casos particulares, y recordar los cauces formales para investigar conductas concretas.
¿Por qué la estigmatización afecta a todo el sistema?
Porque desalienta la aceptación de defensas complejas, deja imputados sin asistencia técnica independiente y debilita la calidad y confiabilidad de los procesos.
Fuentes y límites
El País, 4 de noviembre de 2026 y difusión del Colegio de Abogados del Uruguay, consultadas el 17 de noviembre de 2026. Guía informativa: no sustituye asesoría profesional ni la normativa disciplinaria vigente.


