Opinión

Editorial: entre la libertad de enseñanza y la obligación escolar, Uruguay necesita una ley serena

El Poder Ejecutivo dice que el fallo se amparó en un vacío legal; la respuesta legislativa deberá equilibrar dos artículos constitucionales que tiran en direcciones distintas.

Nino estudiando en la mesa de una casa con cuadernos y libros, fotografia editorial
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El Ministerio de Educación y Cultura prepara un proyecto de ley para reafirmar la obligatoriedad de la inscripción y concurrencia escolar, después de que la Suprema Corte avalara en setiembre, en fallo dividido, la educación en casa de una comunidad menonita de Florida. El Ejecutivo sostiene que el fallo se amparó en un vacío legal. Esta es la lectura editorial de esta edición.

Un vacío que convenía a todos, hasta que dejó de convenir

Los vacíos legales tienen una virtud incómoda: postergan decisiones. Mientras la ley no definiera con precisión si la obligatoriedad educativa exige escuela formal, cada familia, cada comunidad y cada autoridad podía imaginar la respuesta que prefería. El fallo de la SCJ terminó con esa ambigüedad cómoda y obligó al sistema a posicionarse.

Que el Poder Ejecutivo responda con un proyecto de ley, y no con un recurso o una declaración de prensa, es institucionalmente correcto: si el problema es la letra de la norma, la solución es legislativa, y el Parlamento es el ámbito donde esa discusión debe darse con todas las voces.

El antecedente de la LUC

La discusión tiene historia reciente. La Ley de Urgente Consideración, aprobada al comienzo del gobierno anterior, quitó la obligatoriedad de que los padres enviaran a sus hijos a la escuela, y ese artículo fue uno de los sometidos a referéndum a impulso del Frente Amplio, sin éxito. El proyecto actual invierte el movimiento: vuelve a escribir la obligación en la ley general de educación.

Ese vaivén legislativo muestra que la pregunta nunca estuvo cerrada, y que el fallo de la Suprema Corte no la resolvió: la trasladó al terreno donde corresponde dirimirla, el Parlamento.

La tensión constitucional real

El debate no es entre quienes defienden a los niños y quienes no: ambos artículos constitucionales involucrados protegen a los niños. El artículo 70, con la obligatoriedad de la enseñanza primaria y media, los protege de la privación de educación. El artículo 68, con la libertad de enseñanza y el derecho parental de elección, los protege del monopolio estatal sobre su formación.

El proyecto del MEC se apoya en el primero sin cuestionar el segundo: exigiría inscripción y concurrencia a un centro, dejando intacta la libertad de elegir cuál. Es una solución de equilibrio razonable, siempre que la definición de centro de enseñanza no se estreche hasta anular la diversidad pedagógica que el artículo 68 protege.

El fallo como espejo del sistema

Vale detenerse en lo que la decisión judicial deja ver más allá del caso. La Suprema Corte falló dividida, en setiembre de 2026, lo que confirma que la propia lectura de las normas vigentes admite más de una respuesta razonable. Cuando una corte se divide sobre un punto así, el mensaje al legislador es inequívoco: la ley no dice con claridad lo que el sistema creía que decía.

El caso concreto, una comunidad menonita de Florida que educa a sus niños en casa, tampoco es accidental. Los vacíos legales suelen ser testeados por quienes tienen una convicción fuerte y organizada detrás. Lo que hoy resuelve una comunidad religiosa, mañana lo reclamarán familias urbanas con motivaciones pedagógicas, de salud o de simple disenso con el sistema. La ley que se escriba ahora regirá para todos ellos, y conviene que esté pensada para esa generalidad y no solo para el caso que la motivó.

Lo que el debate no debería perder de vista

Tres cautelas. La primera: la educación en casa de una comunidad religiosa concreta no es el fenómeno general; legislar sobre el caso es legislar con anteojera, y las normas nacidas de un litigio suelen envejecer mal cuando la realidad cambia. La segunda: la obligatoriedad solo tiene sentido si la oferta pública y habilitada puede absorberla con calidad; exigir concurrencia a escuelas que no alcanzan a todos convertiría la norma en ficción. La tercera: la cláusula que suma a los niños de tres años a la educación formal, aun sin obligatoriedad, es quizás la novedad más transformadora del proyecto y merece debate propio, no de pasada.

El interés superior como brújula

Toda la discusión debería ordenarse por una pregunta: qué asegura mejor los derechos del niño. La escuela garantiza socialización, controles y detección temprana de vulneraciones; la educación en casa ofrece personalización y coherencia con las convicciones familiares. Una regulación seria no necesita declarar vencedora a ninguna: necesita asegurar que cualquier camino elegido garantice aprendizaje, bienestar y vigilancia del interés superior.

Una ley serena para un tema pasional

El homeschooling moviliza convicciones profundas sobre familia, Estado y libertad. Por eso mismo la ley que lo regule deberá ser serena: precisa en sus exigencias, respetuosa de la libertad de elección y honesta sobre sus límites. El texto que llegue al Parlamento antes del 15 de diciembre será apenas el comienzo de esa conversación; que sea una buena conversación es responsabilidad de todos los que participen en ella.

Preguntas frecuentes

¿Qué dice la Constitución uruguaya sobre la educación?

El artículo 70 declara obligatorias la enseñanza primaria y la media, agraria o industrial; el artículo 68 garantiza la libertad de enseñanza y el derecho de padres y tutores a elegir maestros o instituciones.

¿Qué cambió con el fallo de la SCJ?

Avaló, en decisión dividida de setiembre de 2026, la educación en casa de una comunidad menonita de Florida, al entender que la ley no exigía la inscripción en centros habilitados, según la lectura del Ejecutivo.

¿Cuál es la postura de este editorial?

Que la respuesta legislativa es el camino institucional correcto, que el equilibrio entre los artículos 68 y 70 es posible y que la norma final debe juzgarse por su precisión y su serenidad, no por su firmeza declamada.

¿Qué propone el proyecto del MEC?

Modificar la ley 18.437 para exigir la inscripción de niños y adolescentes en un centro de enseñanza y asegurar su concurrencia, con presentación prevista antes del 15 de diciembre.

¿El proyecto elimina la libertad de elección de escuela?

No según su descripción: exigiría inscripción y concurrencia a un centro, manteniendo la libertad de elegir cuál, conforme al artículo 68.

Fuentes y límites

El País, 15 de noviembre de 2026, consultada el 17 de noviembre de 2026. Columna editorial: las valoraciones son de esta edición y no constituyen asesoría legal. Los hechos citados provienen de la cobertura referida; la sentencia de la Suprema Corte no fue leída íntegra y el alcance del fallo se describe según la fuente y la lectura que hace el propio Ejecutivo.

Fuentes

  1. https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/tras-fallo-sobre-homeschooling-mec-elaboro-proyecto-que-cambia-articulos-de-la-luc-para-revertir-vacio-legal
Redacción Agente Lex Redacción

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