La fiscalía de Fray Bentos recibió la investigación de urgencia del Ejército por la muerte de tres militares

La fiscal de Fray Bentos de primer turno, Guillermina Chouhy, recibió este viernes la investigación de urgencia que realizó el Ejército Nacional sobre la muerte del alférez Matías Vasella, el cabo Carlos Leandro Gómez y el cabo Juan Rocha, cuando participaban en un curso de buzos en la zona del Anglo, en Fray Bentos. Así lo informó la diaria el 6 de noviembre, en una nota que precisa que el documento fue remitido desde el Ministerio de Defensa a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, quien lo derivó directamente a Chouhy. El caso continúa investigándose como un siniestro marítimo.

Lo que se sabe del trámite del expediente

El recorrido documental descrito por la nota es significativo en sí mismo. La investigación de urgencia fue producida por el propio Ejército Nacional -la institución a la que pertenecían los tres fallecidos y que organizaba la actividad en la que ocurrieron las muertes- y remitida por la vía institucional: del Ministerio de Defensa a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y de allí a la fiscal territorialmente competente, Guillermina Chouhy. Según señalaron a la diaria fuentes de la investigación, el texto será analizado por la fiscal, en la parte de la información accesible antes del cierre de suscripción.

Ese tránsito -de la instancia militar al Ministerio de Defensa, y del ministerio a la Fiscalía- es el camino ordinario cuando una investigación administrativa interna produce material que puede ser relevante para una investigación penal en curso. La competencia sobre el caso, sin embargo, no cambia de manos: sigue estando en la Fiscalía, que es quien dirige la pesquisa penal y quien decidirá qué valor otorgar al documento recibido.

Investigación administrativa e investigación penal: dos carriles distintos

Para el lector no especializado conviene separar dos planos que en la cobertura de estos casos suelen confundirse. La investigación de urgencia del Ejército es un procedimiento administrativo interno: su finalidad es establecer qué ocurrió dentro de la institución, reconstruir la cadena de decisiones y determinar eventuales responsabilidades funcionales o disciplinarias. La investigación que dirige la fiscal Chouhy es, en cambio, una investigación penal: su objeto es determinar si los hechos configuran un delito y, en su caso, individualizar a sus responsables.

Los dos carriles se alimentan pero no se sustituyen. El documento militar puede aportar a la pesquisa penal elementos técnicos -protocolos del curso, cadenas de mando, registros de la actividad, testimonios recogidos en las primeras horas- que la Fiscalía valorará con sus propios criterios. Y la investigación penal puede, a su vez, ordenar nuevas diligencias que la investigación administrativa no tiene facultades de practicar. La experiencia comparada muestra que los casos de muertes en actividades de formación militar se litigan precisamente en esa frontera: qué exigía el protocolo de seguridad aplicable, quién debía verificar su cumplimiento y qué se sabía de los riesgos antes de la actividad.

La independencia de la pesquisa como exigencia práctica

Cuando el primer informe sobre una muerte lo produce la institución en la que la muerte ocurrió, la investigación penal enfrenta una tensión conocida: necesita ese material -porque concentra los datos de las primeras horas- pero no puede adoptar sus conclusiones sin examen. El antídoto es metodológico: verificar de forma independiente los hechos centrales, practicar pericias propias con peritos sin vínculo institucional y contrastar cada afirmación del informe interno contra la evidencia objetiva disponible. La doctrina de los grandes casos de este tipo, en Uruguay y en la región, coincide en que la credibilidad final de la pesquisa depende menos de la rapidez que de esa verificación independiente.

El rol de la fiscal de Corte subrogante en la derivación directa del documento apunta en la dirección correcta: el expediente entró al sistema penal por la vía institucional formal, con registro y sin intermediaciones informales. Esa trazabilidad documental -quién remitió, quién recibió, quién derivó y cuándo- es la que permitirá luego discutir el material en audiencia con las garantías de cadena de custodia que cualquier prueba documental exige.

La calificación provisional: siniestro marítimo

El dato jurídico más relevante de la información disponible es la calificación con la que el caso sigue abierto: el caso continúa investigándose como un siniestro marítimo. Ese encuadre provisional orienta la pesquisa hacia la reconstrucción del accidente -condiciones del agua, equipamiento, desarrollo de la actividad, tiempos de reacción y rescate- sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades individuales. En la práctica prosecutorial, la calificación inicial no es un destino sino un punto de partida: si del análisis del material recibido y de las diligencias futuras emergen indicios de conductas omisivas relevantes, el encuadre puede cambiar.

La zona del Anglo, en el departamento de Río Negro y frente a Fray Bentos, es un área de actividad náutica conocida, y el curso de buzos es una instancia de formación que exige estándares de seguridad particularmente estrictos por la naturaleza misma de la actividad. La reconstrucción de lo ocurrido exigirá pericias técnicas especializadas, y el material de la investigación de urgencia del Ejército será, con toda probabilidad, uno de los insumos centrales de esa etapa.

El peso simbólico del caso

La muerte de tres efectivos en un mismo ejercicio de formación conmociona a cualquier fuerza armada, y la respuesta institucional de las primeras horas -investigar de urgencia y remitir el resultado a la justicia- era el piso mínimo esperable. Lo que definirá el estándar real del caso será lo que ocurra ahora: si el análisis de la Fiscalía confirma o corrige la reconstrucción militar, si las pericias técnicas explican cómo fue posible que una actividad formativa terminara en tres muertes, y si las conclusiones finales llegan con la claridad que las familias y la propia institución necesitan. Los casos de siniestros en formación marcan durante años los protocolos de seguridad de las fuerzas; su investigación seria es la única forma de que esa lección llegue a tiempo.

Lo que sigue

Con el documento en manos de la fiscal de primer turno, la investigación penal entra en una fase de análisis: estudio del informe militar, contraste con las diligencias ya practicadas por la Fiscalía y definición de los pasos siguientes -nuevas declaraciones, pericias complementarias, solicitud de documentación adicional a la institución-. La premura con la que el Ministerio de Defensa remitió el expediente, y la derivación directa de la fiscal de Corte subrogante a la fiscal territorial, sugieren voluntad institucional de colaborar con la pesquisa penal, un dato no menor en casos donde la institución investigada es, a la vez, la que produjo el primer informe.

Para las familias del alférez Vasella y de los cabos Gómez y Rocha, la recepción del documento es un paso de trámite en un camino que recién comienza. Para el sistema, es un test de cómo se investigan las muertes dentro de las instituciones armadas: con la misma independencia y el mismo estándar probatorio que cualquier otra muerte en circunstancias no aclaradas.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes son los tres militares fallecidos?

El alférez Matías Vasella, el cabo Carlos Leandro Gómez y el cabo Juan Rocha, quienes participaban en un curso de buzos en la zona del Anglo, en Fray Bentos, según la información de la diaria.

¿Qué recibió la fiscalía de Fray Bentos?

La investigación de urgencia realizada por el Ejército Nacional sobre las muertes. El documento fue remitido por el Ministerio de Defensa a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, quien lo derivó a la fiscal de Fray Bentos de primer turno, Guillermina Chouhy.

¿Cómo se está investigando el caso?

El caso continúa investigándose como un siniestro marítimo, una calificación provisional que orienta la pesquisa hacia la reconstrucción del accidente sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades.

Fuentes y límites

Nota basada en la información de la diaria del 6 de noviembre de 2026 (enlace), consultada con acceso parcial por suscripción; la parte final de la nota original no estuvo accesible. Las explicaciones sobre la diferencia entre investigación administrativa y penal y sobre la calificación de siniestro marítimo son marco editorial general, sin cita normativa específica. Esta cobertura se actualizará cuando la Fiscalía comunique novedades.

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