Declarar el uso de IA en los escritos: la transparencia como estrategia profesional
La pregunta ya no es si el abogado usa IA -la usa- sino qué le debe al tribunal y al cliente sobre ese uso. Criterios para decidir la declaración y la política interna que la respalda.
Los tribunales de varios países empezaron a pedir que los abogados declaren cuándo un escrito fue elaborado con ayuda de inteligencia artificial, y la discusión llegó para quedarse: la pregunta práctica del abogado uruguayo ya no es si conviene usar estas herramientas -la práctica las incorporó- sino qué debe decir, a quién y cuándo sobre ese uso. Esta guía editorial ordena el debate y propone criterios de acción para estudios y litigantes.
Por qué la transparencia se volvió tema
El detonante fueron los escándalos: abogados sancionados en distintas jurisdicciones por presentar escritos con jurisprudencia inventada por IA -casos que no existían, con citas y fundamentos falsos que nadie verificó. La reacción de algunos tribunales fue exigir declaración o certificación: el abogado afirma que revisó y verificó cada cita, o informa directamente qué parte del escrito fue asistida por IA. En Uruguay no hay una regla general equivalente, pero el abogado local litiga cada vez más en arbitrajes y ante contrapartes internacionales donde esas exigencias ya existen, y la dirección del debate es clara: la carga de la verificación se formaliza, y la transparencia se vuelve activo profesional, no confesión.
El debate tiene, además, un piso de sentido común profesional: la firma de un escrito implica responsabilidad personal por su contenido, con o sin IA de por medio. La herramienta no firma.
Cuándo declarar: los criterios de decisión
En ausencia de norma expresa, la decisión se ordena con tres criterios. El primero es la regla aplicable: si el tribunal, el reglamento arbitral o la contraparte contractual exigen declaración, se declara -no hay más discusión. El segundo es el riesgo: si el escrito contiene citas o fundamentos donde el aporte de la IA fue sustancial, la declaración prudente protege al abogado de la acusación posterior de ocultamiento, y convierte la revisión humana en el punto central del mensaje. El tercero es la coherencia: declarar a veces sí y a veces no, sin criterio escrito, genera sospechas retroactivas sobre los escritos no declarados; la política uniforme del estudio es más defendible que la decisión caso a caso de cada abogado.
Cómo declarar: forma y tono
La declaración bien hecha es breve, específica y centrada en la supervisión: qué herramienta se usó, para qué tarea -investigación preliminar, borrador, revisión de estilo-, y la afirmación expresa de que todo el contenido fue revisado y verificado por el abogado firmante, que asume la responsabilidad completa. Lo que la declaración no debe ser: una disculpa -el uso de herramientas no es una falta-, ni una generalidad vaga que informa nada -"se utilizaron herramientas tecnológicas" no cumple ningún propósito. El tono correcto es el de la normalidad profesional: la herramienta se usó, el criterio es humano, la responsabilidad es del firmante.
La política interna del estudio: antes de la primera declaración
La declaración individual razonable nace de una política escrita del estudio, no de la improvisación de cada abogado. Esa política debería fijar como mínimo: qué usos de IA están permitidos y cuáles no -con datos de clientes, la regla de confidencialidad es innegociable-; qué nivel de revisión humana exige cada tipo de producto; quién decide y con qué texto tipo se declara cuando corresponde; y qué se registra internamente del uso. Los límites de la IA en la justicia son materia de debate abierto -como muestra la discusión sobre los límites de la IA en la justicia uruguaya- y la política escrita permite al estudio ubicarse en ese debate con posición propia en lugar de reaccionar a cada noticia.
El cliente también tiene derecho a saber
La transparencia no se agota en el tribunal: el cliente que paga por trabajo profesional tiene interés legítimo en saber cómo se produce. Los estudios que resuelven esto con anticipación lo incorporan en la carta de encuadre o en la política de servicios: qué herramientas se usan, con qué controles de confidencialidad y de verificación, y qué significa eso para la calidad y el costo del trabajo. Lejos de restar valor, esa transparencia lo prueba: el estudio que explica su proceso demuestra que tiene uno.
La regla de fondo: la verificación no se declara, se hace
Ninguna declaración sustituye el trabajo que declara: la cita verificada contra la fuente oficial, el fundamento releído con criterio, el resultado de la herramienta tratado como borrador y no como producto. Los casos internacionales de sanciones no castigaron el uso de IA sino su uso sin supervisión. La declaración honesta es la última capa de un proceso que se hizo bien, no el maquillaje de uno que se hizo mal.
El registro interno: memoria del proceso
Además de la declaración externa, el estudio prudente guarda memoria interna: qué herramienta se usó en cada asunto, qué se le pidió, qué se verificó y quién revisó. Ese registro vale oro si el uso se cuestiona meses después -demuestra el proceso, no solo la intención- y alimenta la mejora de la política interna con evidencia propia. En materia de IA, la defensa profesional del futuro se construye con los registros de hoy.
El horizonte: de la declaración al estándar
La tendencia internacional sugiere que la pregunta evolucionará: de "¿usaste IA?" a "¿qué controles tenés sobre su uso?". El abogado que ya trabaja con política escrita, verificación documentada y declaración clara está respondiendo hoy la pregunta de mañana. En esto, como en casi todo lo que vino de la tecnología jurídica, los primeros en ordenarse no solo evitan riesgos: definen el estándar que los demás terminarán adoptando.
El punto de partida concreto
Para el estudio que no tiene nada escrito, el primer paso cabe en una reunión de socios: acordar qué usos se permiten, adoptar el texto tipo de declaración y nombrar a quien decide los casos dudosos. Una hora de acuerdo interno evita años de improvisación individual y la primera sorpresa frente a un tribunal.
Qué debe contener la declaración
Una declaración de uso de IA en un escrito judicial cumple su función cuando identifica, con precisión y sin dramatismo, cuatro elementos: la herramienta utilizada y su versión o proveedor; la finalidad del uso -investigación preliminar, primer borrador, revisión de estilo, transcripción-; el alcance, es decir, qué partes del escrito fueron asistidas por la herramienta y cuáles no; y la afirmación expresa de que un profesional verificó el contenido completo, incluidas las citas normativas y jurisprudenciales, antes de la presentación. La declaración cierra con la asunción de responsabilidad del firmante por la totalidad del contenido. Redactada así, la declaración no es una confesión sino una garantía: le dice al juzgado que el estudio usa tecnología con criterio y que detrás de cada palabra hay un abogado que responde por ella.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio declarar el uso de IA en escritos judiciales en Uruguay?
No existe una regla general que lo exija; la obligación nace cuando el tribunal, el reglamento arbitral o un acuerdo con la contraparte lo requieren, y fuera de esos casos la decisión es de prudencia profesional guiada por la regla aplicable, el riesgo y la coherencia del estudio.
¿Qué debe decir una declaración de uso de IA?
Debe ser breve y específica: qué herramienta se usó y para qué tarea, con la afirmación expresa de que el contenido fue revisado y verificado por el abogado firmante, que asume la responsabilidad completa por el escrito.
¿El uso de IA en escritos está mal visto por los tribunales?
Lo que los tribunales han sancionado internacionalmente no es el uso sino la falta de supervisión: jurisprudencia inventada presentada sin verificar; el uso declarado y supervisado se está convirtiendo en práctica normal y defendible.
Fuentes y límites
- Guía editorial sobre práctica profesional e IA, sin fuente noticiosa del día. No constituye asesoramiento jurídico.
