La colegiación se demuestra, no se declara

El Colegio de Abogados del Uruguay reúne hoy a tres referentes de peso -el juez de la Corte IDH Ricardo Pérez Manrique, el ex presidente de la UIBA y la FACA Carlos Andreucci y el dirigente Horacio Vero- para una pregunta que en Uruguay no es retórica: ¿para qué sirve colegiarse?

A diferencia de la mayoría de los países de la región, en Uruguay la colegiación en el CAU es voluntaria. El colegio no puede apelar a la obligación: tiene que ganarse a cada abogado con lo que ofrece. Esa condición, que a veces se lamenta como debilidad, es en realidad una exigencia de calidad permanente.

El contexto hace urgente la respuesta

La profesión atraviesa un año de tensiones reales. La Caja de Profesionales -el instituto previsional al que todo abogado independiente aporta durante su vida activa- atraviesa un proceso de ajuste que ha reducido 58,7% sus gastos administrativos y se prepara para negociar con el Poder Ejecutivo el tratamiento del pasivo. La tecnología redibuja la práctica diaria. Y el mercado exige especialización continua.

En ese escenario, el valor del colegio se mide en hechos: formación accesible como el curso de derecho penal 2026, comisiones técnicas activas como la de transporte y seguros -que el 29 de octubre realiza su jornada anual-, representación institucional y espacios de reflexión como el de hoy.

La tarea del colegio

La colegiación voluntaria tiene una ventaja oculta: obliga a la corporación a rendir cuentas de forma continua a quienes pueden irse. El CAU parece haberlo entendido así, con una agenda de actividades que en las últimas semanas no ha parado. El desafío siguiente es convertir esa actividad en membresía: que el joven abogado del interior que hoy se pregunta para qué asociarse encuentre en el colegio una respuesta concreta -formación, red, defensa gremial- y no solo una tradición.

La charla de hoy en el anfiteatro del CAU es un buen punto de partida. Lo seguimos en la sección de abogacía y autónomos de Uruguay.

La conversación de hoy tiene, además, un valor simbólico: reúne en un mismo anfiteatro a la judicatura internacional, a la dirigencia gremial iberoamericana y a la abogacía local para hablar de lo que la profesión debe ser. Que esa conversación ocurra -y ocurra en el colegio- ya es parte de la respuesta.

Esta redacción seguirá el debate en la sección de opinión de Uruguay. La comparación regional ayuda a dimensionar la singularidad uruguaya. En la mayoría de los países latinoamericanos la colegiación es obligatoria para el ejercicio profesional, un modelo que garantiza recursos al colegio pero que con frecuencia lo vuelve administrador de un trámite antes que comunidad profesional. El modelo uruguayo es más exigente con la corporación y, bien entendido, más sano: un colegio que debe convencer cada año a sus potenciales socios está obligado a mantenerse útil. El riesgo inverso es conocido -la dispersión gremial debilita la representación de la profesión ante los poderes públicos-, y por eso instancias como la de hoy, con convocatoria y contenido, son la forma correcta de cerrar esa brecha. El propio listado de expositores lo ilustra: no habría reunido a tres referentes de ese nivel un colegio sin trabajo acumulado ni credibilidad que ofrecer. La prueba final, en todo caso, será cuántos socios nuevos firma el año que viene. El desafío no es menor: el ejercicio del derecho cambia rápido -tecnología, especialización, nuevas formas de trabajo- y la corporación debe demostrar valor en todos esos frentes a la vez. Lo que se juega hoy a las 18:30 es justamente esa demostración ante su propio público.

Fuentes y límites

Esta tribuna se basa en la convocatoria del CAU del 6 de octubre y en la información de El Observador del 13 de octubre de 2026, ambas consultadas el 20 de octubre de 2026. Las valoraciones son de esta redacción. Información, no asesoramiento jurídico.