La abogacía como servicio público: una idea uruguaya que cumple 200 años

La ley del 6 de octubre de 1826 que sentó las bases de la organización judicial uruguaya hizo algo notable para su época: además de suprimir los Cabildos y estructurar tribunales, dispuso la designación de un letrado encargado de la defensa de los pobres y los menores. Antes incluso de la primera Constitución, Uruguay entendió que la abogacía es también un servicio público. Desde la opinión de Agente Lex Uruguay, por qué recuperar esa idea ordena los debates de hoy.

Una concepción temprana

La nota oficial del bicentenario lo dice con precisión: aquella norma "refleja una temprana concepción de la justicia como servicio público integral, comprometido con la protección de los sectores más vulnerables y el acceso efectivo a los derechos". La Defensa Pública actual desciende de esa designación de 1826.

Qué le dice esa historia a la profesión

Tres debates actuales se iluminan con esa tradición:

• El acceso a la justicia ya no es solo una cuestión de honorarios: la Ley 20.531 de audiencias virtuales lo plantea como eliminación de "barreras geográficas, económicas y de movilidad". La tecnología es hoy parte de la misma obligación de 1826.
• La sostenibilidad del ejercicio independiente: la crisis de la Caja de Profesionales Universitarios afecta a quienes sostienen la defensa letrada; mirarla como problema meramente financiero es olvidar su función pública.
• La formación inicial y continua: el Centro de Estudios Judiciales, destacado como "un faro" por la presidenta de la SCJ, y la agenda del Colegio de Abogados mantienen vivo el estándar.

El servicio como criterio

Una profesión que se entiende como servicio público toma decisiones distintas: cobra lo que el trabajo vale pero no solo lo que el mercado paga, defiende causas impopulares cuando el procedimiento lo exige y mide su prestigio en confianza, no en tarifa. Doscientos años después, esa sigue siendo la apuesta. La actualidad y las guías de la profesión desarrollan el lado práctico.

La tentación de medir todo en facturación

El mercado empuja a medir la carrera por la facturación: honorarios, tarifa horaria, tamaño del cliente. Es un indicador legítimo, pero incompleto. Una abogacía reducida a la facturación pierde de vista que el mandato profesional incluye un deber público: el acceso a la justicia no se sostiene solo con el mercado. Los días del abogado, las asistencias de oficio y el trabajo en organizaciones sociales no figuran en ningún ranking, pero sostienen la legitimidad de la profesión ante la sociedad.

Vocación no significa gratuidad

Defender la vocación de servicio no es romantizar el trabajo mal pago. El punto es otro: una profesión que cobra bien y sirve mal termina deslegitimada; una que sirve bien y no puede vivir de ello termina desertada. El equilibrio exige estructuras -aranceles razonables, defensa de oficio dignamente remunerada, estabilidad del sistema previsional profesional- que permitan ejercer con vocación sin sacrificar la subsistencia.

Una responsabilidad generacional

Los jóvenes que ingresan hoy a la abogacía uruguaya heredan un sistema construido por generaciones que entendieron la profesión como un servicio público ejercido en forma privada. Preservar esa idea no es nostalgia: es la condición para que la sociedad siga confiando en que los abogados defienden derechos y no solo intereses. Esa confianza, una vez perdida, no se recupera con marketing.

Una profesión que se juega en los detalles

La vocación de servicio rara vez aparece en los grandes gestos: está en el abogado que responde el mensaje del cliente angustiado un domingo, en el que explica con paciencia lo que el sistema no explica, en el que deriva un caso cuando otro colega lo hará mejor. La reputación de la abogacía uruguaya se construyó con millones de esos detalles, y se defenderá igual: un caso a la vez, un cliente a la vez, un acto de oficio a la vez.

Fuentes y límites

Editorial de la redacción de Agente Lex, anclado en la nota oficial de Presidencia (19-10-2026), consultada el 21 de octubre de 2026. Las opiniones son propias. Información, no asesoramiento jurídico.