La prudencia correcta: IMPO y la IA

En tiempos en que cada institución pública se apura a anunciar su asistente de inteligencia artificial, IMPO -el organismo que edita el Diario Oficial de Uruguay- ha hecho algo más raro y más valioso: explicar por qué no. Su director general, Miguel Lorenzoni, declaró a Montevideo Portal que la IA para responder consultas de la ciudadanía está "en pausa", porque la información que sale del organismo debe tener "un nivel de certeza casi que absoluto" y la tecnología todavía tiene márgenes de error.

La frase debería enmarcarse en cada oficina pública que lidia con derecho.

La diferencia entre velocidad y certeza

El Diario Oficial no es un servicio de información más: es el eslabón final de la producción normativa, el punto desde el cual una ley rige para todos. Un error en una respuesta de IMPO no es un tropiezo de atención al cliente; es una afirmación equivocada sobre el contenido del derecho vigente. Que el organismo jerarquice la certeza por encima de la novedad tecnológica es exactamente lo que cabe esperar de quien custodia ese umbral.

La decisión no es antitecnológica. IMPO estudia IA para procesos internos -siempre con supervisión humana-, prepara la publicación 100% en línea de convocatorias, reformas de estatutos y ventas de comercio, y relanzará su programa de Lenguaje Ciudadano, con la advertencia permanente de que las simplificaciones no son fuente de derecho. Es la distinción correcta: automatizar lo operativo, reservar lo normativo al criterio humano verificable.

Un estándar para el ecosistema

Uruguay está incorporando IA al Estado con rapidez inusual -el Laboratorio de IA para el Bien ya desarrolló ocho proyectos, incluido un asistente jurídico para el Tribunal de Cuentas-, y esa velocidad hace aún más necesario el contrapeso que IMPO representa: reglas claras sobre dónde la IA no entra todavía.

El criterio de Lorenzoni debería convertirse en estándar del ecosistema público jurídico uruguayo: publicar los márgenes de error, declarar los usos y mantener la supervisión humana como regla, no como coletilla. Lo seguimos en la sección de IA jurídica de Uruguay y en nuestra crónica de la nueva etapa de IMPO.

Hay una lección adicional para los abogados: el mismo criterio que IMPO aplica a su información oficial debería aplicar el estudio jurídico a su trabajo profesional. La IA como apoyo interno, con verificación humana obligatoria; la respuesta jurídica al cliente, con la certeza que solo da el análisis propio.

Esta redacción seguirá el tema en la sección de opinión de Uruguay. La entrevista deja además un recordatorio útil sobre la arquitectura normativa del país: el Poder Legislativo sanciona, el Ejecutivo promulga y el Diario Oficial publica. Ese último paso, aparentemente técnico, es el que fija el momento exacto desde el que una norma obliga a todos. Proteger su fiabilidad -frente a la velocidad de las redes y ahora frente a la tentación de la IA generativa- es proteger la seguridad jurídica en su punto más elemental. La prudencia de IMPO no es conservadurismo: es el oficio de custodiar la certeza. Uruguay lleva 121 años publicando su Diario Oficial sin interrumpir esa cadena de certeza; incorporar tecnología sin romperla es el verdadero desafío de modernización que IMPO parece haber entendido mejor que otros. El compromiso anunciado de acelerar la publicación electrónica de los trámites del Estado -que hoy tardan meses- también apunta en la dirección correcta: tecnología sí, pero para servir mejor al ciudadano, no para sustituir el juicio editorial que da sentido al Diario Oficial.

Fuentes y límites

Este editorial se basa en la entrevista de Montevideo Portal a Miguel Lorenzoni del 5 de octubre de 2026, consultada el 20 de octubre de 2026. Las valoraciones son de esta redacción. Información, no asesoramiento jurídico.