El Supremo desestima el recurso de UGT-A y confirma el reintegro de 8,8 millones por subvenciones de formación
El Supremo desestima el recurso de UGT Andalucía y confirma el reintegro de 8.796.777 euros a la Junta por subvenciones de formación de desempleados.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por UGT Andalucía contra la condena que le obligaba al reintegro de 8.796.777 euros a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en subvenciones destinadas a la formación de desempleados. La sentencia, fechada el 13 de octubre y difundida el viernes 6 de noviembre por Europa Press, con republicación en Iustel el 11 de noviembre, confirma que la organización sindical deberá abonar algo más de 6,6 millones de euros como principal y más de 2,1 millones en concepto de intereses de demora.
El fallo no llega solo. Apenas una semana antes, en sentencia de 5 de octubre, el propio Alto Tribunal había resuelto una cuestión idéntica obligando a UGT-A a reintegrar 18.319.183,71 euros a la Junta andaluza, también por subvenciones de formación. La nueva resolución se apoya expresamente en aquella doctrina: «La coincidencia entre la cuestión resuelta en nuestra sentencia de 5 de octubre y la que ahora se plantea determina que sigamos la doctrina establecida en aquella resolución», razona la Sala.
La cuestión de fondo: el plus voluntario no se paga con fondos públicos
La controversia jurídica es concreta y replicable a cualquier entidad beneficiaria de ayudas: si son subvencionables los gastos de personal en la medida en que exceden de los mínimos legales o de los fijados en el convenio colectivo aplicable. Es decir, si una entidad que recibe una subvención para impartir formación abona a sus trabajadores retribuciones por encima del mínimo convencional, ¿puede cargar ese exceso a los fondos públicos?
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había respondido que no, en una formulación que el Supremo ahora respalda: el «plus de retribución abonado voluntariamente por la empresa, por encima de lo previsto en el convenio», no puede considerarse un gasto que responda «de manera indubitada» a la naturaleza de la actividad subvencionada ni un gasto «estrictamente necesario» para realizarla.
La doctrina de la sentencia de 5 de octubre
El Alto Tribunal recupera el razonamiento central de su resolución anterior y lo eleva a doctrina de aplicación directa: «las mejoras pactadas individualmente con los trabajadores deben sufragarse con fondos propios de la entidad beneficiaria, pues su abono con cargo a la subvención supondría destinar fondos públicos a financiar estas mejoras».
Y añade un matiz que cierra la puerta a la defensa más habitual en estos casos: la exclusión de la financiación pública opera «aunque no sean desproporcionadas con arreglo al valor de mercado». No importa, por tanto, que el plus retributivo sea razonable o se ajuste a lo que cobra un profesional equivalente en el sector; el criterio no es de proporcionalidad sino de origen del gasto. Lo que excede del mínimo legal o convencional se paga con fondos propios o no se paga.
Con esa doctrina como premisa, la Sala declara que no hay lugar al recurso de casación de UGT-A y rechaza que las retribuciones que exceden los mínimos legales o convencionales puedan declararse subvencionables.
Un patrón que se repite en la fiscalización de ayudas
El caso se inscribe en una línea de fiscalización de las subvenciones de formación en Andalucía que lleva años produciendo litigios, y la suma de las dos sentencias de octubre (más de 27 millones de euros en reintegros confirmados a una sola organización) da idea de la magnitud económica del frente. Pero la trascendencia de la doctrina desborda el caso concreto: cualquier entidad que gestione programas financiados con fondos públicos (fundaciones, asociaciones, empresas de formación, entidades sociales) queda bajo el mismo criterio.
La lección práctica es de gestión documental y de diseño retributivo. La entidad beneficiaria que quiera pagar por encima de convenio puede hacerlo, pero debe ser capaz de acreditar que ese exceso se sufraga con fondos propios y de separarlo contablemente de los gastos imputados a la ayuda. La mezcla de ambas fuentes en la misma partida es, a la vista de esta jurisprudencia, el camino más corto a un expediente de reintegro.
El coste del tiempo: lo que revelan los intereses
Un dato de la sentencia merece atención propia: frente a un principal de algo más de 6,6 millones, los intereses de demora superan los 2,1 millones, cerca de un tercio del principal. La cifra es el reflejo contable de la duración de estos procedimientos, que suelen arrastrarse durante años entre la orden de reintegro, el recurso administrativo, la sentencia de instancia y la casación. Para la entidad recurrente, el interés de demora convierte cada año de litigio en un incremento sustancial de la deuda, un factor que debería ponderarse con frialdad antes de recurrir.
También ilustra por qué la definición del gasto elegible se litiga con tanta intensidad: no está en juego solo la partida discutida, sino esa partida más años de intereses sobre miles o millones de euros. Cuando la cuestión discutida es transversal (como aquí, donde afecta a todo el personal del programa), el importe se multiplica por cada nómina de cada edición de la convocatoria.
La distinción que decide el caso: necesario frente a voluntario
Detrás de la formulación judicial hay una distinción técnica que conviene fijar. Un gasto subvencionable debe ser, en esencia, un gasto real, imputable a la actividad financiada y necesario para ejecutarla. El salario del formador dentro del mínimo convencional cumple ese test sin discusión: sin formador no hay formación. El plus voluntario lo suspende, porque la actividad podría haberse realizado idénticamente sin él. Que la mejora retributiva sea lícita, razonable o incluso conveniente para la calidad del programa no altera esa conclusión: la pregunta que se hace la Administración (y ahora el Supremo) no es si el gasto es bueno, sino si es imprescindible.
La sentencia del 5 de octubre lo dijo con claridad y la del 13 de octubre lo repite: financiar esas mejoras con la subvención equivale a «destinar fondos públicos a financiar estas mejoras», desviando el dinero de su finalidad. Es, en el fondo, una aplicación del principio de finalidad que gobierna todo el régimen de subvenciones: el dinero público financia la actividad, no la política retributiva del beneficiario.
Lectura para asesores y gestores de subvenciones
Para los profesionales que asesoran a entidades beneficiarias, la sentencia sugiere tres prevenciones inmediatas. Primera, revisar las nóminas y acuerdos retributivos del personal adscrito a programas subvencionados antes de la justificación de gastos, no después. Segunda, documentar con precisión el convenio aplicable y el origen de los fondos de cualquier mejora salarial. Tercera, asumir que el argumento de que la retribución «no es desproporcionada» ha quedado neutralizado: el Supremo lo ha descartado expresamente dos veces en un mes.
El control de las subvenciones es uno de los frentes más activos del contencioso-administrativo español, y la definición de gasto elegible es su campo de batalla permanente. En otro frente contencioso del Alto Tribunal, véase la doctrina sobre listas de morosos y litigación masiva. Más análisis en actualidad y en la cobertura de procesos y litigios.
Lo que queda por ver
La doctrina está fijada, pero su aplicación dejará nuevos capítulos. Queda por conocer si la organización sindical agota otras vías (un eventual recurso de amparo exigiría una trascendencia constitucional difícil de sostener en una cuestión de calificación de gastos) y, sobre todo, cuántas entidades beneficiarias de convocatorias equivalentes tienen estructuras retributivas similares pendientes de revisión. Si el criterio se aplica con la misma intensidad a otros expedientes, el efecto llamada sobre el sector de la formación subvencionada puede ser notable.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto deberá reintegrar UGT Andalucía? 8.796.777 euros a la Junta de Andalucía: algo más de 6,6 millones de principal y más de 2,1 millones en intereses de demora, según la sentencia del Supremo de 13 de octubre.
¿Qué gastos se consideraron no subvencionables? Las retribuciones del personal que excedían de los mínimos legales o convencionales: el plus voluntario abonado por la entidad por encima del convenio colectivo.
¿Importa que el plus fuera razonable o de mercado? No. El Supremo excluye expresamente la financiación pública de las mejoras retributivas voluntarias «aunque no sean desproporcionadas con arreglo al valor de mercado»: deben sufragarse con fondos propios.
¿Es un caso aislado? No. El 5 de octubre el Supremo confirmó otro reintegro de 18.319.183,71 euros a UGT-A por la misma cuestión, y la sentencia de 13 de octubre aplica expresamente la doctrina de aquella resolución.
Fuentes
- Europa Press, «El Supremo desestima el recurso de UGT-A y le obliga a pagar 8 millones por subvenciones para formación» (Sevilla, 6 de noviembre; publicado en iustel.com el 11 de noviembre de 2026), consultado el 12 de noviembre de 2026.
Fuentes
- Fuente. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
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