Abogados respaldan postergar la Ley de Protección de Datos a diciembre de 2027

Abogados y responsables de protección de datos respaldaron la eventual postergación de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, fijada hoy para el 1 de diciembre de 2026, en un encuentro del ciclo Entre Códigos organizado por Diario Financiero con Idónea Consultores y Lizama Abogados. El tema es crítico para los estudios y la abogacía autónoma en Chile, que asesoran a clientes en la adaptación.

El proyecto y el problema de fondo

El proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo en septiembre (Boletín 18623-07), en primer trámite constitucional, propone aplazar la vigencia de la regulación a diciembre de 2027 y aumentar de tres a cinco los miembros del Consejo Directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales, sin modificar las obligaciones sustantivas. La discusión se da en un escenario de incertidumbre: sin la agencia instalada ni directrices clave, las empresas dudan sobre cómo tratar los datos y los asesores enfrentan lo que una de las expositoras llamó un "malabarismo interpretativo" basado en los lineamientos de la Unión Europea.

Avance en el Senado

El 20 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general (la idea de legislar), por unanimidad, la iniciativa que posterga un año la entrada en vigencia y amplía el consejo de la agencia. El Ejecutivo se comprometió a ingresar urgencia inmediata para tramitar el proyecto, lo que permitiría a la comisión discutirlo en particular; en la sesión expuso el subsecretario de Economía y se plantearon propuestas de mejora como una regla escalonada de aplicación. Hasta que el proyecto no complete su trámite y sea promulgado, la fecha legal vigente sigue siendo el 1 de diciembre de 2026.

El consenso del panel fue que la prórroga daría a las organizaciones tiempo para ordenar sus procesos, levantar el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), definir medidas de seguridad y habilitar mecanismos para el ejercicio de los derechos de los titulares. Una advertencia práctica: la extensión no debería superar el año, porque un plazo mayor genera una falsa sensación de tranquilidad y relaja la preparación.

El RAT como base del cumplimiento

El Registro de Actividades de Tratamiento, el inventario que detalla las operaciones de tratamiento de datos personales, fue identificado como la base de todo el cumplimiento: si el registro está mal levantado, todo lo que viene después se hará mal. Su elaboración exige coordinar a todas las áreas de la organización, desde recursos humanos hasta marketing, y puede implicar una reingeniería de procesos internos que hoy viven como "conocimiento tácito" no documentado.

Para los abogados que asesoran pymes y empresas medianas, este es el trabajo concreto de los próximos meses: levantar el registro, revisar la conservación de documentación laboral (la Dirección del Trabajo ha fijado directrices que permiten mantenerla al menos cinco años tras el término del vínculo, a la espera de lo que disponga la futura agencia) y establecer políticas y responsabilidades claras.

Multas altas y preparación que no se detiene

Aun con la eventual postergación, las empresas han mantenido la preparación, principalmente por las multas que contempla la regulación, que pueden alcanzar las 20.000 UTM (unos $1.443 millones a la UTM de octubre de 2026, de $72.151 según el SII; aproximadamente €1.315 millones al cambio del 22 de octubre de 2026, €1 = $1.097,55, valores del Banco Central de Chile publicados por mindicador.cl), con poca posibilidad de revisión. El consejo práctico para los asesores es no leer la prórroga como una pausa: el período adicional es una "marcha blanca extendida" para probar procesos, no una excusa para postergar el levantamiento del RAT.

Para el contexto de la norma, la nota sobre el curso de protección de datos de la UDP recoge una vía de actualización reciente, y la de cotizaciones del abogado independiente cubre la otra obligación recurrente del ejercicio autónomo.

El mayor obstáculo identificado por los panelistas no fue técnico sino cultural: que las personas de la organización entiendan qué pueden hacer con los datos y de qué son responsables. Ese diagnóstico define también la pega del abogado asesor: menos documentos y más gestión del cambio.

Fuentes y límites

Este artículo se basa en la cobertura de Diario Financiero del ciclo Entre Códigos (19 de octubre de 2026), en la nota del Senado sobre la aprobación en general en la Comisión de Constitución (20 de octubre de 2026), en la ficha de tramitación del Boletín 18623-07 y en la tabla de la UTM del SII. El proyecto de postergación está en trámite legislativo y puede cambiar; la fecha de vigencia legal al cierre de esta edición sigue siendo el 1 de diciembre de 2026. Información, no asesoramiento jurídico.