Corte Suprema anula cobro de $69 millones del SERVIU: salir a trabajar no es dejar de habitar la vivienda
El máximo Tribunal advirtió que la ausencia durante las fiscalizaciones no prueba el abandono del hogar y cuestionó que los jueces de instancia ignoraran pruebas relevantes de residencia.

La Corte Suprema invalidó de oficio una sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que había confirmado la continuación del cobro judicial de más de 69 millones de pesos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización contra una beneficiaria de un subsidio habitacional, a quien se atribuía el incumplimiento de la obligación de habitar el inmueble adquirido con ese beneficio. La decisión, reportada por Diario Constitucional el 16 de noviembre, establece una precisión con alcance general: la ausencia de una persona durante las visitas de fiscalización no implica necesariamente que haya dejado de residir en la propiedad.
El origen del conflicto
El caso comenzó cuando el SERVIU de la Región de Arica y Parinacota efectuó tres visitas de fiscalización a un departamento adquirido en noviembre de 2022 mediante el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, sin encontrar a su propietaria en ninguna de ellas. A partir de esas inspecciones, el organismo concluyó que se había incumplido la exigencia de ocupar la propiedad durante al menos cinco años desde su entrega.
En enero de 2025, el SERVIU presentó una demanda ejecutiva para obtener la restitución de 1.805,61 Unidades de Fomento, equivalentes entonces a 69.342.646 pesos, y solicitó además que el procedimiento continuara hasta la adjudicación del inmueble a su nombre.
Lo que resolvieron las instancias
El Tercer Juzgado de Letras de Arica (causa C-44-2025) rechazó las excepciones de la beneficiaria y ordenó seguir adelante con la ejecución; la Corte de Apelaciones de Arica confirmó esa resolución (rol 225-2025). La defensa recurrió de casación de fondo. Al revisar el fallo, la Corte Suprema (rol 40436-2025) detectó de oficio un vicio formal: la sentencia de primera instancia carecía de las consideraciones de hecho y de derecho que exige el artículo 170, número 4, del Código de Procedimiento Civil, causal de invalidación del artículo 768, número 5, del mismo código.
La razón central del fallo
Invalidado el fallo por el vicio formal, la propia Corte Suprema dictó la sentencia de reemplazo y entró al fondo: acogió la excepción del artículo 12, número 6, de la Ley 17.635, porque la beneficiaria acreditó que residía en el inmueble. La prueba de la residencia fue abundante: actas, certificados de nacimiento, matrimonio y estudios, boletas de servicios y testigos. El razonamiento del máximo Tribunal parte de una observación de sentido común con peso jurídico: salir a trabajar no significa dejar de habitar una vivienda. Que una persona no esté en su departamento en el momento de tres fiscalizaciones no prueba, por sí solo, el incumplimiento de la obligación de residencia.
Por qué el fallo trasciende el caso
Los subsidios habitacionales chilenos imponen a sus beneficiarios obligaciones de habitabilidad y residencia cuya fiscalización es legítima y necesaria para proteger el destino de recursos públicos. Pero la prueba del incumplimiento exige más que visitas infructuosas: exige contrastar esas visitas con el resto de los antecedentes, desde los recibos de servicios hasta la composición del grupo familiar y las jornadas laborales de quien habita el inmueble.
El fallo fija, en la práctica, un estándar de prueba para este tipo de cobros: la carga no se satisface con el parte de la visita, sino con una reconstrucción completa de la vida del inmueble.
La obligación de habitar y su control
La exigencia de habitar el inmueble durante al menos cinco años desde su entrega no es un detalle administrativo: es la condición que justifica el subsidio, diseñada para que el beneficio llegue a quienes necesitan vivienda y no a quienes especulan con ella. El incumplimiento habilita al SERVIU a cobrar judicialmente la restitución del subsidio, con intereses y reajustes, y a adjudicarse el inmueble.
El fallo no cuestiona esa arquitectura, cuestiona la prueba. La obligación se fiscaliza con visitas, pero la residencia se demuestra con la vida completa del inmueble: servicios básicos a nombre del beneficiario, correspondencia, empadronamiento, composición del grupo familiar y las razones verificables de las ausencias. Cuando las instancias se quedan solo con el parte de la visita, el control se vuelve una trampa formal que castiga precisamente a quien trabaja fuera de casa, la situación más común entre las familias beneficiarias.
Qué sigue
El asunto no vuelve a la instancia: la Corte Suprema resolvió el fondo en la sentencia de reemplazo. Revocó parcialmente la resolución de primera instancia, rechazó el cobro deducido por el SERVIU y dejó sin efecto la orden de continuar la ejecución hasta la adjudicación del inmueble. Para el SERVIU, el precedente exige reforzar la calidad de sus fiscalizaciones y de los antecedentes que acompañan a cada cobro judicial.
Qué puede aprender un beneficiario fiscalizado
El caso ofrece una lección preventiva para quienes reciben un subsidio con obligación de residencia: conservar los antecedentes que acreditan la vida en el inmueble es tan importante como habitarlo. Recibos de servicios básicos, contratos de trabajo con domicilio, empadronamiento, certificados de residencia y cualquier documento que vincule a la familia con la dirección conforman el expediente que, como demuestra este fallo, puede decidir un litigio de decenas de millones de pesos. Si la fiscalización llega cuando nadie está, el parte de la visita es solo el comienzo de la prueba, no su final.
Preguntas frecuentes
¿Qué resolvió la Corte Suprema sobre el cobro de $69 millones?
Invalidó de oficio la sentencia por un vicio formal del despacho ejecutivo y, en sentencia de reemplazo, acogió la excepción de la beneficiaria y rechazó el cobro de 1.805,61 UF, porque la residencia quedó acreditada con actas, certificados, boletas y testigos.
¿Por qué el SERVIU inició el cobro?
Porque en tres fiscalizaciones no encontró a la propietaria en el departamento adquirido en noviembre de 2022 mediante el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y concluyó que incumplió la obligación de habitar el inmueble por al menos cinco años.
¿No estar en casa durante la fiscalización prueba el incumplimiento?
No. La Corte Suprema precisó que la ausencia durante las visitas no implica necesariamente haber dejado de residir en la propiedad: salir a trabajar no significa dejar de habitar la vivienda.
¿La Corte dijo que la beneficiaria cumplió?
La Corte no declaró abstractamente el cumplimiento, pero acogió la excepción de la beneficiaria al constatar acreditada su residencia en el inmueble, y por eso rechazó el cobro del SERVIU en la sentencia de reemplazo.
¿Qué pasa ahora con el caso?
El caso está cerrado en lo judicial: la Corte Suprema dictó la sentencia de reemplazo, rechazó el cobro y dejó sin efecto la continuación de la ejecución.
Fuentes y límites
Diario Constitucional, "Corte Suprema impide cobro millonario de subsidio habitacional al acreditarse residencia de beneficiaria", 16 de noviembre de 2026, leída íntegra y consultada el 17 de noviembre de 2026. Fuente periodística especializada: la nota reporta el fallo y sus fundamentos centrales, pero no reproduce el texto íntegro de la sentencia. La causa de la Corte Suprema es el rol 40436-2025; la de la Corte de Apelaciones de Arica, el 225-2025, y la del Tercer Juzgado de Letras, la C-44-2025; el nombre de la beneficiaria no consta en la fuente. Información, no asesoramiento jurídico.


