El mapa de las conductas prohibidas en competencia: el artículo 3 del DL 211 para equipos de cumplimiento
La norma chilena de defensa de la competencia tipifica cuatro familias de conductas y somete su sanción al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

El estatuto chileno de defensa de la competencia (el Decreto Ley 211 en su texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por el Decreto con Fuerza de Ley 1 de 2004 del Ministerio de Economía) concentra en su artículo 3 la regla general: el que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado conforme al artículo 26. Para los grandes despachos y los equipos de cumplimiento, ese artículo es el mapa de riesgos que todo programa de compliance en competencia debe cubrir.
La cláusula general y su alcance
El artículo 3 se estructura en dos capas. La primera es una cláusula general amplia: cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir esos efectos. La segunda es una lista enunciativa de conductas que la ley considera comprendidas en esa prohibición. Que la lista sea abierta ("se considerarán, entre otros") significa que el catálogo no cierra la prohibición: conductas no enumeradas pueden ser sancionadas si encajan en la cláusula general.
Las sanciones se remiten al artículo 26, que habilita al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a modificar o poner término a los actos y acuerdos contrarios a la ley, ordenar la modificación o disolución de sociedades y aplicar multas, además de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que puedan disponerse en cada caso.
Letra a: los acuerdos entre competidores
La primera familia sancionada son los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación. Es el núcleo duro de la colusión. La letra añade una segunda categoría: los acuerdos que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.
La traducción para cumplimiento es conocida pero nunca está de más: todo contacto entre competidores que toque precios, volúmenes, territorios, clientes o licitaciones es materia de riesgo máximo, y los programas serios lo tratan como zona prohibida sin matices.
Letra b: el abuso de posición dominante
La segunda familia es la explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado: fijar precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo abusos semejantes. A diferencia de la colusión, aquí la infracción exige dos elementos: la posición dominante y su explotación abusiva. La dominancia en sí misma no es ilícita; lo que la ley sanciona es su uso abusivo.
Para las empresas líderes en su sector, la consecuencia es que sus políticas comerciales ordinarias (descuentos, atados, exclusividades) deben revisarse con un estándar más estricto que el de un competidor pequeño: la misma conducta que es legítima sin dominancia puede ser infracción con ella.
Letras c y d: predatorias e interlocking
La letra c sanciona las prácticas predatorias o de competencia desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. El elemento subjetivo del objeto perseguido es parte del tipo.
La letra d regula el interlocking: la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí, cuando el grupo empresarial de cada una supere las cien mil unidades de fomento de ingresos anuales. La infracción se materializa si, transcurridos noventa días corridos desde el término del año calendario en que se superó el umbral, se mantiene la situación. Es la única conducta del artículo construida sobre umbrales objetivos de ingresos y plazos, lo que la hace especialmente apta para revisión anual programada en los directorios de grupos empresariales.
La lectura para los programas de cumplimiento
Un programa de cumplimiento en competencia que se mapea sobre el artículo 3 cubre cuatro frentes: relaciones con competidores (letra a), políticas comerciales de empresas con cuotas relevantes (letra b), estrategias agresivas de captura de mercado (letra c) y composición de directorios y equipos ejecutivos (letra d). La arquitectura del artículo permite además una auditoría anual sencilla: revisar los umbrales de la letra d, refrescar los protocolos de contacto con competidores y revisar las decisiones de precios de los líderes de mercado.
El contexto reciente añade razones: en México, la Suprema Corte acaba de confirmar la constitucionalidad de las reglas contra las prácticas monopólicas absolutas en el caso del gas LP, y en Chile la Fiscalía Nacional Económica mantiene una agenda activa de investigación. La tendencia regional es de mayor exigencia, no menor.
El estándar de análisis: objeto y efecto
Las conductas del artículo 3 del DFL 1 no se juzgan todas con la misma vara. La práctica del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia distingue las infracciones por su naturaleza (los acuerdos entre competidores sobre precios, cuotas o reparticiones de mercado, juzgados con la mayor severidad por su objeto restrictivo) de las conductas unilaterales, que exigen probar el poder sustancial del agente y el efecto restrictivo concreto en el mercado. Para el asesor de una empresa dominante, esa distinción es el punto de partida de cualquier evaluación de riesgo: las conductas que en un competidor pequeño son neutras pueden ser infracción cuando las ejecuta quien tiene poder sustancial.
Los programas de cumplimiento como defensa preventiva
La maduración de la libre competencia en Chile ha hecho de los programas de cumplimiento un estándar de la empresa grande: códigos de conducta en materia de colusión, protocolos de contacto con competidores, capacitación de los equipos comerciales y canales de denuncia interna. Su valor es doble: reducen la probabilidad de la infracción y, en caso de investigación, documentan la diligencia de la empresa. El programa de papel que nadie conoce no cumple ninguna de las dos funciones.
La colusión y su prueba indirecta
La característica que define el litigio de colusión es la prueba: el acuerdo entre competidores rara vez deja documentos, y la construcción probatoria se hace con indicios (comunicaciones, patrones de comportamiento paralelo, intercambio de información sensible) valorados en conjunto. La defensa técnica en estos casos exige entender esa lógica indiciaria tanto como la economía del mercado relevante.
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Fuentes y límites
DL 211, texto refundido fijado por el DFL 1 de 2004, LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, artículos 3 y 26 leídos completos en el documento generado por el servicio oficial de exportación de LeyChile el 13 de noviembre de 2026. Guía general; el análisis de una conducta concreta exige revisar jurisprudencia del TDLC y la posición de mercado correspondiente. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: bcn.cl/leychile. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


