Grandes despachos y fichajes

Libre competencia en la práctica: cómo se mueven hoy el TDLC y la FNE

El TDLC tramita consultas no contenciosas y recomendaciones normativas con audiencias públicas por la Oficina Judicial Virtual, mientras la FNE investiga y emite informes previos. Radiografía práctica.

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La práctica chilena de libre competencia se reparte entre dos instituciones que conviene no confundir: la Fiscalía Nacional Económica, que investiga y acusa, y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que juzga, consulta y recomienda. Los portales de ambas, revisados el 12 de noviembre de 2026, muestran una agenda activa y ofrecen una radiografía útil de cómo se está trabajando: consultas no contenciosas sobre bases de licitación, expedientes de recomendación normativa sobre reglamentos públicos y audiencias públicas gestionadas a través de la Oficina Judicial Virtual. Esta pieza ordena ese mapa para el equipo que asesora a una empresa grande.

Dos órganos, dos funciones

La Fiscalía Nacional Económica es el órgano persecutor: investiga los eventuales atentados a la libre competencia y ejerce la representación de la acción pública en la materia. Su portal destaca en estas semanas la participación del Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, en instancias académicas y gremiales, y una recomendación dirigida al TDLC para modificar el reglamento de contratistas y el reglamento de contratos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La FNE también elabora el informe previo requerido por el artículo 38 inciso segundo de la Ley N°19.733 para la modificación o cambio de propiedad de medios de comunicación sujetos a concesión estatal: si ese informe es desfavorable, la operación debe someterse al pronunciamiento del TDLC mediante un procedimiento de consulta, con un formato de presentación disponible en el propio sitio.

El TDLC, por su parte, es un tribunal especializado con sede en Huérfanos 670, Santiago, que conoce de causas contenciosas y de materias no contenciosas. Su portada de noviembre de 2026 registra el inicio de la consulta Rol NC N°577-26, sobre bases de licitación para el otorgamiento de concesiones de plantas de revisión técnica vehicular, y de la Rol NC N°576-26, sobre bases de licitación del Servicio de Recaudación Electrónica de Cotizaciones de Salud; instrucciones para la audiencia pública de la Rol NC N°572-26, una solicitud ProREP de modificación de estatutos y bases de licitación; y el expediente de recomendación normativa Rol ERN N°40-26, sobre los reglamentos de contratista y de contratos del MINVU, con audiencia pública el 4 de noviembre.

La portada como monitor institucional

Un hábito barato y de alto retorno es el monitoreo de las portadas institucionales: el TDLC publica en la suya las instrucciones de acceso a audiencias públicas y los avisos de mantención de la Oficina Judicial Virtual, y la FNE anuncia en la suya sus investigaciones, requerimientos y documentos de estudio. Para un equipo de competencia, esa lectura semanal cumple dos funciones: alerta operativa sobre el sistema procesal y lectura temprana de las prioridades de persecución de la autoridad, que anticipan los sectores donde la asesoría preventiva será requerida.

La consulta no contenciosa como instrumento preventivo

La seguidilla de roles NC en la portada del Tribunal ilustra el uso práctico de un mecanismo que los grandes operadores económicos y los organismos públicos emplean para despejar dudas antes de que nazca el conflicto: la consulta sobre bases de licitación y otros actos. Para quien asesora a un mandante público o a un oferente, el punto operativo es la temporalidad: la consulta se presenta antes de la adjudicación y su tramitación tiene efectos sobre los plazos del proceso de compra. Prepararla exige identificar con precisión las cláusulas cuestionadas y el interés jurídico del consultante.

El ProREP —procedimiento relativo a planes de reducción de riesgo y cumplimiento— y los expedientes de recomendación normativa (roles ERN) completan el mapa no contencioso: el primero ordena compromisos de cumplimiento bajo supervisión del Tribunal; el segundo canaliza recomendaciones sobre reglamentos y normas administrativas que puedan afectar la competencia en un sector, como los reglamentos de contratación del MINVU en trámite este mes.

El canal digital: Oficina Judicial Virtual

El Tribunal comunica por su portal las instrucciones de acceso a las audiencias públicas y las mantenciones programadas de la Oficina Judicial Virtual —incluida la reprogramación de la mantención tecnológica del sábado 14 de noviembre de 2026, entre las 08:00 y las 13:00 horas—. Para los equipos que litigan o consultan desde regiones, la OJV es el canal ordinario de presentación y seguimiento; verificar los avisos de mantención antes de un vencimiento es ya parte del checklist procesal.

El dato práctico se extiende al control de agenda: las audiencias públicas se anuncian con fecha, hora y causa, y las instrucciones de acceso se publican en el mismo portal. Un estudio que monitorea un caso propio o de un competidor debe revisar la portada del TDLC con la misma regularidad con que revisa el Diario Oficial.

El flujo típico de un asunto y dónde se gana o pierde

En la práctica, un asunto de libre competencia atraviesa etapas reconocibles: la investigación de la FNE —con sus requerimientos de antecedentes—, la eventual denuncia o requerimiento ante el TDLC, la tramitación con medidas precautorias cuando se piden, la sentencia y la posible revisión en la Corte Suprema. En cada etapa cambia el centro de gravedad del trabajo: en la fase administrativa, la gestión documental y la consistencia de los antecedentes entregados; en la contenciosa, la teoría del caso y la prueba económica; en la recursiva, la técnica de la casación. La planificación del equipo debe reflejar esos cambios y no tratar el asunto como un bloque uniforme.

Tres hábitos para el equipo de competencia

Primero, separar los carriles institucionales en cada asunto: si el riesgo es una investigación, la contraparte es la FNE y el trabajo es de gestión probatoria y cooperación; si es una consulta o una causa, la sede es el TDLC y el trabajo es procesal. Segundo, usar la consulta como herramienta de diseño: en licitaciones públicas con cláusulas discutibles, la consulta previa suele ser más barata que el requerimiento posterior. Tercero, vigilar los informes previos sectoriales que la ley encarga a la FNE —como el del artículo 38 de la Ley 19.733 para medios—, porque condicionan operaciones societarias completas y tienen formatos propios.

Ninguno de estos hábitos reemplaza el análisis del caso concreto ni la lectura del decreto ley y la jurisprudencia aplicables; son el marco operativo sobre el que ese análisis se ejecuta en 2026.

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Fuentes y límites

Portal del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y portal de la Fiscalía Nacional Económica, revisados completos el 12 de noviembre de 2026; las causas y trámites citados corresponden a los avisos vigentes en esas portadas a la fecha de consulta. Esta pieza describe el funcionamiento institucional; no analiza el fondo de ninguna causa ni cita texto legal no verificado. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: www.tdlc.cl. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
  2. Fuente consultada: www.fne.gob.cl. Consultada el 12 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

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