Impugnar la conclusión, no solo el dato: la exigencia que la Ley 21.719 deja sobre la mesa
Una persona puede tener todos sus datos correctos y recibir igual una evaluación automatizada injustificada: el problema está en lo que el sistema deduce, no en lo que registra.

Una persona puede tener su domicilio bien registrado, sus ingresos correctamente informados y sus estudios acreditados, y aun así recibir una evaluación automatizada injustificada. Con esa escena abre Juan Alberto Díaz Mondaca, ingeniero comercial y docente, una carta publicada en Diario Constitucional que pone el dedo en la parte menos discutida de la protección de datos chilena: el problema no siempre está en los datos, sino en lo que el sistema deduce a partir de ellos.
Dato observado contra predicción
La distinción central del texto es simple y potente. Un dato observado y una predicción cumplen funciones distintas: la fecha de un pago se verifica en un registro, pero la probabilidad de un incumplimiento futuro se estima bajo supuestos. Cuando una clasificación como "riesgo alto" se incorpora a una decisión, el resultado estadístico adquiere consecuencias individuales que el modelo no puede justificar por sí solo. Corregir una base de datos es indispensable, escribe Díaz, pero no basta cuando el daño proviene de una inferencia presentada con la autoridad de un hecho.
El estudio que ilustra el riesgo
La carta cita el estudio publicado en Science por Obermeyer y colaboradores sobre un algoritmo usado en Estados Unidos para identificar pacientes que necesitaban apoyo sanitario adicional. El sistema predecía gasto, no enfermedad: como existían diferencias en el acceso a la atención, a igual puntaje los pacientes negros estaban más enfermos, y corregir esa disparidad habría elevado su participación entre quienes recibían ayuda del 17,7% al 46,5%. El propio autor aclara que es un resultado de ese contexto, no una medición sobre Chile, pero la lección técnica viaja bien: se puede predecir con precisión una variable equivocada para el propósito de una decisión.
Qué dice la Ley 21.719
El texto recuerda que la Ley N° 21.719 incorporó al artículo 8° bis de la legislación de datos garantías frente a decisiones automatizadas de efectos jurídicos o significativamente relevantes: información, explicación, intervención humana y revisión. Con dos precisiones que el propio autor subraya: la reforma tiene vigencia diferida, de modo que no todas sus disposiciones son hoy exigibles, y su preparación exige traducir esos derechos en procedimientos capaces de revisar una conclusión y no únicamente un formulario.
Qué debería poder discutir una persona
La carta baja la exigencia a tres planos prácticos. Una explicación debería permitir distinguir qué antecedentes se consideraron, qué resultado se estimó y por qué se utilizó para esa decisión, sin que ello exija publicar código fuente o secretos comerciales. La revisión debe llegar a la variable que se intentaba predecir: si el modelo estima dificultad de pago, corresponde preguntar qué incumplimientos se usaron como referencia y en qué población se validó. Y hace falta una persona con atribuciones reales para modificar la decisión, porque una atención humana que solo vuelve a ejecutar el mismo cálculo deja intacta la controversia. Responder que el puntaje fue calculado correctamente solo demuestra que se ejecutó un procedimiento, advierte el texto; todavía falta justificar que ese procedimiento era adecuado.
Por qué esta carta llega a tiempo
La discusión sobre decisiones automatizadas suele concentrarse en la calidad de los datos: rectificación, actualización, cancelación. Esta carta corre el foco, en la lectura editorial de esta edición, al lugar donde hay menos práctica acumulada: la impugnación de la inferencia misma, en el momento en que empresas y organismos públicos preparan su cumplimiento de la Ley 21.719, cuya vigencia es diferida según el propio texto. Su advertencia final resume la tarea: la pregunta relevante no termina en si la máquina calculó bien, sino en si lo calculado permite decidir sobre esa persona, para ese propósito y con esas consecuencias. La agenda encaja con lo que esta edición registra también en la cobertura del seminario del Tribunal Constitucional sobre IA y democracia: el debido proceso en la era de los sistemas automatizados ya es tema de tribunales.
La inferencia como objeto de derecho
La discusión doctrinal detrás de esta carta, que el texto atribuye a Wachter y Mittelstadt, sostiene que la protección debe alcanzar las inferencias de alto riesgo y su razonabilidad, no limitarse al control de los datos recolectados. No es un derecho chileno autónomo ya reconocido con ese nombre, aclara el propio autor, sino una herramienta conceptual útil para examinar prácticas. La precisión importa: lo que hoy existe en Chile es la garantía legal de revisión de la decisión, y la discusión abierta es si esa revisión alcanzará de verdad a la lógica del modelo o se quedará en la verificación del formulario.
Una tarea para compliance y para el Estado
Para las empresas que usan modelos de puntaje, la carta funciona como lista de verificación anticipada: documentar qué variable predice cada modelo, para qué propósito se validó, en qué población y con qué efectos medidos sobre grupos con pocos antecedentes. Para los organismos públicos, la exigencia es de diseño institucional: crear procedimientos de revisión donde una persona con competencia real pueda mirar el caso fuera de los carriles del algoritmo. La vigencia diferida de la reforma es, como apreciación editorial, el tiempo disponible para construir esas dos cosas antes de que las garantías sean plenamente exigibles.
Preguntas frecuentes
¿Qué garantías frente a decisiones automatizadas incorpora la Ley 21.719?
Información, explicación, intervención humana y revisión frente a decisiones automatizadas con efectos jurídicos o significativamente relevantes, según el artículo 8° bis, con vigencia diferida que hoy no hace exigibles todas sus disposiciones.
¿Qué diferencia hay entre corregir un dato e impugnar una inferencia?
Corregir un dato arregla el registro de entrada; impugnar una inferencia discute la conclusión que el sistema construye sobre la persona, que puede ser injustificada aun con datos correctos.
¿Qué mostró el estudio de Science citado en la carta?
Que un algoritmo sanitario estadounidense predecía gasto en lugar de enfermedad, de modo que a igual puntaje los pacientes negros estaban más enfermos; corregir la variable habría elevado su acceso a la ayuda del 17,7% al 46,5%.
¿Qué pide la carta para la revisión humana?
Que exista una persona con atribuciones reales para modificar la decisión, examinar antecedentes adicionales y registrar por qué mantiene o corrige el resultado, no una atención que repita el mismo cálculo.
Fuentes y límites
La IA también puede equivocarse con datos correctos, carta de Juan Alberto Díaz Mondaca en Diario Constitucional, 12 de noviembre de 2026, consultada el 16 de noviembre de 2026. Las ideas atribuidas son del autor de la carta; el alcance exacto de la Ley 21.719 y su entrada en vigencia deben verificarse en el texto oficial. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente. Consultada el 16 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

