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Las APPA son constitucionales, pero la Corte exige concertación con los concejos: la C-364 de 2026

La C-364 de 2026 declaró exequible condicionado el art. 32 de la Ley 2294 de 2023. El Ministerio delimita las APPA, pero no reglamenta usos del suelo.

Ilustración generada con IA: APPA: torre de control y pista de aeropuerto con un avión distante al anochecer, ilustración editorial plana
Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental

La Corte Constitucional declaró exequible condicionada la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), creada por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. La decisión es la sentencia C-364 de 2026; el expediente D-16118 y la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo constan en la cobertura de Infobae. La decisión fue divulgada el 9 de noviembre. La Sala Plena respaldó la finalidad de proteger los suelos agrícolas, pero condicionó la aplicación de la norma al respeto de la autonomía territorial: cualquier declaración, modificación o eliminación de una APPA deberá ir precedida de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales. El texto del fallo aún no aparece en la relatoría al cierre de esta edición; esta cobertura se apoya en el anuncio de la Corte según lo reportó la prensa citada.

Qué son las APPA

Las APPA son zonas priorizadas por el Estado para la producción agroalimentaria. La figura permite al Gobierno nacional decidir qué territorios deben destinarse a la producción de alimentos y, en consecuencia, identificar las actividades incompatibles con esa finalidad. Durante la administración Petro se delimitaron cerca de un millón de hectáreas en decenas de municipios, con concentraciones importantes en Córdoba, Antioquia, Santander, La Guajira, Tolima y la Sabana Centro de Cundinamarca, según los recuentos publicados por la prensa que siguió el trámite.

La discusión constitucional llegó por la puerta de la autonomía territorial. La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar inexequible el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que creó la figura, al considerar que su metodología desconocía las facultades de los municipios y afectaba la competencia de los entes territoriales. La Corte no acogió la petición de fondo, pero transformó el resultado en una exequibilidad con condiciones.

Cómo llegó la figura a la Corte

La solicitud de inexequibilidad la presentó la Procuraduría General de la Nación. Según el reporte de La Silla Vacía, el procurador Gregorio Eljach sostuvo que la metodología aprobada en el artículo del Plan Nacional de Desarrollo "no resulta conforme a los lineamientos constitucionales de autonomía territorial" y que la figura afectaba la competencia de los entes territoriales. La Corte compartió la preocupación de fondo —de ahí las condiciones— pero no la solución pedida: en lugar de sacar la figura del ordenamiento, la mantuvo y le fijó barandas procedimentales.

El contexto político ayuda a entender la relevancia práctica del fallo. Las APPA fueron defendidas por sus promotores como una garantía para la soberanía alimentaria y cuestionadas por sectores del agro y del Congreso como una invasión de la autonomía municipal y de la libertad de empresa. La exministra Martha Carvajalino celebró la decisión en sus redes como un respaldo a la protección de los suelos agropecuarios, mientras el Gobierno actual venía desmontando declaratorias. La sentencia aterriza en medio de esa tensión y la ordena: ni figura intocable ni derogación por decreto sin trámite.

Qué puede hacer el Ministerio y qué no

El fallo traza una línea de competencias. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conserva la facultad de delimitar las áreas, establecer su destinación a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con esa finalidad. Pero no puede reglamentar de manera detallada los usos del suelo: esa atribución corresponde a los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía territorial.

La distinción importa en la operación diaria. Delimitar un perímetro y declarar su destinación alimentaria es una cosa; definir parcela a parcela qué puede construirse o explotarse en ella es otra, y quedó del lado municipal. La Corte precisó, además, que cada declaración y modificación de las APPA deberá tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial y las particularidades de los municipios y distritos involucrados.

Cómo debe ser la concertación

Las decisiones del Ministerio sobre declaración, modificación o eliminación de estas áreas deberán estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, especialmente con los concejos municipales y distritales. No es una formalidad de notificación: las entidades territoriales deberán tener la oportunidad de presentar observaciones y propuestas, y esas intervenciones deberán ser valoradas de manera efectiva y motivada, de modo que los municipios puedan ejercer una influencia real en las determinaciones.

Esa exigencia de valoración motivada es el diente del condicionamiento. Un Ministerio que delimita sin explicar cómo ponderó las observaciones del concejo actuaría contra la condición fijada, y esa discrepancia sería controlable judicialmente.

Qué pasa con las APPA en trámite y con las derogaciones

La Sala Plena precisó que la decisión rige hacia el futuro y que las APPA que se encuentren en trámite, cualquiera que sea su etapa, deberán sujetarse a las condiciones establecidas. El punto tiene contexto: el gobierno de Abelardo De La Espriella, con el ministro Indalecio Dangond, venía impulsando la derogación de varias de estas declaratorias —La Silla Vacía reporta derogadas las de La Guajira, Sabana Centro y el suroeste antioqueño, y en preparación las de Santander y Tolima— al considerar que limitaban competencias territoriales y presentaban deficiencias de consulta. La sentencia no invalida la figura ni congela las derogaciones, pero exige que cualquier decisión, en uno u otro sentido, transite por la concertación con las autoridades territoriales y respete los planes de ordenamiento. El efecto práctico es que el trámite de derogación también queda sometido a esas garantías.

Qué queda pendiente

La publicación del texto completo de la C-364 de 2026 permitirá verificar la redacción exacta de las condiciones y su aterrizaje en cada resolución en curso. Las comprobaciones útiles: la sentencia en la relatoría de la Corte; las resoluciones del Ministerio que declaren, modifiquen o deroguen APPA posteriores al fallo; y la respuesta de los concejos en los procesos de concertación. Para los municipios con áreas ya delimitadas o en discusión, la verificación práctica es si su administración fue informada, coordinada y concertada en los términos del fallo, y si las observaciones presentadas recibieron una valoración motivada y escrita.

Cómo leer una exequibilidad condicionada

El vicio más frecuente al informar fallos como este es quedarse en el titular. Una exequibilidad condicionada no salva la norma ni la hunde: la mantiene vigente bajo condiciones que la propia sentencia fija, y esas condiciones —plazos, ajustes de interpretación, órdenes a autoridades— son el contenido jurídico real del fallo. Hasta que el texto completo esté disponible en la relatoría, la cobertura responsable trabaja con el comunicado oficial y lo dice expresamente, sin completar con conjeturas lo que la sala decidió. Cuando el engrose aparezca, la primera lectura va a los condicionamientos, no al resuelve general.

Lecturas relacionadas

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Fuentes y límites

Caracol Radio, 9 de noviembre de 2026; La Silla Vacía, 10 de noviembre de 2026; Infobae, 10 de noviembre de 2026. El expediente D-16118 y la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo constan en Infobae; la referencia a la sentencia C-364 de 2026 figura en Infobae y La Silla Vacía; Caracol Radio cubrió el fallo sin identificar número de sentencia, expediente ni ponente. La fecha del anuncio, 9 de noviembre, corresponde a la cobertura citada. Límite declarado: el texto del fallo no estaba aún disponible en la relatoría; las cifras de hectáreas y el estado de cada derogación corresponden a los recuentos de prensa citados. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: caracol.com.co. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
  2. Fuente consultada: www.lasillavacia.com. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
  3. Fuente consultada: www.infobae.com. Consultada el 12 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

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