La Corte ordena un plan para trasladar a 2.615 personas que llevan más de un año detenidas en estaciones de Policía
Espacios destinados a detenciones transitorias con un límite de 36 horas alojan a miles de personas desde hace más de un año: 2.567 imputadas y 48 condenadas, con corte al 6 de abril de 2026.

La Corte Constitucional ordenó elaborar un plan de traslado progresivo para las 2.615 personas que llevan más de un año privadas de la libertad en estaciones de Policía, espacios destinados a detenciones transitorias con un límite de permanencia de 36 horas. La decisión hace parte del Auto 1460 de 2026, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario. Según las cifras de la Policía Nacional con corte al 6 de abril de 2026, entre quienes superaban un año de permanencia había 2.567 personas imputadas y 48 condenadas.
Qué ordena el auto
La orden está dirigida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y la Policía Nacional, que deberán elaborar y remitir el plan dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la decisión. El documento tendrá que identificar a las personas que llevan más de un año en centros de detención transitoria, establecer los establecimientos penitenciarios y carcelarios de destino y determinar los cupos disponibles para recibirlas. Deberá incluir, además, metas mensuales verificables para ejecutar los traslados progresivos y contemplar medidas para los casos en que no existan espacios suficientes.
La Corte precisó un límite claro: la ejecución de la medida no podrá generar nuevas situaciones de hacinamiento en las cárceles que reciban a las personas trasladadas, por lo que el plan deberá considerar la capacidad disponible y las condiciones de los lugares de reclusión. La Sala fundamentó la orden en los artículos 28 y 29 de la Constitución y en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993.
Una mesa técnica para la infraestructura
La misma providencia dispuso que el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Agencia Nacional de Infraestructura conformen una mesa técnica interinstitucional, que deberá estar en funcionamiento dentro de los dos meses siguientes a la notificación. Participarán también el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Uspec, el Inpec y la Sociedad de Activos Especiales, con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría con voz técnica.
La mesa deberá cumplir cuatro funciones: identificar las barreras técnicas, jurídicas, fiscales, presupuestales y administrativas; comparar las modalidades de ejecución y financiación permitidas por la ley (obra pública, contratación estatal ordinaria, asociaciones público-privadas y otras formas de participación privada); determinar la viabilidad de cada alternativa; y recomendar los instrumentos más adecuados. Tendrá tres meses desde su instalación para un primer informe y seis meses para un informe técnico estructural con la hoja de ruta definitiva, con responsables, cronogramas y metas verificables.
Por qué el modelo anterior no funcionó
La Sala examinó los problemas persistentes de la infraestructura carcelaria y concluyó que el modelo tradicional de financiación pública directa y ejecución estatal resultó insuficiente. Los informes de la Procuraduría documentaron deterioro estructural, fallas en los servicios sanitarios y proyectos inconclusos; la Contraloría identificó 122 hallazgos y concluyó que las inversiones ejecutadas no habían generado cupos efectivos ni puesto en funcionamiento espacios operativos.
La Corte identificó cuatro problemas recurrentes: la subestimación de los costos y tiempos de ejecución; la dependencia casi exclusiva de recursos públicos directos; la concentración de las inversiones en infraestructura física en detrimento de los programas de resocialización; y la falta de una evaluación comparada de las modalidades de ejecución. Sobre la coordinación institucional, la ANI informó que no adelanta actualmente la estructuración de proyectos penitenciarios porque el Ministerio de Justicia no se lo ha solicitado.
Límites a la participación privada y exhorto al Congreso
La providencia fijó condiciones para los proyectos con participación privada: las funciones de seguridad, vigilancia, custodia y tratamiento penitenciario son responsabilidad del Estado y no pueden delegarse a particulares. La Sala exhortó además al Congreso para que evalúe y, si lo considera pertinente, regule los mecanismos de financiación, construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura destinada a la detención transitoria, en el marco de la política de desmonte progresivo de esos centros. Y exhortó al Consejo Superior de Política Criminal y al Congreso a analizar con carácter prioritario instrumentos de racionalización penal (medidas distintas a la prisión, prevención del delito, resocialización y mecanismos de libertad anticipada), advirtiendo que la ampliación de la infraestructura por sí sola no resuelve el hacinamiento.
El contexto: el ECI penitenciario sigue en seguimiento
La decisión se inscribe en el seguimiento del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario declarado en la sentencia T-388 de 2013 y desarrollado en las sentencias T-762 de 2015 y SU-122 de 2022. La Sala Especial de Seguimiento evalúa periódicamente el cumplimiento de las órdenes estructurales; en autos recientes de esta línea ha declarado el incumplimiento general de varias gobernaciones y ordenado planes de atención integral departamentales.
Las estaciones como cárceles de hecho
El dato que da fuerza a la orden es la inversión completa de la función legal de las estaciones: diseñadas para detenciones transitorias de horas, alojan permanencias que superan el año. La Sala calificó esta situación como una vulneración grave, sistemática y continuada de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. La palabra "sistemática" es la carga estructural del diagnóstico: no son casos aislados sino el modo ordinario en que el sistema resuelve su déficit de cupos, usando las estaciones como válvula de escape del hacinamiento carcelario.
El límite de 36 horas que la providencia recuerda no es un detalle técnico: es la medida legal de la anomalía. Cada persona que cumple más de un año en una estación multiplica por cientos ese límite, en instalaciones sin las condiciones de un establecimiento de reclusión.
La gobernanza del incumplimiento
El auto ilustra además cómo gobierna la Sala Especial el incumplimiento estructural: declaraciones de incumplimiento por componentes, órdenes con tramos improrrogables, mesas técnicas con organismos de control con voz técnica, advertencias de incidente de desacato y compulsa de copias a la Procuraduría. Es un repertorio de presión escalonada que convierte la sentencia estructural en un programa de gestión pública supervisado judicialmente. Para los operadores del sistema penitenciario, la lección es que el seguimiento del ECI no es un trámite de informes: es un régimen de obligaciones con consecuencias disciplinarias concretas para los funcionarios que no responden.
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Fuentes y límites
Infobae Colombia, 12 de noviembre de 2026, que reseña el Auto 1460 de 2026 de la Sala Especial de Seguimiento al ECI penitenciario. El texto íntegro del auto debe consultarse en la página de la Corte Constitucional; esta pieza se apoya en la cobertura periodística y en la línea de autos de seguimiento publicada por la Corte. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: Infobae. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


