La Corte Constitucional avala la emergencia económica por el terremoto y pone límites al gasto
La Corte declaró exequible condicionada la emergencia por el terremoto del 10 de agosto. Ordenó recalcular el costo en 20 días hábiles y exhortó un plan de recuperación.

La Corte Constitucional declaró exequible de manera condicionada el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, por el cual el presidente Abelardo De La Espriella declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. La decisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, también declaró exequible el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó la delimitación territorial de la emergencia. El tribunal condicionó la aplicación de ambas normas y fijó obligaciones concretas sobre el gasto. La información disponible proviene de la cobertura periodística del anuncio: al cierre de esta edición el fallo completo no aparece publicado en la relatoría de la Corte, de modo que las precisiones del texto definitivo quedan pendientes de verificación.
Qué declaratoria se revisó
El Decreto Legislativo 1261 se expidió nueve días después del sismo, que afectó el suroccidente del país, bajo la fórmula de grave calamidad pública. Habilitó al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias destinadas a atender sus consecuencias. El expediente estudiaba si el Ejecutivo cumplió los requisitos constitucionales para acudir a este mecanismo excepcional.
Durante el trámite de revisión automática ante la Corte, el Gobierno expidió el Decreto 1348 del 31 de agosto, con el que modificó la delimitación territorial de la emergencia. Ese segundo decreto llegó también al alto tribunal y su estudio fue acumulado al expediente inicial, de modo que ambos textos fueron examinados juntos.
La Corte solicitó información al Gobierno y adelantó práctica de pruebas para examinar las razones que sustentaron la declaratoria, las circunstancias de la calamidad y la necesidad de utilizar facultades extraordinarias. En octubre, la Procuraduría General de la Nación emitió concepto dentro del expediente: consideró cumplidos los requisitos formales de la declaratoria y que el terremoto constituía un hecho extraordinario, imprevisible y repentino. El Ministerio Público también respaldó la modificación territorial del Decreto 1348, que excluyó a Putumayo e incluyó a Caquetá y Santander.
Cuál es la condición central
La Corte no otorgó una exequibilidad en blanco. Condicionó la aplicación de las facultades extraordinarias para impedir que se utilicen con el fin de atender problemas anteriores al desastre o financiar gastos que no estén directamente relacionados con sus consecuencias. En términos prácticos, la declaratoria subsiste, pero el ejercicio de las facultades queda amarrado a la calamidad que la justificó.
Uno de los límites principales es expreso: la emergencia no podrá utilizarse para adoptar medidas estructurales ni para atender problemas que ya existían antes del terremoto, particularmente los relacionados con el sistema penitenciario y carcelario. La precisión es relevante porque marca una frontera temática, no solo temporal: no basta con que el gasto ocurra durante la emergencia, debe responder a sus efectos. La mención expresa del sistema penitenciario muestra además que la Corte examinó el riesgo de usar la calamidad como vehículo de políticas ajenas al sismo y lo cerró por nombre.
La misma lógica rige para el ámbito territorial. Las medidas solo podrán cobijar a los municipios que registraron afectaciones por el sismo y sus réplicas, según los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o aquellos en los que se demuestre técnicamente una afectación concreta. La delimitación del Decreto 1348, con el cambio de departamentos mencionado, quedó avalada dentro de ese marco.
Qué papel jugó la Procuraduría
El concepto de la Procuraduría, emitido en octubre dentro del expediente, fue favorable a la declaratoria en dos frentes: consideró cumplidos los requisitos formales y calificó el terremoto como un hecho extraordinario, imprevisible y repentino; y respaldó la modificación territorial del Decreto 1348, con la salida de Putumayo y la entrada de Caquetá y Santander. La Corte no se limitó a seguir ese concepto: avaló la emergencia pero añadió las condiciones de destinación, el plazo de recálculo y el exhorto, de modo que el resultado final es más restrictivo de lo que el Ministerio Público había propuesto.
Qué se ordenó sobre los recursos
Sobre los recursos extraordinarios, la Corte ordenó al Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez, recalcular en un plazo de veinte días hábiles desde la publicación del comunicado el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias. También exigió mecanismos de seguimiento para garantizar que el dinero tenga una destinación exclusiva y que los organismos de control puedan vigilar su ejecución.
La orden tiene una lectura operativa directa: el cálculo inicial del costo de la emergencia deberá ser rehecho a la luz de las condiciones fijadas, y la trazabilidad del gasto deja de ser una buena práctica para convertirse en una exigencia judicial vigilable. El cómputo parte de la publicación del comunicado, no de esta noticia; la fecha exacta debe tomarse del documento oficial.
Qué exhorto se hizo al Ejecutivo
Finalmente, la Corte exhortó al presidente De La Espriella a adoptar el plan de recuperación, con una planeación plurianual de los recursos para las labores de rehabilitación y reconstrucción. Un exhorto no es una orden de cumplimiento coactivo inmediato, pero fija el sentido que la Corte espera de la actuación administrativa posterior y quedará como referente para evaluarla.
Qué sigue y qué queda pendiente
El paso siguiente es la publicación de la sentencia en la relatoría de la Corte Constitucional, con su consideración jurídica completa y el alcance preciso de cada condición. Hasta entonces conviene no atribuir al fallo formulaciones que solo aparecen resumidas en la prensa. Tres comprobaciones son las útiles en la práctica: el texto del resuelve y sus condiciones; la suerte de los decretos reglamentarios expedidos al amparo de la emergencia; y la respuesta del Ministerio de Hacienda al plazo de recálculo y del Ejecutivo al exhorto sobre el plan de recuperación. A ellas se suma una cuarta: los mecanismos de seguimiento exigidos, porque la exigencia de destinación exclusiva y de vigilancia por los organismos de control convierte cada adición presupuestal en un ejercicio documentable y fiscalizable, no en una partida genérica de emergencia.
Lo que la contratación de emergencia exige documentar
Las declaratorias de emergencia habilitan trámites más ágiles, pero no dispensan del deber de dejar rastro: cada contrato celebrado bajo el régimen de emergencia debe poder reconstruirse después —qué necesidad atendía, por qué no cabía el procedimiento ordinario, cómo se verificó el precio—. Esa documentación es la que sostiene la legalidad del gasto cuando pase la urgencia y lleguen los controles fiscales y disciplinarios. El fallo, al ordenar recalcular el costo de la emergencia, apunta exactamente a esa exigencia: la cifra declarada debe corresponderse con la realidad verificable de la atención.
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Fuentes y límites
El Tiempo, Redacción Justicia, 11 de noviembre de 2026, cobertura del anuncio de la decisión, leída completa el 12 de noviembre de 2026. Límite declarado: el fallo no estaba aún publicado en la relatoría de la Corte al cierre de esta edición; la redacción exacta de las condiciones, del plazo de veinte días hábiles y del exhorto sobre el plan de recuperación queda pendiente de verificación contra la sentencia. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: www.eltiempo.com. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


