Qué debe revisar un despacho antes de entrenar o alimentar herramientas de IA con datos de clientes en Colombia
Guía práctica sobre la Ley 1581 de 2012 aplicada al uso de IA en el despacho: autorización, bases de datos, datos sensibles, responsable y encargado.

Un despacho que introduce expedientes, correos o actuaciones de clientes en una herramienta de inteligencia artificial está haciendo, en la mayoría de los casos, un tratamiento de datos personales regulado por la Ley 1581 de 2012. El análisis no cambia porque la herramienta sea novedosa: el texto vigente define con precisión qué es un dato personal, quién es responsable, quién es encargado y cuándo se necesita autorización. Esta guía recorre las comprobaciones mínimas antes de alimentar cualquier sistema de IA con información de clientes, apoyándose en los artículos 1 a 7 del texto oficial publicado por Función Pública.
Primera comprobación: si hay tratamiento de datos personales
El artículo 3 de la Ley 1581 define dato personal como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, y tratamiento como cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Subir un expediente a un asistente de IA para resumirlo encaja sin esfuerzo: hay datos asociados a personas determinadas y hay operaciones de almacenamiento y uso, aunque sea en servidores de un tercero.
La misma norma define base de datos como el conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento. Un archivo de casos del despacho, una carpeta compartida con los expedientes activos o el histórico de correos de clientes son bases de datos en este sentido, sin importar su formato técnico.
Segunda comprobación: qué papel juega cada actor
La ley distingue tres figuras del artículo 3. El titular es la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento: el cliente, la parte contraria, los testigos. El responsable del tratamiento es quien decide sobre la base de datos y el tratamiento: en el escenario descrito, el despacho. El encargado del tratamiento es quien realiza el tratamiento por cuenta del responsable: el proveedor de la herramienta de IA cuando procesa la información siguiendo las instrucciones del despacho.
Esta distribución importa porque no se delega la responsabilidad junto con el procesamiento. Que el proveedor sea técnicamente quien ejecuta el tratamiento no convierte al despacho en espectador: la decisión de qué datos entran, con qué finalidad y bajo qué condiciones sigue siendo suya. Antes de contratar o usar la herramienta, la comprobación es si existe un acuerdo que fije el alcance del encargo y las condiciones de seguridad, y si el proveedor puede reutilizar los datos para entrenar sus modelos, un extremo que debe quedar descartado por escrito.
Tercera comprobación: la autorización
El artículo 3 define la autorización como el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento. La pregunta práctica no es si el despacho tiene una cláusula general de tratamiento de datos, sino si esa autorización cubre la finalidad concreta: introducir la información del asunto en herramientas de IA, incluidas las operadas por terceros y las alojadas fuera del país. Una autorización redactada para "la gestión del asunto judicial" difícilmente describe con la claridad exigible esa finalidad específica.
El objeto de la ley, según su artículo 1, es desarrollar el derecho constitucional de las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas sobre ellas en bases de datos, y el artículo 2 la hace aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos tratada por entidades públicas o privadas, con alcance sobre el tratamiento efectuado en territorio colombiano y también sobre responsables o encargados del exterior cuando la legislación colombiana les resulte aplicable por normas y tratados internacionales.
Cuarta comprobación: si hay datos sensibles o de menores
El artículo 5 define datos sensibles como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como los que revelan origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, y los relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos biométricos. El artículo 6 prohíbe su tratamiento salvo excepción tasada, y el artículo 7 reserva un régimen especial a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Los expedientes judiciales contienen con frecuencia datos sensibles: historias clínicas en procesos de responsabilidad médica, datos biométricos en autenticaciones, información de menores en procesos de familia. La regla operativa para el despacho es sencilla: la presencia de datos sensibles en un documento descarta su carga en la herramienta salvo que exista una excepción legal clara y documentada, y la anonimización previa exige verificar que efectivamente ya no sea posible asociar la información a personas determinadas o determinables, que es el umbral de la propia definición legal.
Una rutina de tres pasos antes de cada uso
Primero, identificar qué datos personales y qué datos sensibles contiene el documento que se pretende procesar. Segundo, verificar la cobertura de la autorización del titular frente a la finalidad concreta y la naturaleza del encargado que operará la herramienta. Tercero, registrar la decisión: qué se cargó, en qué herramienta, bajo qué acuerdo y con qué justificación. La ley exige además observar los principios del artículo 4 para el tratamiento, cuyo detalle completo debe leerse en el texto oficial antes de diseñar la política interna.
Nada de esto exige abandonar la herramienta: exige saber qué se le entrega. El mismo criterio de verificación que el despacho aplica a cualquier canal de comunicación con el cliente se aplica aquí, con la diferencia de que el canal procesa, conserva y puede reutilizar la información si el contrato se lo permite. La pregunta que ordena la decisión es siempre la misma: ¿podría explicarle al titular, con la autorización en la mano, qué se hizo con sus datos y por qué estaba permitido? Si la respuesta exige rodeos, el paso correcto es detenerse y documentar antes de seguir. Documentar, en este contexto, tiene un contenido preciso: conservar la autorización del titular, registrar qué datos se entregaron a la herramienta, con qué finalidad declarada y bajo qué condiciones contractuales del proveedor, de modo que la trazabilidad exista si la Superintendencia de Industria y Comercio o el propio titular la requieren. Al contrato con el proveedor hay que hacerle las dos preguntas que ordenan todo lo demás: si los contenidos entregados se usan para entrenar o mejorar el modelo, y dónde y por cuánto tiempo se almacenan. Las respuestas —por escrito, en el contrato o en sus anexos— determinan qué categorías de información pueden entrar a la herramienta y cuáles quedan excluidas por regla general.
Lecturas relacionadas
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Fuentes y límites
Ley 1581 de 2012, Gestor Normativo de Función Pública, artículos 1 a 7 revisados el 12 de noviembre de 2026 contra esa publicación oficial, que advierte su carácter informativo y la actualización permanente de sus contenidos. El régimen sancionador, las reglas de transferencia y transmisión internacional y los decretos reglamentarios tienen texto propio y deben verificarse para el caso concreto. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: www.funcionpublica.gov.co. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


