Recortar la justicia es una decisión política, no contable
Cuando Bogotá atiende un tercio de la demanda nacional de justicia, recortar sin mirar es elegir la parálisis.
La advertencia de la magistrada Diana Marcela Camacho, presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, merece leerse con la gravedad que tiene: según su balance, la Rama Judicial pasó de un techo de 17,5 billones a una partida de 11,5 billones, y el resultado es que la ciudad que atiende un tercio de la demanda judicial del país no podrá abrir despachos ni contratar el personal que sus salas necesitan.
El presupuesto como política de justicia
Hay una idea cómoda que circula en cada discusión fiscal: que el presupuesto de justicia es un gasto más, comparable con otros y sacrificable como otros. Es un error de categoría. La administración de justicia no es un servicio que el Estado presta cuando le alcanza; es la condición para que todos los demás derechos tengan vía de exigibilidad. Un recorte contable aquí es, en la práctica, una decisión sobre qué derechos podrán reclamarse a tiempo y cuáles no.
La emergencia no es un cheque en blanco
El marco importa: el recorte ocurre bajo la vigencia del Decreto 1599 de 2026 y las iniciativas de la emergencia económica. Las crisis fiscales son reales y exigen decisiones duras, pero por eso el diseño constitucional colombiano protege la autonomía de la Rama Judicial y somete los decretos de emergencia a control automático. La pregunta que corresponde no es si hay que ajustar, sino si el ajuste se distribuyó mirando las consecuencias. La advertencia del tribunal sugiere que no del todo.
Lo que el litigante ya sabe
Quienes litigan en Bogotá no necesitaban el comunicado para saber que el circuito opera al límite: despachos desbordados, audiencias reprogramadas, decisiones que esperan. El recorte no crea el problema; lo consolida. Y consolida también una lección para la profesión: los tiempos procesales se vuelven aún más centrales en la estrategia, y aconsejar con realismo sobre ellos es hoy parte del deber de asesoría.
El dato que falta en el debate
La discusión pública casi nunca incluye la pregunta de productividad: qué cuesta cada providencia, qué tecnología liberaría horas de funcionarios. Defender el presupuesto no exime a la Rama de rendir sobre su gestión; la posición fuerte no es «no nos recorten», sino «esto es lo que pierde el ciudadano si se reduce», con indicadores.
Fuentes y límites
Esta columna se basa en la nota de El Nuevo Siglo del 3 de noviembre de 2026. Las opiniones son de carácter editorial y general. Información, no asesoramiento jurídico.**
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Fuentes
- El Nuevo Siglo. Consultada el 4 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
