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España; régimen estatal, sin extender sus reglas automáticamente a otras jurisdicciones.

Extradición pasiva

Procedimiento por el que España examina la solicitud de otro Estado para entregar a una persona reclamada por hechos penales o para cumplir una condena, con arreglo al tratado aplicable y a la Ley de Extradición Pasiva.

Ámbito y reglas principales

La Ley 4/1985 rige salvo lo expresamente previsto en tratados en los que España sea parte y exige atender a la reciprocidad. Su régimen general contempla doble incriminación y umbrales de gravedad: pena o medida con máximo de al menos un año de privación de libertad, o condena no inferior a cuatro meses, con las precisiones del artículo 2. Los artículos 3 a 5 establecen motivos de exclusión y denegación. El procedimiento combina actuaciones gubernativas y control judicial, con defensa letrada y, cuando procede, intérprete. La resolución judicial firme que deniega impide conceder; una declaración judicial favorable no obliga por sí sola al Gobierno a entregar, conforme al artículo 6. La vista no decide la culpabilidad: la prueba se limita a los extremos de las condiciones del tratado o de la ley.

Diferencia con figuras próximas

No equivale a expulsión administrativa de extranjeros ni a un nuevo juicio penal sobre los hechos. Es distinta de la orden europea de detención y entrega, sometida a su régimen especial de cooperación entre Estados miembros de la UE. No se atribuyen automáticamente a otro país las exclusiones del régimen español.

Ejemplo hipotético

Ejemplo hipotético: un tercer Estado solicita la entrega de una persona situada en España. Antes de resolver se comprueban el tratado, la documentación, los requisitos y las causas de denegación; la mera reclamación no determina la entrega.

Fuentes y límites

Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.