España está reescribiendo las reglas migratorias: el principal problema ahora es saber qué norma se aplica exactamente a cada persona

Entrevista facilitada por Nataliia Fursenko para su publicación en Agente Lex.

España atraviesa una etapa de profunda transformación de su sistema migratorio. La aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, la preparación de una nueva Ley de Asilo, la adaptación de la Ley Orgánica 4/2000 y los efectos de la regularización extraordinaria están configurando un entorno jurídico cada vez más dinámico.

En este contexto, el reto para una persona migrante ya no consiste únicamente en localizar una norma. También debe determinar si esa norma está vigente, si corresponde a su situación, qué procedimiento resulta aplicable, qué autoridad es competente, qué documentos necesita y cuál debe ser su siguiente paso.

Sobre esta nueva realidad conversa Nataliia Fursenko, que se presenta como PhD in Law, jurista internacional e investigadora en LegalTech, autora del Legal Bridge Method y desarrolladora de los proyectos LegalPilot y AI Legal Relocation Assistant. Su trabajo se centra en reducir la distancia entre las personas y los sistemas jurídicos complejos mediante una combinación de metodología jurídica, verificación de fuentes, análisis de jurisdicción y supervisión profesional humana.

Nataliia, ¿qué está ocurriendo actualmente con el sistema migratorio español? ¿Podemos hablar de un cambio estructural?

Sí. Y es importante entender que no estamos ante la modificación de un único procedimiento. En este momento interactúan simultáneamente varios niveles de regulación: el Derecho de la Unión Europea, la legislación española vigente, las normas sobre protección internacional, los procedimientos administrativos y nuevas iniciativas legislativas. Para la persona migrante esto significa que ya no basta con encontrar una ley. Debe identificar su situación jurídica, la versión vigente de la norma, el procedimiento aplicable, la autoridad competente y el siguiente paso correcto.

¿El principal problema es entonces el exceso de información?

En gran medida, sí. Hoy existe una enorme cantidad de información jurídica: páginas oficiales, legislación, instrucciones administrativas, redes sociales, blogs, foros y herramientas de inteligencia artificial. Pero acceso a información no significa necesariamente acceso efectivo al Derecho. Una persona puede leer muchas fuentes y seguir sin saber qué norma se aplica exactamente a su caso. Ahí aparece lo que denomino una brecha de navegación jurídica: la distancia entre la existencia formal de una norma y la capacidad real de una persona para comprenderla, verificarla y actuar correctamente sobre esa base.

¿Por qué esta brecha es especialmente visible en materia migratoria?

Porque el Derecho migratorio depende de numerosos elementos que pueden cambiar el resultado: nacionalidad, fecha de entrada, duración de la residencia, situación familiar, empleo, antecedentes administrativos, documentación, tipo de autorización previa, plazos y régimen transitorio. Dos personas con historias aparentemente parecidas pueden necesitar procedimientos distintos. Por eso, una respuesta genérica puede ser insuficiente o incluso perjudicial si se presenta como una solución individual.

¿Qué ha demostrado la regularización extraordinaria en este sentido?

Ha mostrado la enorme escala de la necesidad de orientación jurídica. Cuando cientos de miles de personas deben determinar si cumplen los requisitos, qué documentos presentar y cómo acreditar su situación, la cuestión deja de ser puramente administrativa. La digitalización facilita la presentación, pero no sustituye la interpretación jurídica previa. Poder enviar una solicitud por internet no significa necesariamente comprender cuál es la solicitud correcta, qué efectos produce o qué alternativa existe si una persona no cumple una condición.

¿La digitalización puede incluso generar una falsa sensación de simplicidad?

Exactamente. Una interfaz sencilla puede ocultar una decisión jurídica compleja. Si un portal permite presentar una solicitud en pocos minutos, el usuario puede asumir que el procedimiento también es jurídicamente sencillo. Pero antes de pulsar “enviar” existen preguntas sobre elegibilidad, pruebas, plazos, compatibilidad entre procedimientos y consecuencias futuras. La digitalización debe simplificar el acceso administrativo, pero no debe invisibilizar la complejidad jurídica.

¿Qué importancia tiene distinguir entre una norma vigente y una reforma en preparación?

Es fundamental. En periodos de reforma legislativa circulan simultáneamente textos vigentes, anteproyectos, propuestas, borradores, instrucciones y noticias. Para un profesional la diferencia entre ellos es evidente; para una persona que busca una solución inmediata, no siempre. Una herramienta jurídica responsable debe dejar claro qué es Derecho vigente, qué es una propuesta legislativa, qué es una interpretación administrativa y qué es una opinión doctrinal o institucional.

¿Qué debería hacer entonces una tecnología jurídica antes de ofrecer una respuesta?

Debería seguir una secuencia estructurada: identificar la jurisdicción, comprender el contexto factual, clasificar la cuestión jurídica, verificar la vigencia temporal de la norma, localizar la fuente oficial, señalar los límites de la información disponible y determinar si el caso requiere intervención profesional. Ese orden es importante. La tecnología no debe empezar generando conclusiones; debe empezar verificando el marco jurídico.

Aquí entra su Legal Bridge Method. ¿En qué consiste exactamente?

Legal Bridge Method parte de una observación sencilla: las personas describen sus problemas en lenguaje de vida cotidiana, mientras que el Derecho organiza esos mismos problemas mediante jurisdicciones, categorías jurídicas, requisitos, procedimientos y consecuencias. La metodología crea un puente entre ambos niveles. Su objetivo es transformar una situación humana en una estructura jurídica comprensible: diagnóstico del problema, mapa normativo, explicación estratégica, protección sistémica y documentación jurídica. En un entorno digital, esa lógica puede convertirse en una arquitectura de navegación jurídica.

¿Cuál es la aportación original de este enfoque?

Mi aportación está en estructurar la navegación jurídica como un proceso propio y no como una simple búsqueda de documentos o generación de textos. No se trata solo de encontrar una ley, sino de conectar hechos, jurisdicción, vigencia temporal, autoridad de la fuente, riesgos y necesidad de supervisión humana. Esa arquitectura es especialmente relevante cuando una persona se mueve entre países o entre distintos regímenes migratorios.

¿Cómo se traduce esa metodología en LegalPilot?

LegalPilot es una aplicación práctica de esta lógica. Lo concibo como un asistente de información y navegación jurídica basado en inteligencia artificial. Su función no es sustituir a un abogado ni emitir decisiones jurídicamente vinculantes. Su función es ayudar a la persona a estructurar el problema, identificar las fuentes relevantes, comprender posibles pasos siguientes y reconocer cuándo debe acudir a un profesional cualificado.

¿Y qué diferencia hay entre LegalPilot y AI Legal Relocation Assistant?

LegalPilot tiene una vocación más amplia como infraestructura de navegación jurídica. AI Legal Relocation Assistant se centra especialmente en situaciones de movilidad internacional y reubicación: residencia, documentación, familia, trabajo, acceso a servicios y coordinación entre distintas jurisdicciones. Ambos proyectos comparten la misma idea central: la tecnología debe reducir la distancia entre la persona y el sistema jurídico sin desplazar la responsabilidad profesional humana.

¿Puede la inteligencia artificial decirle a una persona qué vía migratoria debe elegir?

Puede ayudar a identificar opciones potencialmente relevantes, organizar información y formular preguntas correctas. Pero una recomendación jurídica individual puede depender de documentos, pruebas, antecedentes administrativos y riesgos que requieren un análisis profesional. Por eso distingo entre navegación jurídica y decisión jurídica. La primera puede apoyarse intensamente en tecnología. La segunda, cuando afecta de forma significativa a derechos e intereses de una persona, requiere responsabilidad, revisión y control humano.

¿Cuál es el mayor riesgo de la IA en inmigración?

La falsa confianza. Una respuesta puede estar muy bien redactada y ser jurídicamente incorrecta por utilizar una norma antigua, una jurisdicción equivocada o por no considerar un dato esencial. En Derecho, la apariencia de precisión no equivale a precisión jurídica. Por eso una herramienta responsable debe mostrar la fuente, la fecha o vigencia relevante, el ámbito territorial y los límites de la respuesta.

¿La capacidad de decir “no hay suficiente información” forma parte de una IA responsable?

Sí. De hecho, es una capacidad esencial. Un sistema jurídico serio debe poder detectar cuándo no dispone de datos suficientes para formular una conclusión fiable. Decir “esta información no permite una evaluación individual” puede ser más profesional que producir una respuesta definitiva. La incertidumbre debe ser visible, no ocultarse bajo un lenguaje convincente.

¿Qué significa human-in-the-loop en este contexto?

Significa que la supervisión humana está integrada en el diseño del sistema, no añadida al final como una simple advertencia. La inteligencia artificial puede apoyar la búsqueda, clasificación, organización y explicación de información. Pero cuando una cuestión exige valorar hechos individuales, documentos, pruebas o estrategia, debe existir un camino claro hacia la asistencia jurídica cualificada.

¿Cómo cambia todo esto el trabajo del abogado de inmigración?

No creo que la evolución principal sea la sustitución del abogado. Creo que será una transformación profesional. El jurista tendrá que saber trabajar con sistemas de inteligencia artificial, evaluar la calidad de las fuentes, detectar errores algorítmicos, proteger datos confidenciales y mantener la responsabilidad sobre las decisiones jurídicas. La ventaja profesional del futuro no será competir con la IA, sino saber utilizarla, supervisarla y corregirla dentro de un flujo de trabajo jurídicamente responsable.

¿Por qué esta cuestión no es solamente española?

Porque la dificultad de navegar sistemas jurídicos complejos existe en muchos países. La movilidad internacional obliga a las personas a interactuar con múltiples regímenes de residencia, trabajo, familia, protección y documentación. La solución tecnológica no puede trasladar automáticamente el Derecho de una jurisdicción a otra, pero sí puede utilizar una metodología común para identificar jurisdicción, fuente, vigencia, contexto y necesidad de intervención profesional.

¿Qué puede aportar España al debate internacional sobre LegalTech migratorio?

España reúne varios elementos especialmente interesantes: un alto volumen de movilidad internacional, una fuerte digitalización administrativa, interacción constante entre Derecho nacional y Derecho de la Unión Europea y una sociedad en la que la inmigración tiene un peso creciente en el mercado laboral y en la vida económica. Esto convierte al país en un espacio importante para estudiar cómo combinar eficiencia administrativa, acceso a información jurídica y protección de derechos.

¿En qué consiste concretamente su contribución a la solución de este problema?

Mi trabajo intenta construir una metodología que pueda convertirse en una infraestructura práctica de acceso al Derecho. Legal Bridge Method aporta la lógica jurídica; LegalPilot permite trasladar esa lógica al entorno digital; AI Legal Relocation Assistant la aplica al contexto de la movilidad transfronteriza. El objetivo común es que una persona pueda pasar de una situación compleja a una ruta jurídica estructurada, basada en fuentes verificables y con un punto claro de derivación a un profesional cuando sea necesario.

¿Cómo resumiría el modelo que propone?

De forma sencilla: Persona → Navegación jurídica asistida por IA → Fuentes oficiales verificadas → Profesional jurídico → Decisión jurídica responsable. La tecnología ocupa un lugar importante, pero no sustituye ni a la fuente oficial ni al juicio profesional.

¿Cuál debería ser, entonces, el principio que guíe la digitalización de la justicia?

La inteligencia artificial debe ampliar las capacidades del jurista y de las personas, no sustituir la responsabilidad jurídica humana. La digitalización debe reducir la distancia entre la ciudadanía y el Derecho, no crear una nueva capa de opacidad. Por eso hoy debemos hablar no solo de progreso tecnológico, sino de precisión, transparencia, protección de datos, acceso efectivo a derechos fundamentales y supervisión humana.

¿Cuál es la cuestión central para el futuro?

El problema ya no es únicamente si una norma existe o si está disponible en internet. La verdadera pregunta es si una persona puede encontrarla, entenderla, verificar que sigue vigente y saber cómo aplicarla correctamente a su situación. Ahí se encuentra, en mi opinión, uno de los principales desafíos del Derecho migratorio y de la justicia digital en los próximos años.

Conclusión

España muestra con especial claridad un fenómeno que afecta a muchas democracias digitales: cuanto más complejo y dinámico se vuelve el marco normativo, mayor es la necesidad de herramientas que ayuden a las personas a orientarse sin convertir la decisión jurídica en un proceso opaco o puramente automatizado. El reto de la próxima generación de LegalTech no será simplemente producir más respuestas. Será ofrecer mejores rutas: rutas basadas en jurisdicción correcta, fuentes oficiales, vigencia normativa, transparencia y supervisión humana.

Referencias oficiales para contexto

Referencias que aporta la redacción, no la entrevistada:

• El Pacto Europeo de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio de 2026, según la nota del Ministerio del Interior de 25 de agosto de 2026, que informa además de que el Consejo de Ministros aprobó ese día dos anteproyectos: una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la Ley Orgánica 4/2000.
• Instrucción de 11 de junio de 2026, de la Subsecretaría, sobre la tramitación de las solicitudes de protección internacional tras la plena aplicación de los reglamentos UE 2024/1348 y 2024/1351 (BOE de 13 de junio de 2026).
• Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 1155/2024.