Checklist para evaluar software de IA jurídica antes de comprarlo: 12 preguntas que evitan errores caros

El mercado de software de IA jurídica ha entrado en fase de sobreabundancia: cada semana aparece una herramienta nueva y cada proveedor promete ahorro de horas. Para un despacho, el riesgo ya no es quedarse atrás, sino comprar mal: pagar por una capa sobre un modelo genérico, meter datos de clientes en un sistema que no cumple, o descubrir en producción que las respuestas se inventan fuentes. Esta checklist ordena la evaluación en doce preguntas que pueden responderse antes de firmar.

Bloque 1: qué pasa con los datos de tus clientes

Una: ¿los documentos que subas se usan para entrenar modelos? La respuesta correcta es no, por escrito y en el contrato, no en la web comercial. Dos: ¿dónde se alojan los datos y bajo qué norma se tratan? La localización en la UE y un encargo de tratamiento conforme al RGPD son el mínimo. Tres: ¿qué ocurre con los datos al terminar el contrato? La portabilidad y el borrado verificable son parte del servicio, no una cortesía.

Estas tres preguntas no son paranoia: la deontología ya obliga a verificar lo que sale de estas herramientas y a proteger la confidencialidad, y las primeras sanciones en juzgados por uso de IA y confidencialidad apuntan exactamente a ese punto débil.

Bloque 2: qué produce y cómo se verifica

Cuatro: ¿cita fuentes reales y enlazables o genera referencias plausibles? Pide una prueba con tus propios casos y comprueba las citas una a una; la jurisprudencia falsa generada por IA y las sanciones de los tribunales muestran el coste de no hacerlo. Cinco: ¿de dónde sale su base jurídica? Un sistema conectado a fuentes oficiales actualizadas no es lo mismo que un modelo entrenado con texto de internet. Seis: ¿cómo documenta el proveedor sus tasas de error? Si no puede responder, el control humano final es aún más importante: la revisión de contratos con IA con control humano describe el flujo correcto.

Bloque 3: cumplimiento normativo del propio proveedor

Siete: ¿cómo encaja la herramienta en el Reglamento europeo de IA? Aunque la carga principal es del proveedor, el despacho debe saber si el sistema entra en categorías de obligaciones reforzadas y qué documentación técnica existe. El calendario del Reglamento de IA tras el ómnibus digital y sus efectos para despachos resume fechas y obligaciones. Ocho: ¿existe supervisión española aplicable? La Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) es el referente nacional, y el sandbox de IA del Real Decreto 817/2023 indica qué proveedores han pasado por entornos controlados y qué documentación pública existe sobre sus pruebas.

Nueve: ¿qué certificaciones de seguridad tiene (ISO 27001, ENS o equivalentes) y cuándo fue la última auditoría?

Bloque 4: integración, coste real y salida

Diez: ¿se integra con tu gestor de expedientes y tu correo o exige duplicar trabajo? Once: ¿cuál es el coste real por expediente o por usuario en tu volumen, incluyendo el tiempo de formación y el control humano de las salidas? Doce: ¿cómo se rescinde y en qué formato te llevas tus datos y tus plantillas?

Un consejo final de proceso: conviene registrar las respuestas del proveedor por escrito en un documento de evaluación interno, firmado cuando sea posible también por ambas partes, porque lo prometido en la venta debe poder reclamarse después, ya en el servicio contratado. Una tarde de evaluación con estas doce preguntas ahorra meses de problemas. La regla final es simple: la IA del despacho se compra como se contrata a un empleado que verá todos los expedientes: con referencias, con pruebas y con una salida pactada.

Más análisis prácticos en la sección de IA jurídica.