Tras las primeras sanciones por citas falsas de IA, el CGAE prepara ya la circular sobre confidencialidad

Recibir consultas de clientes acompañadas de documentos generados con inteligencia artificial "ya es un estándar". La afirmación es de Manuel Mata, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decano del Colegio de Abogados de Castellón, en una entrevista publicada hoy por El Español que radiografía el estado de la cuestión: sanciones ya impuestas, un marco deontológico en construcción y la confidencialidad como próximo frente.

Las sanciones que marcan el punto de partida

El recuento es conocido de los lectores de esta cabecera. En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sancionó con 420 euros a un letrado que incluyó en un recurso 48 referencias inexistentes o incorrectas generadas con IA; en julio, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia impuso 1.800 euros a otro abogado por 24 citas y textos inventados. Ambos casos se suman a la advertencia que el Tribunal Constitucional dirigió en 2024 a un letrado por citar resoluciones del propio órgano completamente falsas. Ya contamos estos precedentes en nuestro análisis de las multas por alucinaciones de IA en Canarias y Galicia y del marco de jurisprudencia falsa y sanciones.

El marco que se está construyendo

El CGAE presentó en enero su Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, que constataba una brecha llamativa: el 60 % de los profesionales de los servicios jurídicos ya utiliza aplicaciones con IA, pero solo el 8 % afirma conocer cómo funcionan. En abril aprobó la Circular interpretativa 3/2026 del Código Deontológico, centrada en la elaboración, firma y presentación de escritos con IA generativa: diligencia, integridad profesional y supervisión humana, con la IA como herramienta auxiliar y nunca sustituta.

La novedad que aporta la entrevista es la hoja de ruta: la circular dejó fuera expresamente la confidencialidad y el secreto profesional, que serán objeto de una circular propia. Mata resume el criterio que la orientará: "El deber de diligencia no termina al revisar el contenido generado, también obliga a saber qué ocurre con la información que se introduce en una herramienta", y advierte de los límites de la anonimización: "Ocultar nombres no siempre elimina toda la información identificativa, porque pueden permanecer datos en los metadatos o en otras partes del documento".

Del otro lado del estrado

El uso de IA tampoco es ajeno a los jueces. El Consejo General del Poder Judicial aprobó la Instrucción 2/2026, que fija límites a su utilización por jueces y magistrados, y en abril sancionó con 1.000 euros a un magistrado por revelar información al introducir un expediente judicial en una plataforma de IA. A nivel europeo, el Reglamento de Inteligencia Artificial califica de alto riesgo determinados sistemas destinados a ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar hechos y normas jurídicas.

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González Martín, pide en el mismo reportaje un ejercicio de gobernanza: "La tecnología avanza a una velocidad que nos impone unos ritmos que no nos permiten reflexionar". Mata lo traduce al plano profesional: el abogado "es responsable frente a su cliente de que ese documento esté bien, de que esté adecuadamente revisado, independientemente de las herramientas que se utilicen para su elaboración".

Qué puede hacer el despacho mientras llega la circular

Sin esperar al texto definitivo, el criterio ya dibujado permite actuar: inventariar qué herramientas se usan y bajo qué condiciones de tratamiento de datos, fijar qué información puede introducirse en cada una, verificar sistemáticamente citas y normas antes de firmar, y registrar el flujo seguido en cada asunto. Nuestra guía de revisión de contratos con IA y control humano y la de prompting jurídico para despachos desarrollan esos controles en la práctica diaria.