Tres multas en un año por alucinaciones de IA en recursos: la jurisprudencia ya castiga las citas falsas

Los tribunales españoles ya no solo advierten sobre las alucinaciones de la inteligencia artificial: las sancionan. En lo que va de año, tres abogados han sido multados por presentar recursos con sentencias inventadas o distorsionadas por sistemas de IA, según recopila la consultora de comunicación jurídica Laura Celeste Sali en una tribuna publicada por Expansión Jurídico el 19 de octubre.

Los tres casos, en detalle:

• Febrero de 2026, TSJ de Canarias: multa de 420 euros a un abogado que presentó un recurso con 48 sentencias falsas generadas por inteligencia artificial.
• Julio de 2026, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: multa de 1.800 euros a otro letrado por un recurso con 24 citas jurisprudenciales inventadas. El tribunal remitió además el caso al Colegio de Abogados de A Coruña.
• Agosto de 2026, TSJ de Canarias: nueva sanción, esta vez de 840 euros, a un tercer abogado por al menos 25 decisiones judiciales falsas o distorsionadas en otro recurso.

En qué se apoyan los tribunales

El TSXG fundamentó su sanción en dos textos: el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, que el Consejo General de la Abogacía Española presentó en enero, y la Instrucción 2/2026 del Pleno del CGPJ, que regula el uso de la IA por jueces y magistrados y fija como principio el control humano efectivo.

La conclusión del tribunal gallego marca la línea que ya es estándar: el abogado puede apoyarse en estos sistemas para preparar o estudiar el caso, pero no para elaborar el escrito procesal sin verificar lo que produce. La IA como herramienta de trabajo, sí; la IA como redactora no supervisada, con multa y riesgo disciplinario.

El problema que no llega a los tribunales

La tribuna de Sali pone el foco en la otra cara del fenómeno: esos tres casos llegaron a un tribunal y alguien los detectó, pero buena parte de la información jurídica generada por IA circula sin filtro entre ciudadanos. En España, el porcentaje de personas que usa ChatGPT de forma frecuente pasó del 4% en 2023 al 28% en 2025, según la III Encuesta Funcas sobre Inteligencia Artificial citada en el artículo. Una parte creciente de esas consultas busca orientación sobre un despido, una herencia o un contrato.

Los modelos de lenguaje, recuerda la autora, no consultan una base de datos legal verificada: generan texto por predicción estadística, y cuando el material disponible es escaso o de baja calidad, rellenan los huecos con inferencias plausibles pero incorrectas. Los propios tribunales españoles ya han puesto nombre a ese fenómeno en sus resoluciones: alucinación.

La respuesta también es de la abogacía

La tesis de la tribuna es que la abogacía tiene más margen del que cree: los sistemas generativos aprenden de lo que se publica y se cita en la red, de modo que cada análisis riguroso publicado por un abogado mejora la base de la que tira el modelo. Es la misma idea que guía nuestra sección de IA jurídica, donde medimos qué asistentes fallan menos en el ranking de fiabilidad jurídica de la IA del Observatorio Legal y explicamos cómo cumplir en la guía práctica del Reglamento de IA para casos de alto riesgo.

Para el despacho, la lección operativa es triple: verificar siempre las citas antes de firmar (la multa y la remisión al colegio ya son reales), formar al equipo en los límites de estas herramientas y fijar por escrito una política interna de uso. La supervisión humana efectiva es también el criterio central del nuevo código deontológico de IA del Notariado, que cubrimos hoy en El Notariado aprueba su código deontológico de IA. Y es coherente con nuestro criterio editorial, explicado en Cómo verificamos la información en Agente Lex.