Setenta juristas de Gipuzkoa respaldan la reclamación de los intérpretes judiciales: recursos «insuficientes» y juicios suspendidos

Un total de 70 juristas de Gipuzkoa han suscrito su «profunda preocupación por el estado actual del servicio» de traducción e interpretación en los juzgados del territorio, respaldando las peticiones que un grupo de intérpretes judiciales ha trasladado esta semana al Gobierno Vasco, según informa El Diario Vasco. Los profesionales consideran que los recursos destinados al servicio son insuficientes dada la carga de trabajo que acumulan los órganos judiciales, con un peso relevante de causas en las que están implicadas personas de origen extranjero.

La reclamación: más profesionales, mejor cualificados y mejor retribuidos

El escrito de los intérpretes, avalado ahora por decenas de abogados y otros juristas, denuncia que la escasez de medios se traduce en «una pérdida objetiva de calidad técnica» con efectos directos en el día a día judicial: retrasos y suspensiones de juicios y de tomas de declaración en los juzgados de instrucción. Los firmantes reclaman, además de más efectivos, una mayor cualificación del servicio, al haber apreciado en ocasiones traducciones que no son del todo exactas en un ámbito —el judicial— en el que los tecnicismos y los matices exigen precisión absoluta.

Aunque la reclamación no lo concreta de forma expresa, el grueso de la presión se concentra en el árabe. Según el portavoz de los profesionales firmantes, Hamed Elsayed, en ausencia de estadísticas oficiales «de cada diez servicios de intérprete, aproximadamente ocho serán de árabe, uno de francés y otro del resto de idiomas».

Por qué es un problema de derecho de defensa

La interpretación en sede judicial no es un servicio auxiliar menor: es la garantía que permite que una persona que no comprende el idioma pueda ejercer su derecho de defensa en igualdad de condiciones. La Constitución reconoce el derecho a ser asistido de intérprete gratuitamente, y la jurisprudencia europea y española ha declarado en múltiples ocasiones la nulidad de actuaciones cuando la interpretación fue deficiente, como recordamos al analizar las claves de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Cuando el servicio falla por falta de medios, lo que queda comprometido es el propio proceso.

No es la primera señal de alarma sobre la infraestructura humana de la administración de justicia. La misma lógica de recursos tensionados está detrás de debates que hemos cubierto en esta sección, como las propuestas de la abogacía sobre los tribunales de instancia o la ampliación de la planta judicial y fiscal con 700 plazas: la modernización tecnológica avanza, pero las piezas humanas del sistema —jueces, fiscales, letrados de la administración, intérpretes— siguen siendo el cuello de botella.

El efecto práctico para la abogacía del territorio

Para los despachos que litigan en Gipuzkoa con clientes extranjeros, la situación descrita por los firmantes tiene consecuencias operativas: vistas que se suspenden por falta de intérprete, declaraciones que se retrasan semanas y una carga adicional de planificación procesal. Los abogados del territorio conocen bien el problema y de ahí que la reclamación de los intérpretes haya encontrado respaldo transversal entre la judicatura y la abogacía.

Qué puede pasar ahora

La petición está ya sobre la mesa del Gobierno Vasco, que en el marco de las transferencias de justicia gestiona los medios personales del servicio en el territorio. Los firmantes piden un refuerzo de plantillas, criterios de cualificación y una revisión retributiva que haga el servicio atractivo para profesionales cualificados. El precedente de otras comunidades sugiere que la respuesta dependerá de la presión institucional y de la capacidad de los operadores jurídicos para mantener el tema en la agenda.

La calidad del servicio de interpretación seguirá siendo, en cualquier caso, un punto de vigilancia procesal: las partes pueden y deben impugnar las actuaciones cuando la interpretación no garantiza la comprensión, un remedio que los tribunales vienen aplicando con rigor cuando se acredita la deficiencia.

La situación de Gipuzkoa es, además, un termómetro de lo que ocurre en otras plazas con alta demanda de interpretación: los servicios de traducción judicial dependen en buena parte de profesionales autónomos con retribuciones que llevan años sin revisión, lo que dificulta retener a los perfiles más cualificados en idiomas de alta demanda. Si el mercado no ofrece condiciones atractivas, el sistema acaba dependiendo de la disponibilidad de unos pocos profesionales sobrecargados, con el riesgo que ello supone para la celebración de juicios con garantías.